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Crisis de Brasil: qué es la intervención federal
El caos desatado por manifestantes a favor del expresidente Jair Bolsonaro en las sedes del Poder Ejecutivo, el Congreso y el Tribunal Supremo de Brasil determinó el relevamiento de las autoridades estatales de Seguridad y también del gobernador del Distrito Federal, donde está Brasilia
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LA NACION
Las escenas de caos y tensión vistas el domingo en Brasil, donde la sede del Poder Ejecutivo, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal fueron invadidos por seguidores radicales del expresidente Jair Bolsonaro y opositores al actual mandatario Lula da Silva durante varias horas, determinaron la intervención federal del gobierno de ese país en la capital asaltada, Brasilia.
“El objetivo de la intervención es debido al riesgo que corre el orden público en el Distrito Federal (DF), representado por actos de violencia e invasión de predios públicos”, sostuvo el actual mandatario en un decreto leído para los medios. A este recurso administrativo se le sumó la decisión del juez Alexandre de Moraes de retirar de su cargo al gobernador del DF, Ibaneis Rocha Barros, por la sospecha de que las fuerzas de seguridad de ese estado, dirigidas por aliados al expresidente Bolsonaro, no actuaron como debían para impedir el asalto a las sedes de gobierno.
Esta potestad está garantizada por la constitución brasileña en su capítulo quinto, llamado “sobre la intervención”, en cuyo artículo 34 dice que el gobierno federal no dispondrá de este instrumento excepto para “mantener la integridad nacional, poner término a un grave comprometimiento del orden público y garantizar el libre ejercicio de los poderes en las sedes de la federación”, entre otras razones.
La intervención federal pone la seguridad de esta ciudad bajo la órbita de la administración de Lula, en momentos donde todavía quedan miles de seguidores del Bolsonaro acampando frente a cuarteles del Ejército y la Marina, pidiendo por un golpe de estado ante un gobierno al que acusan, sin fundamentos reconocidos por entidades independientes, de haber hecho fraude en las elecciones pasadas.
El interventor designado para la seguridad en el DF será Ricardo Capelli, secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, que ya comunicó a través de su cuenta de Twitter que por ahora no dará declaraciones públicas: “Hablaremos con los medios de comunicación en el momento adecuado. Ahora es momento de actuar, no de hablar. Cuento con la comprensión de todos”. Según lo dispuesto en el decreto, la medida se extenderá hasta el 31 de enero.
Lula da Silva no se encontraba en el Palacio de Planalto, sede del poder ejecutivo, cuando ocurrió el asalto de los fanáticos bolsonaristas. El flamante presidente estaba en el municipio de Araraquara, en el estado de San Pablo, supervisando los daños causados por recientes lluvias en esa localidad, cuando fue notificado del ataque civil a las sedes gubernamentales, un evento sin precedentes en la historia del país latinoamericano.
Durante varias horas de la jornada de ayer, las autoridades perdieron el control sobre lo que ocurría en la explanada de los Ministerios y la Plaza de los Tres Poderes, obras monumentales del recordado arquitecto brasileño Oscar Niemeyer que alberga las sedes del Poder Ejecutivo, el Congreso y la sede del Tribunal Supremo de Brasil.
Las imágenes muestran como una multitud de opositores al actual presidente, muchos de los cuales habían llegado de otros estados en acciones coordinadas que ahora se investigan, rompieron el cerco policial en la zona y accedieron a las sedes gubernamentales.
Dentro de las mismas saquearon computadoras, teléfonos y otros objetos del patrimonio público. Además, destrozaron salas de reunión, ventanales, obras de arte expuestas en distintas dependencias y robaron regalos entregados por jefes de estado, así como reyes, reinas y otras figuras, a las autoridades brasileñas durante visitas oficiales a lo largo del tiempo.
Lula da Silva dijo que los “fascistas” serán castigados y perseguidos. Este día, la policía militar se dispuso a desalojar el campamento bolsonarista montado frente al cuartel general del ejército en Brasilia, y al menos 1200 personas fueron detenidas acusadas de participar en los violentos actos que determinaron la intervención federal.
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