Huawei, un gigante que quedó atrapado en la guerra comercial

Una mujer pasa frente a un local de Huawei en Pekín
Una mujer pasa frente a un local de Huawei en Pekín Fuente: Reuters
La compañía fue el blanco directo del último decreto de Trump
Adrián Foncillas
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17 de mayo de 2019  

PEKÍN.- Washington sumó la ley anti-Huawei a su arsenal contra China . Donald Trump , presidente estadounidense, alegó anteayer una presunta emergencia nacional para aprobar un decreto que prohíbe el uso de tecnología de "adversarios extranjeros" cuando supone "riesgos inaceptables" para la seguridad del país. No fue necesario que citara a países ni compañías. Hacía meses que se esperaba la disposición presidencial para frenar la expansión de la multinacional china y el agravamiento de la guerra comercial ha vencido las reticencias del Consejo Económico Nacional. La normativa impide que compañías estadounidenses vendan tecnología a Huawei sin el permiso especial del gobierno.

La prohibición no hará a Estados Unidos más seguro ni más poderoso, respondió la tecnológica de Shenzhen horas después en un comunicado. "Solo lo forzará a usar equipos alternativos inferiores y más caros, quedando por detrás de otros países y, en definitiva, dañando a las empresas y los consumidores estadounidenses", añadió. Tampoco Pekín demoró su reacción. "Pedimos a Estados Unidos que deje de oprimir a las compañías chinas bajo el pretexto de su preocupación por la seguridad y facilite un ambiente justo y sin discriminaciones para las inversiones y las operaciones", afirmó Geng Shuang, vocero del Ministerio de Exteriores, en su rueda de prensa diaria. Las sanciones, consideró, son "vergonzosas e injustas".

Huawei se ha visto atrapada en la batalla comercial desde que Estados Unidos la calificó como un riesgo a su seguridad y prohibió la compra de sus productos a las agencias oficiales y proveedores. También ha presionado sin pausa a las cancillerías para que sigan su veto y las ha amenazado con excluirlas de sus intercambios de inteligencia. En su éxito influye más la sintonía geopolítica que los sesudos análisis técnicos: Nueva Zelanda, Australia y Japón han apartado a Huawei de sus redes 5G, mientras Alemania ha ignorado las directrices de Washington. Países que acumulan el 40% del PBI mundial han contratado ya la tecnológica china o parecen poco predispuestos a renunciar al suministrador más avanzado de redes 5G del mercado. Las europeas Ericsson y Nokia, sus principales rivales, van varias cabezas por detrás. La compañía china ha asegurado que los gobiernos que se decanten por ella "serán los más competitivos en la era del 5G" y sus economías contarán con ventaja en el inminente gran salto digital. El fragoroso debate político en Gran Bretaña epitomiza la controversia. Londres aprobó finalmente la concesión a Huawei de todos los equipos que no sean claves en la seguridad nacional.

Resistencia

Huawei resistió con paciencia confuciana la ola de insidias de Washington e incluso la detención de su directora ejecutiva en Canadá tras la petición estadounidense. Este año, agotados los canales de diálogo, demandó al gobierno estadounidense por prohibir sus productos en sus agencias y proveedores. Sostiene Huawei que aquella decisión viola al menos tres preceptos constitucionales, incluido el que prohíbe señalar a un individuo o grupo y castigarlo sin juicio.

"Todos sabemos lo que está haciendo Estados Unidos. No lo calificaré porque no sería elegante. Los países elegirán en función de sus intereses, no de los intereses de Estados Unidos. Es un líder en muchas materias, pero aquí se está comportando como un perdedor", respondió el presidente rotatorio, Guo Ping, a LA NACION en la presentación de resultados celebrada el mes pasado en Shenzhen.

Algunos gobiernos y ciudadanos conservan sus reservas a dejar que Huawei ordene el tráfico de sus datos. Son conocidas las relaciones cercanas de las multinacionales chinas con su gobierno. También la pulsión controladora y el escaso respeto a los derechos humanos de Pekín. Y no tranquiliza la ley de inteligencia nacional, aprobada dos años atrás, que obliga a organizaciones y ciudadanos a "apoyar, asistir y cooperar con el trabajo de inteligencia del Estado".

La compañía recordaba el mes pasado que pertenece a sus 90.000 accionistas y ninguna organización ni gobierno participa en la toma de decisiones. Insistió en que Pekín no les ha pedido nunca información confidencial y, si lo hiciera, optarían por afrontar las consecuencias legales porque prevalece su compromiso con los clientes. Su fundador, Ren Zhengfei, prometió que cerrará la empresa si es necesario.

Son argumentos que exigen un auto de fe. Hay otro irrebatible y que evita atribuirle al gobierno chino virtudes de las que carece o presumirles el heroico martirio a sus ejecutivos. Es el puro pragmatismo. Colocar una sola puerta trasera equivale a un suicidio comercial: el negocio del futuro, con el que China pretende alcanzar la cúspide económica, se derrumbaría sin remedio a los cinco minutos de ser descubierta. A Pekín le conviene cuidar a su gallina de los huevos de oro y alejarla de riesgos.

Song Liuping, jefe del Servicio Legal, lo resumía tras la conferencia de prensa: "El único problema es que somos chinos, nada de esto pasaría si no lo fuéramos. Y no podemos dejar de serlo", decía mientras se señalaba sus ojos rasgados.

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