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Gran Bretaña y la Unión Europea sellan un pacto histórico sobre Irlanda del Norte
Una vez aprobado por el Parlamento, los productos británicos que lleguen a ese territorio para no serán sometidos a los mismos controles que los que deben ser exportados hacia la UE
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Corresponsal en FranciaLuisa Corradini
PARÍS.- Dos años después del Brexit, Gran Bretaña y la Unión Europea (UE) llegaron a un acuerdo que debería poner fin a sus diferendos sobre los controles aduaneros en Irlanda del Norte. Tras 12 meses de difíciles negociaciones, el primer ministro británico, Rishi Sunak, y la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunciaron en Londres el llamado “acuerdo de Windsor”. Un “nuevo capítulo” en las relaciones bilaterales que, sin embargo, sigue despertando rechazo en unionistas norirlandeses y duros probrexiters.
“El Reino Unido y la Unión Europea probablemente tuvieron diferendos en el pasado. Pero somos aliados, socios comerciales y amigos. Y lo hemos comprobado con claridad el año pasado cuando nos unimos para apoyar a Ucrania”, dijo Sunak en conferencia de prensa, calificando el acuerdo de “nuevo capítulo” en las relaciones entre Londres y la UE.
Retomando el calificativo de “nuevo capítulo” Von der Leyen, afirmó a su vez que el contenido del acuerdo alcanzado hoy bien podía considerarse “histórico”.
Anteriormente llamado “protocolo sobre Irlanda del Norte”, el pacto fue firmado al mismo tiempo que el acuerdo del Brexit, el 24 de enero de 2020, y reglamenta la circulación de bienes y mercancías entre el resto del Reino Unido e Irlanda del Norte, que dispone de la única frontera terrestre con la Unión Europea. Su objetivo era evitar una frontera terrestre entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte, que pondría en peligro la paz concluida en 1998 después de tres sangrientas décadas de guerra civil, protegiendo al mismo tiempo el mercado único europeo.
Según el mismo, Irlanda del Norte, que forma parte del territorio aduanero del Reino Unido, está sometida a un conjunto de reglas de la UE relativas al mercado único de mercancías y a la unión aduanera del bloque. Pero ese protocolo plantea un problema práctico: introduce un sistema de verificaciones y controles en los puntos de entrada de las mercaderías que llegan a Irlanda del Norte desde el Reino Unido o de terceros países. Esos bienes están sometidos a los derechos de aduana de la UE, a menos que no exista ningún riesgo de que entren en la UE.
Apenas entrado en vigor, ciertas empresas denunciaron el peso de las formalidades, sobre todo en el terreno de la industria farmacéutica. Resultado: el documento terminó siendo señalado como responsable de las dificultades de aprovisionamiento en Irlanda del Norte, dando lugar a graves tensiones entre la UE y Londres. En los últimos meses de su mandato, Boris Johnson decidió lanzar una revisión unilateral del estatus post-Brexit de Irlanda del Norte, y Bruselas respondió presentando una serie de procedimientos legales contra el Reino Unido.
Apenas llegado a Downing Street, el protocolo también se convirtió en un problema político para Sunak, confrontado a la oposición de los duros del Brexit y a la de los miembros del Partido Unionista Democrático (DUP, por sus siglas en inglés) norirlandés, visceralmente opuestos a todo cuestionamiento de la pertenencia de Irlanda del Norte a Gran Bretaña.
Inquietudes
Tras el anuncio del acuerdo entre Londres y Bruselas, el líder del DUP, Jeffrey Donaldson, anunció que “se tomará el tiempo de estudiar los detalles y evaluar el acuerdo”. No sin dejar de reconocer que “fueron obtenidos importantes progresos”, agregó que era necesario “reconocer que persisten serios temas de inquietud”.
Prudente, a comienzos de febrero, el gobierno británico había decidido postergar a enero de 2024 la fecha límite para organizar elecciones en la provincia británica, que carece de gobierno desde febrero de 2022, debido al boicot sostenido de los unionistas.
Saludando el nuevo acuerdo, Michelle O’Neill, la jefa del partido republicano Sinn Fein, mayoritario en el Parlamento norirlandés, llamó a los unionistas del DUP a “sumarse a los otros partidos y hacer funcionar” las instituciones políticas de la provincia británica.
Con el fin de suavizar esas tensiones políticas, el acuerdo de Windsor trata de reducir considerablemente los controles aduaneros para las mercancías provenientes de Gran Bretaña que llegan a Irlanda del Norte. Si es aprobado por los parlamentarios británicos, también debería reducir la aplicación de las reglamentaciones de la UE en esa provincia.
Concretamente, los productos que lleguen de Gran Bretaña a Irlanda del Norte para quedarse ahí no serán sometidos a los mismos controles que los que deben ser exportados hacia la República de Irlanda, es decir, hacia la UE. Esa disposición valdrá tanto para las transacciones comerciales como para el envío de encomiendas particulares. Asimismo, ahora serán las autoridades británicas, y no la Agencia Europea del Medicamento, quienes darán la autorización de comercialización de los medicamentos.
Para los unionistas, uno de los principales puntos de tensión provocados por el protocolo anterior, era el mantenimiento de ciertas leyes europeas y, sobre todo, la competencia de la Corte de Justicia Europea en Irlanda del Norte. El nuevo “acuerdo de Windsor” prevé la creación de un “freno” a disposición del Parlamento norirlandés. Si 30 diputados de varios partidos se oponen a la aplicación en la provincia de una nueva ley europea sobre bienes y mercaderías, podrán convocar una votación para bloquearla.
En todo caso, ese “mecanismo de emergencia” no impedirá a la Corte Europea de Justicia tener la última palabra en lo que concierne a las reglas que rigen el mercado único, siempre en vigor en la provincia británica, según afirmó Von der Leyen.
Londres, por su parte, prefirió señalar que “menos de 3%” de las leyes europeas seguirán aplicándose en Irlanda del Norte cuando entre en vigor el nuevo acuerdo.
Al mismo tiempo, el gobierno británico renuncia a seguir adelante con el proyecto de ley gracias al cual pretendía arrogarse unilateralmente la facultad de ignorar ciertas disposiciones del protocolo norirlandés. Una concesión que bien podría reavivar la sublevación de los partidarios de un Brexit duro dentro del Partido Conservador.
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