Dos errores de juicio que entorpecen el debate de la crisis

PITTSBURGH.- Las audiencias en el Congreso brasileño para decidir el futuro de Dilma Rousseff muestran que el debate actual está gobernado por dos serios errores de juicio. El primero consiste en creer que el Partido de los Trabajadores (PT) debe dejar el poder porque perdió el apoyo mayoritario. El segundo error, de signo opuesto, asume que el proceso contra la presidenta constituye un golpe de Estado.

Estas lecturas contrapuestas polarizan a la sociedad y profundizan la crisis. Son, en parte, producto de las pasiones y del oportunismo de los líderes partidarios. Desafortunadamente, la ciencia política ofrece respaldo a ambos argumentos en esta confusión.

Para buena parte de la oposición, resulta legítimo enjuiciar a la presidenta porque el gobierno perdió el respaldo de las mayorías. La situación es dramática: el desempleo está en alza, los escándalos de corrupción salpican tanto a oficialistas como a opositores y las protestas se multiplican.

Pero la evidencia legal -al menos por ahora- no conecta a Dilma con la corrupción. Para superar este percance, los legisladores acusan a Dilma de maquillar las cuentas públicas, una práctica ilegal pero empleada desde la era de Fernando Henrique Cardoso. Este atajo permitiría sacrificar a la presidenta en el altar de la opinión pública.

¿Es aceptable este atajo legal? Politólogos destacados, como el noruego Leiv Marsteintredet, defendieron la "parlamentarización" de los regímenes presidenciales. La idea es que el juicio político puede operar como un equivalente al voto de censura en los sistemas parlamentarios, como una válvula de escape para resolver una crisis política sin intervención militar.

Reflejando esta visión, el senador opositor y antiguo candidato presidencial José Serra sostiene que Brasil necesita "una herramienta de flexibilización de la república".

Lamentablemente, la Constitución no define el juicio político como un voto de censura. Para suspender a la presidenta no basta con que el gobierno esté en minoría; los cargos deben tener fundamento jurídico. Sin una acusación sólida, muchos observadores verán el proceso como un abuso de poder por parte del Legislativo.

El uso intempestivo del juicio político para deponer a Fernando Lugo le costó a Paraguay la condena internacional y la suspensión del Mercosur en 2012.

El segundo error consiste en denunciar el intento de juicio político como un golpe contra el gobierno democrático. Dilma dispara esta acusación contra sus adversarios cada vez que puede. Muchos están de acuerdo, y no se trata sólo de militantes petistas propensos a la hipérbole. Algunos de los politólogos más lúcidos y mejor formados de Brasil, como Fabiano Santos, abrazan esta tesis.

El problema con esta denuncia apasionada es doble. En primer lugar, políticos e intelectuales no le hacen un favor a la democracia al confundir un procedimiento civil con una intervención militar. El Paraguay de Lugo no sufrió lo mismo que la Honduras de Manuel Zelaya. La acción opositora por carriles institucionales no es equivalente a la acción armada. Una víctima de la dictadura como Dilma debería entender esto mejor que nadie.

En segundo lugar, sentenciar que la oposición es golpista por buscar la salida de un gobierno electo pone a la izquierda latinoamericana en terreno pantanoso. ¿Era golpista el PT cuando se movilizó en favor del juicio a Fernando Collor de Mello en 1992? ¿Era golpista el MAS de Evo Morales cuando apoyó la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada? ¿Era golpista el PJ que facilitó el colapso de Fernando de la Rúa?

La Constitución requiere una acusación legal sólida, pero define el juicio político como un procedimiento legislativo y, por ende, sometido a la dinámica partidaria. Negar la naturaleza política de este acto en nombre de la lucha contra el golpismo neoliberal es un ejercicio fútil.

La política es, ante todo, un ejercicio de visión y prudencia. Brasil se encuentra en medio de una crisis económica, una emergencia sanitaria vinculada al zika y una cuenta regresiva hacia los Juegos Olímpicos de agosto. El reemplazo de un gobierno electo y desprestigiado por otro gobierno desprestigiado y no electo no ayudaría a resolver estos problemas. Si Dilma es suspendida, la sociedad brasileña se verá todavía más dividida y el PT será un tigre herido en el Congreso. Quizá todavía haya tiempo para recobrar el juicio.

El autor es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Pittsburgh