El espejo japonés en el escándalo de Petrobras

Carlos Alberto Sandenberg
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6 de marzo de 2015  

RÍO DE JANEIRO.-Tres ministros del gobierno japonés cayeron en los últimos cuatro meses, envueltos en denuncias por malversación de fondos de campaña. Ahora, la seguidilla ya roza al primer ministro Shinzo Abe, acusado de recibir donaciones irregulares de dos empresas privadas. ¿El monto de las donaciones? La espantosa cifra de 5165 dólares? ¿La ilegalidad señalada? Que las empresas donantes habían recibido subsidios del gobierno.

Si esa ley existiera en Brasil, ninguna de las empresas involucradas en el "Lava-Jato" podría haber hecho donaciones: todas reciben financiamiento subsidiado del Banco Nacional de Desarrollo (Bndes).

La norma tiene sentido. Un subsidio -un préstamo a bajo interés o una rebaja impositiva- es un beneficio otorgado por el gobierno. Por lo tanto, hay motivos para sospechar que hay intercambio de favores. ¿Cómo es entonces? ¿Una empresa recibe un subsidio y al rato dona dinero para la campaña del primer ministro?

Shinzo Abe informó que recibió los cinco mil y pico de dólares, pero alegó que no tenía forma de saber que los donantes tenían subsidios públicos. De hecho, ése es el punto de discusión en la arena de la política japonesa, de modo que el caso aún no está resuelto. Ya un experimentado político, Koya Nishikawa, renunció en enero pasado al cargo de ministro de Agricultura, también por un caso de posible conflicto de intereses.

Vistas desde Brasil, esas historias parecen exageradas. Entonces, ¿una persona renuncia por una sospecha, una desconfianza, la posibilidad de un mal paso en una situación controvertida? ¿Y por esa miseria de dinero? Y eso demuestra la envergadura de nuestra crisis moral y política.

Entonces, una empresa gana un contrato billonario de una empresa estatal, recibe un préstamo subsidiado para realizar la obra y acto seguido hace donativos millonarios a los partidos que controlan esa empresa estatal? ¿y eso no tiene nada de malo? Además, ¿tampoco tiene nada de malo que un partido controle una megaempresa estatal?

Y hay más: entonces, una constructora recibe un contrato con una estatal, sin licitación, recibe un subsidio y, acto seguido, le paga millonarios honorarios de consultoría a un influyente dirigente del partido de gobierno? ¿y está todo bien?

Una consultoría seria es cosa seria: hay reuniones entre consultores y clientes, actas de esas reuniones, informes y documentos presentados, control de horas de trabajo. En esa misma línea, los partidos dicen que los donativos fueron registrados en la justicia electoral. Si los donantes son clientes del gobierno, ¿qué le vamos a hacer? Y los políticos acusados desafían: "A ver, prueben que recibí el cheque, prueben que fue una propina ilegal".

La lista del procurador general, Rodrigo Janot, es mucho más que una "simple" denuncia impresa. Los políticos mencionados en ella serán blanco de una investigación formal, iniciada porque el procurador general de la república y un juez de la Suprema Corte entendieron que había indicios suficientes para hacerlo. ¿Cómo puede un político en esas condiciones dirigir el Senado, o la Cámara de Diputados, o un organismo de gobierno, o simplemente cumplir su mandato?

Traducción de Jaime Arrambide

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