El control de la Justicia Electoral en Brasil

RIO DE JANEIRO.- Desde la entrada en vigor de la ley 9840 que penaliza la captación ilícita de votos o el uso del aparato estatal con fines electorales, gobernadores, intendentes y legisladores hoy temen por igual a la Justicia Electoral brasileña, o por lo menos, se la toman bastante en serio.

La fría estadística indica que entre el 2000 y 2007, la Justicia Electoral despojó de su cargo a 623 políticos vinculados con hechos de corrupción durante la campaña electoral o por infidelidad partidaria, componiendo, con 508 casos, una larga lista encabezada por intendentes, seguida de concejales (84), senadores (6), gobernadores (2), y otros 23 políticos repartidos entre diputados estatales y federales.

Esta modalidad acabó con aventuras como la del intendente de Jandira, San Pablo, al que el Tribunal Regional Electoral declaró inelegible luego de constatarse la distribución de seis mil mochilas escolares durante la última elección, o la de otros concejales que se cambiaron de partido sin ofrecer mayores explicaciones a la Justicia Electoral.

Poca clemencia con gobernadores. Sólo en lo que va del año, el Tribunal Superior Electoral (TSE) se ha cobrado los mandatos de tres gobernadores, ampliando de esta manera el selecto club que hasta hace poco integraban los ex gobernadores Cunha Lima (PSDB-Paraíba) y Jackson Lago (PDT-Maranhao), destituidos de sus cargos en febrero y abril de este año, respectivamente.

Quien se les sumó a ellos estos días es Marcelo Miranda, flamante ex gobernador de Tocantins por el PMDB. Acusado de abuso de poder político, compra de votos, y reparto de cheques durante la elección de 2006, Miranda se fue con la cabeza alta y poco remordimiento: "Ahora voy a ejercer el mandato de marido (...) deseo que el nuevo gobernador sea feliz", dijo a los medios locales.

La salida de Jackson Lago fue algo más traumática. Luego de conocer la decisión del TSE por los cargos de abuso de poder económico y compra de votos en la elección de 2006, Lago, acompañado de movimientos sociales, se atrincheró en la gobernación del Maranhao y dijo que sólo saldría muerto de allí. Pasado unos días de su cinematográfica protesta, el destituido gobernador de 75 años dejó su cargo sin violencia.

En el caso de Cunho Lima, la repartición de 35 mil cheques para los sectores más carenciados de Paraíba por un valor que oscilaba los 75 y 100 dólares durante el período electoral dejaron al gobernador con poco margen para explicaciones.

La actual fórmula que emplea la Justicia Electoral para cubrir la acefalía luego de la destitución de un gobernador, consiste en el llamado a elecciones mediante el voto indirecto, donde el Congreso tiene la responsabilidad de nombrar a su sucesor. Esta modalidad difiere en el caso que haya habido ballotage, donde se entrega el poder a la segunda lista más votada, una figura que no está exenta de polémicas.

La inquisición de la Justicia Electoral no termina allí: hoy tiene en su mira a los gobernadores Ivo Cassol (PP-Rondonia); José de Anchieta Jr. (PSDB-Roraima); Marcelo Déda (PT-Sergipe), e irónicamente a Roseana Sarney (PMDB-Maranhao), hija del ex presidente brasileño José Sarney, que asumió el lugar del depuesto Lugo.

Sin criterio político. Algo que salta inmediatamente a la vista es que la Justicia Electoral carece de un criterio político a la hora de destituir políticos acusados por hechos de corrupción durante el período electoral o infidelidad partidaria.

De los 623 políticos depuestos entre el 2000 y el 2007, fueron alcanzados con esta medida nada menos que veintiún partidos políticos, estadística que lidera el DEM (20,4%) junto al PMDB (19,5%), siendo el primero opositor al gobierno, y el segundo, un incondicional aliado en la actualidad.

En el caso de los gobernadores destituidos se observa la misma tendencia. Al igual que Miranda, que pertenece al PMDB, el partido de Jackson Lago (PDT) forma parte de la base aliada del gobierno de Lula, mientras que sólo Cuhna Lima está en la oposición PSDB.

A diferencia de los mecanismos de control que ejerce el Congreso, cuyas investigaciones presentan resultados disímiles, la Justicia Electoral brasileña parece tomarse muy en serio su misión explicitada en su sitio Web: "Asegurar los medios efectivos que garanticen a la sociedad la plena manifestación de su voluntad por el ejercicio del derecho de votar y ser votado".

El autor es analista político de Brasil