Acusan a Boris de haberle mentido a la reina para suspender el Parlamento

PARÍS.- ¿Acaso un primer ministro británico podría haberse atrevido a hacer lo impensable: mentirle a la reina Isabel II? A pesar del desmentido del acusado, esa es la pregunta que se formulan azorados los británicos, después de que, en un devastador veredicto, la Justicia escocesa acusó a Boris Johnson de engañar a la soberana sobre los verdaderos motivos de la suspensión del Parlamento.

"Absolutely not! (terminantemente no)", se escandalizó ayer Johnson.

El miércoles, en una decisión que cayó como un rayo en un cielo despejado, los jueces de Edimburgo habían calificado esa decisión de "ilegal": la razón principal de esa "prórroga", que obligó al Parlamento a suspender sus sesiones durante cinco semanas -estimaron-, respondía a la voluntad de obstaculizar el trabajo de los legisladores y permitir así que el jefe de gobierno continuara con su estrategia de una salida sin acuerdo de la Unión Europea (no deal).

Al anunciar a fines de agosto su voluntad de suspender el Parlamento, Johnson argumentó que era habitual hacerlo antes de que un nuevo equipo gubernamental presente su programa en el "discurso de la reina", que tradicionalmente es escrito por el Ejecutivo. Como el premier tuvo que requerir la autorización real para esa suspensión, los jueces escoceses consideraron que Johnson también engañó a la soberana.

"Necesitamos el discurso de la reina. Necesitamos comenzar a movernos y hacer todo tipo de cosas a nivel nacional", se defendió Johnson, que invocó un pronunciamiento de la Alta Corte de Inglaterra, del 6 de septiembre, que "está de acuerdo con nosotros (el gobierno)".

No obstante, el veredicto de la Corte de Londres no incluyó considerandos sobre la veracidad de las razones invocadas por el Ejecutivo para decidir la prórroga. Los jueces se limitaron a afirmar que la decisión era legal, pues la suspensión del Parlamento está dentro de las prerrogativas del primer ministro. Ahora, el gobierno se ha visto obligado a solicitar la intervención de la Corte Suprema, que debe dar su veredicto el martes próximo.

En todo caso, los partidos de oposición siguen presionando a Johnson para que reabra las Cámaras a fin de estudiar los posibles efectos de un Brexit sin acuerdo, develados en los documentos que Westminster obligó al gobierno a publicar anteayer y conocidos como Operación Yellowhammer.

Los Comunes obtuvieron esa publicación a comienzos de semana, pero no pueden hacer lo mismo con otros documentos porque el Parlamento no sesiona.

Johnson trató de minimizar la importancia de ese informe, afirmando que "representa el peor de los escenarios en caso de no deal" y que los ministros han estado "acelerando masivamente" los preparativos para esa eventualidad desde que llegó al 10 de Downing Street, en julio.

Varios analistas piensan que, después de darse cuenta de los daños que podría provocar un no deal, ahora el premier está cada vez más convencido de que debe llegar a un acuerdo con la UE. El problema es que, en ese caso, Johnson terminaría por ponerse en contra a los ultra-Brexit de su propio Partido Conservador.

"Tengo grandes esperanzas de que obtendremos un acuerdo en la cumbre europea del 18 de octubre. Estamos trabajando duro. Estuve en las capitales europeas hablando con nuestros amigos. Será difícil, pero creo que lo lograremos", persiste Johnson. Esa no parece ser la opinión del jefe de negociadores de la UE, Michel Barnier, para quien el bloque "sigue esperando propuestas por parte de Gran Bretaña para resolver la cuestión de la frontera entre las dos Irlandas".

"Seguimos dispuestos a examinar cualquier propuesta del Reino Unido", declaró ayer en Bruselas.

Si Johnson no logra ese acuerdo de salida el 18 de octubre en Bruselas, estará obligado a solicitar una postergación del Brexit por tres meses. Así lo votó el Parlamento y lo ratificó la reina, dándole fuerza de ley.

El primer ministro insiste, sin embargo, en que "prefiere estar muerto en una zanja" antes que pedir esa postergación. Una actitud que el presidente de los Comunes, John Bercow, calificó ayer de "impensable".

"No obedecer a una ley es absolutamente impensable. Punto. En 2019, en una Gran Bretaña contemporánea, en una democracia parlamentaria, ningún legislador puede conscientemente debatir sobre la necesidad de adherir o no a la ley", afirmó, aludiendo a los parlamentarios que intentan justificar al primer ministro.