España: la intrincada historia del barrio de lujo construido en una isla protegida que ahora deberá ser demolido

Un barrio de lujo ubicado en la Isla de Valdecañas, en la provincia española de Extremadura, será demolido por decisión del Tribunal Supremo, que atendió a la demanda que grupos ecologistas presentaron porque el proyecto se desarrolló en un área protegida y de conservación de la biodiversidad. En el mismo invirtieron capital el primo del rey Felipe VI Beltrán Gómez-Acebo, el hijo del expresidente José María Aznar y el cantante venezolano Carlos Baute, entre otros.

En el terreno de 135 hectáreas, elegido por grandes empresarios, hay 185 villas de lujo, un hotel cuatro estrellas, un golf de 18 hoyos, piletas y playas artificiales; 76 amarras para yates en un club náutico y pistas deportivas que serán destruidas tras el fallo judicial que se dio a conocer luego de varias idas y vueltas, informó Télam.

En 2007, cuando empezó la obra, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) y Ecologistas en Acción denunciaron el proyecto de la Marina Isla de Valdecañas, situado a dos kilómetros del municipio de El Gordo, en la provincia de Cáceres; porque se iba a emplazar sobre terrenos de la Red Natura 2000 protegidos por la Unión Europea (UE).

En 2011 una sentencia anuló el plan de macrourbanización porque se trata de un espacio protegido y no urbanizable. Sin embargo, casi una década después, en 2020, se determinó no derrumbar lo construido porque significaría un “elevado perjuicio económico” que alcanzaría los 34 millones de euros. A su vez, compensar a los compradores sería tres veces mayor.

Las indemnizaciones a pagar por el Estado alcanzarían los 145 millones de euros

Curiosamente, las autoridades de Extremadura avalaron el proyecto de construcción del barrio de lujo en la Isla de Valdecañas y lo declararon “de interés regional”, aunque en 2019 el Tribunal Constitucional juzgó “ilegal” al artículo que se incluyó en la Ley del Suelo. El predio está 176 kilómetros al oeste de Madrid, la capital española, y es el lugar elegido por la clase alta para suntuosas escapadas.

Los propietarios de las viviendas pueden presentar un amparo ante el Tribunal Constitucional, pero ambientalistas consideran que son escasas las chances de que prospere porque no se vulneró “ningún derecho fundamental”. También, sostienen que los inversionistas sabían del conflicto que había previo a comprar propiedades en la isla y lo argumentan también en la polémica que se desató porque la Junta de Extremadura debería afrontar costosas indemnizaciones que alcanzarían los 145 millones de euros.

Se estima que la isla cuenta con un 33% de las obras proyectadas en el plano original. Propietarios, a través de su abogado, sostienen que demolerlas generará pérdidas importantes: “Tendría un enorme costo para las arcas públicas de la Junta de Extremadura y, en definitiva para el bolsillo de todos los extremeños”. También, vecinos aseguran que en caso de concretarse la destrucción del complejo no son pocas las personas que perderán sus empleos.