Colombia se encuentra conmovida por el asesinato del gobernador a manos de las FARC

BOGOTA.- El asesinato del gobernador Luis Francisco Cuellar, de la provincia de Caquetá, al sur de Colombia y atribuido por el gobierno a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conmueve a Colombia en momentos en que se esperaba la liberación de otros rehenes por esa guerrilla marxista.

Cuéllar, plagiado en su residencia de Florencia, la capital de Caquetá, es velado hoy en esa ciudad y sus restos serán trasladados a Bogotá mañana para su entierro.

El gobernador, elegido con el apoyo del Movimiento Social Indígena en octubre de 2007, había sido secuestrado cuatro veces antes de asumir como mandatario regional en Caquetá, una zona de fuerte presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Su secuestro y posterior asesinato es el más grave ocurrido en Colombia desde que el presidente Alvaro Uribe asumió en agosto de 2002, y ha levantado críticas a la política de seguridad de su gobierno.

Además, es un baldazo de agua fría en momentos en que se esperaba la liberación unilateral de dos militares rehenes de las FARC, que había sido anunciada por esa guerrilla desde abril pasado.

Poca protección. Luis Eladio Pérez, ex rehén de las FARC y aspirante al Senado en las elecciones del próximo marzo, aseveró que "hubo un descuido en la protección que se le brindó al gobernador, teniendo en cuenta su cargo, que vivía en una zona como Caquetá y que tenía un cuadro de altísimo riesgo por sus anteriores secuestros". "También hubo un grado de irresponsabilidad del gobierno al haber anunciado un intento de rescate militar", agregó.

Al conocerse la noticia del secuestro del gobernador, Uribe ordenó su rescate a las fuerzas militares, así como el de 24 militares y policías que las FARC mantiene cautivos.

Uribe confirmó la muerte de Cuéllar la noche del martes y refirió que había sido degollado por los guerrilleros que sentían el hostigamiento militar, para evitar hacer disparos que pudieran señalar su ubicación.

Para el ex diputado provincial Oscar Tulio Lizcano, quien también fue rehén de las FARC, el asesinato del gobernador "es un campanazo" sobre la situación de seguridad en Colombia.

"Se necesita una reingeniería a la política de seguridad democrática", dijo Lizcano, al referirse a la estrategia del gobierno de Uribe, que ha privilegiado la acción militar frente a las guerrillas a lo largo de los últimos siete años.

En tanto, el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, aseveró que "el secuestro y posterior asesinato del gobernador constituye una grave infracción a las normas protectoras del Derecho Internacional Humanitario, que tiene por propósito sustraer a la población civil de los rigores de la confrontación armada".

"La muerte violenta del gobernador hace parte del plan de acciones violentas que acostumbran realizar las FARC en las épocas previas a los procesos electorales, como el (legislativo) de marzo próximo", señaló en un comunicado.

Para el analista León Valencia, de la Corporación Nuevo Arcoiris, que analiza el conflicto colombiano, este hecho muestra que las FARC "se están reactivando" y pidió desarrollar otras estrategias para combatirlas.

"Es necesario avivar una política más integral en las zonas donde se está actuando militarmente. Hay que hacer mayores inversiones en el gasto social, porque en algunas regiones hay una situación económica que permmite a la guerrilla ganar simpatías y reclutar nuevos miembros", dijo Valencia.

Organizaciones internacionales y organismos no gubernamentales como la ONU -a través de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos-, la Unión Europea y Amnistía Internacional (AI) condenaron el hecho y llamaron al gobierno de Uribe a llevar a los responsables ante la justicia.

La última tragedia de un mandatario regional en Colombia ocurrió en abril de 2002, cuando las FARC tomaron como rehén al gobernador del departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria, muerto durante un fallido rescate en 2003.

Este año se había producido el secuestro de dos concejales, uno en el departamento de Huila, en el suroeste, y otro en el de Guaviare, sureste, según la organización País Libre, que lleva estadísticas del conflicto colombiano.

Confesión. Cuellar habría sido asesinado por sus captores debido a su negativa a caminar hacia la selva, sostuvo el hijo de la víctima. "Mi padre tenía un problema en la rodilla. Durante su último secuestro sufrió mucho por el dolor de su pierna. Cuando regresó me dijo: ´Si me vuelven a llevar (secuestrado) yo no les camino. Pase lo que pase, yo no les camino´", relató a radioemisoras locales Luis Fernando Cuéllar, hijo del gobernador.

Ayer, en una alocución radiotelevisada, el presidente Alvaro Uribe dijo que quienes se llevaron a Cuéllar de su casa eran rebeldes de las FARC que decidieron degollarlo ante la persecución de la fuerza pública.

"Los terroristas para evitar hacer disparos procedieron a degollar al señor gobernador", declaró Uribe, quien había ordenado su rescate y refirió que la fuerza pública perseguía ya a la columna guerrillera.

"Seguramente la decisión la tomaron también por el cerco militar, pero estoy seguro que lo asesinaron por su incapacidad para caminar por la selva. Creo que mi papá se negó rotundamente a caminar y por eso tomaron la decisión de asesinarlo", indicó el hijo del gobernador.

Cuéllar, un ganadero que ayer cumplía 69 años, había sido secuestrado en el pasado en cuatro ocasiones, todas ellas antes de asumir la gobernación de Caquetá, un departamento del sur de Colombia con amplia influencia de las FARC. Su secuestro es el más grave ocurrido desde que Uribe asumió la presidencia en agosto de 2002 y lanzó su política de "seguridad democrática", que busca la derrota militar de las guerrillas.