El Parlamento le da superpoderes a Erdogan

ESTAMBUL.- Una semana después del intento de golpe de Estado, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, profundizó ayer su contraataque a los sospechosos de la conjura, al dotarse de nuevos poderes tras una aprobación del Parlamento.

En una misma jornada, el mandatario logró la aprobación parlamentaria del estado de emergencia, que limita las garantías constitucionales, y anunció la suspensión de la Convención Europea de Derechos Humanos, en un movimiento de pinzas que le deja las manos libres para maniobrar sin grandes reparos legales. Según definió un diputado opositor, la medida "allana el camino para los abusos" del gobierno.

El estado de emergencia se aprobó con 346 votos a favor y 115 en contra. Estará vigente durante tres meses y les permitirá a Erdogan y su gabinete aprobar nuevas leyes y limitar o suspender los derechos y libertades según lo consideren necesario.

Erdogan afirmó que podrá tomar "rápidas medidas" contra quienes apoyaron el golpe. Para algunos turcos, sin embargo, se trata de un posible retorno de los días de ley marcial después de un golpe militar en 1980.

Hasta ahora, incluso antes de que las protecciones legales quedaran entre paréntesis, unos 60.000 soldados, policías, jueces y profesores habían sido suspendidos, detenidos o quedaron bajo investigación por presuntos vínculos golpistas.

El viceprimer ministro turco, Numan Kurtulmus, señaló que el gobierno espera poder desactivar el estado de emergencia "en un mes o un mes y medio, si las condiciones vuelven a la normalidad".

Kurtulmus anunció asimismo que Turquía desactivará la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), alegando que Francia hizo lo mismo luego de los atentados en París de noviembre pasado. El artículo 15 de la convención reconoce a los gobiernos "en circunstancias excepcionales" la facultad de derogar "de forma temporal, limitada y controlada" ciertos derechos y libertades que garantiza el tratado.

El Consejo de Europa, una organización internacional que vela por el cumplimiento del convenio, advirtió que hay una serie de artículos que no se pueden suspender de ninguna manera. Se trata del derecho a la vida y de las prohibiciones de tortura, de tratos inhumanos o degradantes, de la esclavitud y de castigos no contemplados en la ley.

Además de los funcionarios de la administración pública y del sector privado afectados por la purga en curso desde el fin de semana pasado, Kurtulmus admitió "debilidades personales y estructurales" en los servicios secretos, que no advirtieron sobre la conjura golpista, y prometió medidas.

Agencias EFE, AFP y Reuters