España: crece el debate legal sobre Juan Carlos y hay dudas sobre su paradero

BARCELONA.-Horas después del anuncio de la partida de España del rey emérito Juan Carlos I de Borbón, las ondas expansivas de la revelación todavía sacuden la sociedad española. En una conferencia de prensa, el presidente Pedro Sánchez se negó a revelar el paradero del anterior Jefe de Estado, argumentando que su trato con la Casa Real es confidencial. Dos diarios aseguraron hoy que Juan Carlos I se encuentra ya en la República Dominicana . Mientras, arrecian en los medios análisis sobre la probabilidad de que el monarca retirado sea sometido a juicio, un hecho inédito en la historia de España.

Los periódicos La Vanguardia y ABC, ambos con buenas fuentes en la Casa Real, ofrecían un relato pormenorizado de los movimientos de Juan Carlos I durante los últimos días. El pasado domingo, poco después de haber escrito la carta en la que anunciaba su partida, y cuyo contenido habría pactado con el rey Felipe VI, se trasladó a la residencia real de Sanxenxo, en Galicia. El lunes, viajó en auto hasta Oporto, Portugal , donde se subió a un avión con destino a República Dominicana.

La elección de la isla caribeña deriva de su vieja amistad con el influyente empresario Pepe Fanjul, descendiente de españoles que emigraron a Cuba y se enriquecieron con el comercio de la caña de azúcar. Aunque la Casa Real no confirmó estas informaciones, encajan con el hecho de que Juan Carlos I ya se alojó en la residencia de Fanjul en 2014, tras su abdicación. El hecho de que en la misiva el rey emérito incluyera la expresión "en estos momentos" para referirse a su mudanza ha abierto todo tipo de especulaciones sobre un movimiento que muchos periodistas han calificado de "exilio" o "huida".

Probablemente, la duración de su estadía en el extranjero vendría determinada por el fin de sus tribulaciones con la justicia. Juan Carlos I está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo y por la justicia suiza por el presunto cobro de comisiones ilegales vinculadas a la construcción del tren de alta velocidad de La Meca, en Arabia Saudita . Entre los cargos que se le podrían imputar, figuran los de "cohecho en una actividad ilícita", "blanqueo de capitales", y fraude a la "Hacienda pública".

El escándalo estalló hace unos meses, cuando su examante, la empresaria alemana Corinna Larsen, afirmó haber recibido del rey una transferencia de 65 millones de euros, unos fondos que se sospecha provendrían originalmente de Arabia Saudita. Posteriormente, se produjo una cascada de revelaciones sobre la existencia de cuentas secretas del monarca vinculadas a sociedades pantalla en paraísos fiscales. Y todo ello, mientras el país vive su peor crisis económica de la historia reciente debido al coronavirus.

Hasta el momento, no existe un consenso entre los juristas sobre cuáles serían los límites de la inviolabilidad legal que la Constitución española garantiza al Jefe de Estado en su artículo 56. Al no haber un precedente en la España democrática de un rey que haya abdicado, no existe una jurisprudencia al respecto.

Según el magistrado Ignacio González Vega, el rey emérito gozaría de inmunidad frente a cualquier enjuiciamiento por sus actos anteriores a 2014, momento en el que abdicó. Esta es la tesis de la Fiscalía del Supremo, que investiga el monarca cometió alguna actividad delictiva a partir de esa fecha.

Sin embargo, no está claro que los jueces del Tribunal Supremo compartan esa interpretación. Nadie discute los fueros de Juan Carlos I, que también ostentan, por ejemplo, los diputados. Ello implica que solo puede ser imputado por el Alto Tribunal. Ahora bien, algunos juristas consideran que la inviolabilidad del Jefe de Estado se prolongaría incluso después de su abdicación. Esta es, por ejemplo, la opinión de los letrados del Parlamento, a la que se acogieron PSOE y PP para rechazar una comisión de investigación.

Otros expertos, en cambio, consideran que Juan Carlos I es solo inimputable por los actos relativos a su labor de Jefe de Estado, lo que no incluiría los actos delictivos de su vida privada durante sus 40 años de reinado. Si se impusieran las tesis de la Fiscalía del Supremo, habría que dilucidar si los hechos delictivos ocurrieron antes o después del 19 de junio de 2014. Según Larsen, la donación se hizo en 2012, pero se sabe que el rey emérito extrajo dinero de su cuenta suiza de fondos oscuros hasta fechas muy recientes, por lo que algunos cargos se podrían mantener.

Obviamente, el justicia suiza no se enfrenta a estas limitaciones, pues Juan Carlos es solo inimputable en España. Los principales obstáculos del fiscal suizo Yves Bertossa residen en la dificultad de probar la existencia de una comisión ilegal -Arabia Saudita no es un país precisamente transparente, ni hay un verdadero Estado de derecho-, así como en las bajas probabilidades de que sea extraditado. Ahora bien, no se puede descartar la posibilidad de un juicio en rebeldía en Suiza.

Así pues, Juan Carlos I difícilmente acabará entre rejas, pero si prospera cualquier investigación, el golpe a la monarquía será durísimo, y no está claro que los partidos del establishment, que velan por su continuidad, serán capaces de proteger la institución. En el partido izquierdiesta Podemos, afilaban hoy los cuchillos, y las redes sociales echaban humo. En una sociedad en crisis, con millones de personas al borde de la pobreza, la impunidad por una corrupción multimillonaria es difícil de aceptar.