En Bolivia, impiden llegar a La Paz a un líder opositor y crece la tensión

LA PAZ.- Las protestas antigubernamentales en Bolivia ingresaron ayer en su tercera semana, sin miras de solución, mientras la auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre los comicios del 20 de octubre pasó a segundo plano, y el presidente Evo Morales entró en una lucha frontal con la oposición, especialmente ahora contra el líder santacruceño Luis Fernando Camacho, que intentó en vano llevarle un pedido de renuncia en La Paz y fue bloqueado en el aeropuerto capitalino.

"Rechazamos el golpe de Estado de los racistas que intentan recuperar el poder", dijo Evo, que habló despectivamente de la "carta de renuncia" que Camacho trató de acercarle. La comparó con una misiva similar que el dictador golpista Luis García Meza entregó en 1980 a la presidenta Lidia Gueiler, para anunciarle su derrocamiento. "La historia se repite", dijo el presidente.

En cumplimiento de lo acordado en un multitudinario cabildo abierto en Santa Cruz de la Sierra, Camacho viajó anteanoche en avión a La Paz, con la referida carta.

Camacho llegó al aeropuerto capitalino de El Alto, pero no pudo salir de la terminal, copada por enfurecidos manifestantes oficialistas, algunos provistos de palos.

Según relató ayer Camacho, luego de pasar toda la noche en el aeropuerto, retenido por la policía, lo "sacaron con mentiras de que la gente estaba entrando aeropuerto". La policía le advirtió que estaba en riesgo su seguridad y lo hizo subir a una avioneta de la Fuerza Aérea Boliviana, que terminó llevándolo de regreso a Santa Cruz de la Sierra (a 900 kilometros de La Paz).

"Mañana [por hoy], a las 14.30 [hora local], retorno a la ciudad de La Paz y así será todos los días, hasta que yo llegue a entrar al palacio de gobierno" a entregarle a Evo la carta de dimisión para que la firme, dijo Camacho a su llegada a Santa Cruz, la ciudad más rica de Bolivia y bastión opositor.

Según el escrutinio oficial, Evo, en el poder desde 2006, fue elegido en primera vuelta el 20 de octubre para un cuarto mandato, pero la oposición exige su dimisión, la anulación de los comicios y la convocatoria a nuevas elecciones sin que él sea candidato.

Desde que comenzaron las protestas hubo dos muertos y unos 140 heridos, según la Defensoría del Pueblo.

Camacho, un abogado de 40 años, es el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz (derecha) y se convirtió en el rostro más visible de la oposición tras los comicios, aunque no fue candidato a la presidencia, opacando incluso al expresidente y candidato de centroizquierda Carlos Mesa (2003-2005), que salió segundo en la votación.

Ante un multitudinario "cabildo abierto", Camacho había lanzado el sábado un ultimátum de 48 horas al presidente para renunciar y llamó a las Fuerzas Armadas a intervenir en la crisis política desatada tras las cuestionadas elecciones.

El plazo se cumplió anteanoche sin ningún efecto sobre Evo, que dijo que el llamado a los militares significa que la oposición quiere "muertos".

Las Fuerzas Armadas se mantuvieron hasta ahora al margen del conflicto político.

Al vencer el ultimátum, además de anunciar que viajaría a La Paz con la carta de renuncia para el presidente, Camacho convocó a sus partidarios a que "paralicen" todas las oficinas estatales en Santa Cruz. Poco después, piquetes de opositores ocuparon las sedes del poder judicial y la fiscalía en esa ciudad, según medios locales.

En tanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió en Twitter a las autoridades bolivianas que aseguraran la "libertad de movimiento y circulación" de Camacho.

Auditoría

Desde la semana pasada el organismo continental realiza una auditoría del proceso electoral boliviano que será de carácter "vinculante" tanto para el gobierno como para la OEA. Se estima que el proceso durará al menos una semana más.

Sin embargo, la oposición definió esa auditoría como una "maniobra de distracción" y exigió directamente la renuncia del presidente y la convocatoria a nuevos comicios.

Las manifestaciones llamadas por la oposición se tradujeron principalmente en bloqueos de rutas en todo el país, paros y saqueos a comercios.

El ministro de Economía boliviano, Luis Arce, cifró ayer en 167 millones de dólares el perjuicio económico causado hasta el momento por las protestas.