Coronavirus: el virus propaga el miedo en las peligrosas cárceles de la región

SANTIAGO, Chile.- La expansión del nuevo coronavirus que sacude al mundo despertó una fuerte preocupación por los distintos espacios de hacinamiento, entre ellos, las cárceles. En América Latina, las prisiones están notablemente abarrotadas y se desatan allí grandes focos de rebeldía, que amenazan con convertirlas en infiernos.

En Lima murieron nueve presos durante un motín que estalló en una cárcel situada al este de la capital peruana, donde los reclusos demandaban recursos contra la pandemia y un mayor alcance de los indultos anunciados por el gobierno, informaron ayer fuentes oficiales.

El Instituto Nacional Penitenciario informó sobre los decesos ocurridos durante la jornada de anteayer en el penal ubicado en San Juan de Lurigancho y precisó que los reclusos fallecidos cumplían condenas por homicidio, violación, narcotráfico y robo, entre otros cargos.

El domingo pasado, dos presos murieron en ese penal, presuntamente por Covid-19.

En Santiago de Chile, la cárcel de Puente Alto, en el centro de la ciudad, tuvo el brote de virus más grande de la región dentro de una prisión hasta el momento, con más de 300 casos reportados. Los 1100 reclusos de la prisión están aterrorizados porque el distanciamiento social es difícil de practicar en la cárcel. "Todos están en contacto entre ellos", explicó una enfermera de la prisión, Ximena Graniffo.

Cualquier intento de mantener el distanciamiento y reducir el contacto se desvaneció en El Salvador durante el fin de semana cuando las autoridades apiñaron a los prisioneros, aunque usaban barbijos, en los patios de la cárcel mientras registraban sus celdas. El presidente Nayib Bukele ordenó la requisa después de que más de 20 personas fueron asesinadas en el país el viernes y el cuerpo de inteligencia sugirió que las órdenes provenían de líderes de pandillas encarcelados.

Las cárceles de América Latina albergan a 1,5 millones de reclusos y las instalaciones a menudo están casi controladas por los propios presos debido a la corrupción, la intimidación y el personal de guardia inadecuado. A esto se suma el bajo presupuesto que se asigna a las penitenciarías, que también genera que a menudo haya poco jabón y agua, y los bloques estén llenos.

Hasta el momento, los funcionarios nacionales reportaron cerca de 1400 casos confirmados de Covid-19 entre los reclusos y el personal penitenciario de la región. El peor caso fue el de Perú, con 613 casos y al menos 13 muertes, aunque el alcance de las pruebas para determinar la escala total de infecciones difiere de un país a otro.

Trabajo

Cuando la República Dominicana examinó a más de 5500 reclusos en la prisión de La Victoria, que estuvo produciendo barbijos protectores para el público, las autoridades informaron que al menos 239 fueron positivos .

Quizás la prueba más completa parece estar teniendo lugar en Puerto Rico, donde el Departamento de Correcciones dijo el viernes que evaluará a todos los casi 9000 presos detenidos en todo el territorio estadounidense, así como a 6000 empleados, incluidos los guardias de la prisión.

El miedo al virus ya está presente. Se registraron 23 muertos en disturbios carcelarios en Colombia desde que comenzó la pandemia. Más de 1300 reclusos escaparon de las cárceles en Brasil después de que se canceló un programa de liberación temporal debido al brote, y más de 1000 estuvieron en huelga de hambre en la Argentina.

Demanda regional

En toda la región, la demanda es la misma: protección contra el contagio. Con la mayoría de las visitas familiares canceladas, los reclusos se sienten expuestos, vulnerables, solos y explotados.

Además, los reclusos informan que los precios en las tiendas de las prisiones aumentaron durante la pandemia y los familiares ya no pueden traerles alimentos ni artículos de higiene del exterior. "En este momento, una bolsa de jabón en polvo cuesta 29 pesos, cuando antes era 20", dijo un preso en México, que vive en una celda de cuatro metros por cuatro metros con una docena de otros y prefirió mantener el anonimato porque estaba usando un teléfono celular prohibido.

Human Rights Watch indicó que las condiciones son aún peores en países como Haití, Bolivia o Guatemala. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, calificó las condiciones sanitarias en la región como "deplorables" y pidió la liberación de presos menos peligrosos . Países como Chile y Colombia ya liberaron a unos 7500 reclusos y el Senado de México aprobó la semana pasada una medida para liberar a miles, mientras que Brasil no tomó aún ninguna medida al respecto.

Sin embargo, la analista regional de seguridad Lucía Dammert señaló que liberar a unos pocos miles de reclusos no reducirá significativamente la amenaza de contagio y algunos instan a liberaciones más radicales. "Los presos fueron condenados a pérdida de libertad, no a muerte, y el Estado tiene que tomar medidas a su disposición", dijo José Miguel Vivanco, director de las Américas para Human Rights Watch. Y en muchos países, como Bolivia, la mayoría de los que están tras las rejas aún no fueron sentenciados o están en espera de juicio.

En Chile, el jefe del sistema de guardia de la prisión, Christián Alveal, sostuvo que los temores de los prisioneros "son totalmente razonables" y dijo que los funcionarios están trabajando "para minimizar las preocupaciones de los reclusos". Algunas cárceles trataron de hacer eso permitiendo a los presos realizar más llamadas a familiares. La Argentina, con un total de 13.000 prisioneros, habilitó las videollamadas y la provincia de Buenos Aires incluso autorizó que los prisioneros usen teléfonos celulares, que normalmente están prohibidos porque a veces se usan en esquemas de extorsión.

Los reclusos en la prisión de San Pedro, en la capital de Bolivia, La Paz, tomaron sus propias medidas contra el contagio. Mientras que los presos en otros lugares se amotinaron por las prohibiciones de las visitas familiares, los presos bolivianos decidieron asumir por su cuenta esa prohibición. Y convirtieron lo que normalmente son celdas de castigo en calabozos de cuarentena de 14 días para prisioneros recién llegados.

Ximena Graniffo, la enfermera de Puente Alto, parecía resignada a una lucha. "Uno hace lo que puede con lo que tiene", dijo.