En España, crece la presión para salvar a Cristina

MADRID.– El juez José Castro estalló de furia esta semana y lo puso por escrito. Libró un oficio a la Agencia Tributaria y a la Policía Nacional para reprocharles la "tardanza injustificada" para enviarle información sobre los movimientos financieros de Cristina de Borbón, la hija del rey.

En su despacho de Palma de Mallorca, Castro reconstruye la historia que aterroriza a la corona española y junta documentos que podrían llevarlo a acusar a la infanta de lavado de dinero y evasión. Pero mientras se le agota el tiempo para decidir, enfrenta presiones apenas disimuladas: el fiscal anticorrupción, el procurador general del Estado y organismos del gobierno decidieron intervenir para defender la "inocencia" de Cristina.

La intención del juez es resolver este mes si cita a la hija del rey como acusada de delitos vinculados con el fraude al Estado por el que está imputado su esposo, Iñaki Urdangarin. Una medida de esa magnitud ahondaría la grave crisis que atraviesa la monarquía española.

Castro ya imputó en abril a la infanta como sospechosa de haber colaborado con su marido en los negocios sucios del Instituto Nóos, una supuesta organización sin fines de lucro a través de la cual captó por lo menos siete millones de euros de contratos con administraciones públicas. El dinero terminó en cuentas de Urdangarin.

La Audiencia de Palma de Mallorca anuló aquella resolución: consideró que Cristina no era consciente de las acciones fraudulentas de su marido –pese a que ella integraba el directorio de Nóos–. En cambio, le pidió al juez que investigara si la hija del rey había incurrido en algún delito fiscal. Desde entonces se acumularon indicios comprometedores. Los principales tienen que ver con los movimientos de Aizoon, una sociedad sin actividad real inscripta a medias por Cristina y su esposo. Ésa fue una de las pantallas usadas para captar los fondos recaudados por el Instituto Nóos.

En el expediente consta, por ejemplo, un contrato por medio del cual Aizoon alquiló el palacete del barrio barcelonés de Pedralbes que es propiedad de Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin. Los duques de Palma firman como arrendadores, a un lado, y como arrendatarios, al otro. Esos comprobantes servían para generar gastos ficticios y justificar el vaciamiento de Nóos.

También figuran extractos bancarios que muestran cómo la infanta pagaba gastos corrientes –desde adornos para su casa y regalos para sus hijos hasta viajes de placer– con la tarjeta de crédito de Aizoon. Es decir, con el dinero que salía de los contratos públicos que firmaba la ONG presidida por su marido.

Carlos Masiá, el escribano público que solía trabajar con Urdangarin y su socio, Diego Torres, confesó en la causa que la infanta participó con su nombre y apellidos en Aizoon para servir de "escudo fiscal" ante eventuales investigaciones sobre el destino de los fondos públicos.

¿Podía desconocer su verdadero papel? ¿Se presumiría su inocencia frente a infinidad de papeles firmados de puño y letra si no fuera la hija del rey? Preguntas como ésa le hizo el martes en el Congreso de los Diputados la referente opositora Rosa Díez (Unión Progreso y Democracia) al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. "Entendemos que no procede la imputación, sobre la base de muy sólidos criterios jurídicos", respondió el funcionario. Y añadió: "No hay trato de favor; sería trato de disfavor actuar en contra de nuestros principios".

Uno de sus subordinados, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, se había anticipado a la decisión del juez con un extenso escrito en el que defiende la inocencia de Cristina y se muestra en contra de imputarla. "Sin conocimiento de la existencia de un delito previo, no puede haber uno de blanqueo de capitales", señaló. Y le dedicó varias páginas a negar que estuviera presionado para "salvar" a la hija del rey.

Casi en simultáneo, la Agencia Tributaria remitió al juzgado informes fiscales sobre Aizoon en los que corrobora que la sociedad de los duques defraudó al Estado en 281.109 euros entre 2007 y 2010. Pero se preocupa por aclarar que esas cifras no alcanzan el mínimo anual para ser considerado delito fiscal.

Cristina volvió ayer a España desde Ginebra, a donde se mudó a mediados de año con sus hijos para escapar del escándalo. Fue para visitar a su padre en la clínica de las afueras de Madrid donde el jueves lo operaron de la cadera.