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Informe de HRW: las nuevas atrocidades del régimen de Nicolás Maduro
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PARA LA NACIONDaniel Lozano
CARACAS.– "El estado de excepción ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno, que ya cuentan con un récord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos", constata José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), en el último informe de su organización.
El relato de las atrocidades sin fin del chavismo, con el beneplácito de sus jueces y de sus fiscales, suma y sigue gracias a la pandemia. Los mecanismos de terror con el objetivo de reprimir a las voces disidentes y de intensificar el control férreo sobre la población se sirven de la asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, de las descargas eléctricas en párpados y genitales, además de golpizas con tablas y encadenamientos bajo el sol o con temperaturas extremas.
Así lo documentó HRW, cuya investigación desvela el recital de abusos desde mediados de marzo contra trabajadores de la salud que cuestionan el manejo gubernamental de la pandemia, abogados de derechos humanos que brindan apoyo a manifestantes, periodistas críticos que se atreven a contradecir la versión oficial y opositores políticos. Según los datos recopilados, por lo menos 162 personas sufrieron hostigamiento y persecución, mientras el Foro Penal reportó 257 detenciones arbitrarias entre marzo y julio.
Una de las herramientas favoritas contra todos ellos, incluidos ciudadanos que publican críticas en sus estados de WhatsApp contra Nicolás Maduro , es la ley contra el odio aprobada por la Asamblea Constituyente. "Es absurda y excesivamente amplia", critica HRW, usada además para que sean procesados aquellos a quienes la revolución considera sus enemigos por "un Poder Judicial sin la más mínima independencia".
Junior Pantoja, de 58 años, figuraba en la lista de los 257 detenidos. Este exconcejal del centrista Primero Justicia y administrador de cuatro comedores populares en el barrio caraqueño de Petare, una de las mayores favelas de América Latina, es el que peor suerte ha corrido. Fue detenido durante un operativo en mayo acusado de portar cinco municiones en el bolsillo de su camisa, municiones que testigos aseguran le fueron "sembradas" por los agentes.
Durante 46 días de prisión preventiva, su salud se deterioró rápidamente: anemia, problemas renales, hinchazón en las piernas y ansiedad. A finales de junio, un tribunal sobreseyó su causa, pero su suerte ya estaba echada: Pantoja murió este mes tras sufrir complicaciones respiratorias que agravaron su salud.
"Pantoja es un ejemplo de hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen contra aquellos que tienen algún vínculo con la oposición, pero que en esencia son líderes comunitarios que están tratando de velar por el bienestar de su comunidad. Las circunstancias de su muerte no han sido corroboradas, puede ser que esté relacionado con el coronavirus. Ante la opacidad del régimen, puede que sea una de las tantas víctimas de la desidia del Estado", dijo a LA NACION Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de HRW.
Uno de los delitos de Pantoja fue recibir en uno de sus comedores al líder opositor Juan Guaidó , "por lo que quedó marcado como opositor al régimen en este afán por controlar a la población con sus fuerzas de seguridad y con el aparato judicial y sus colectivos armados", añadió Taraciuk.
Henderson Maldonado, de 30 años, también sufrió la ira de la revolución simplemente por ser abogado de derechos humanos. Militares de la Guardia Nacional (GN) lo detuvieron en marzo por tomar testimonio de las agresiones contra un grupo de enfermos de cáncer y renales, que hacían cola para conseguir tickets de nafta. Trasladado a la sede central de la GN, el coronel Franklin Meléndez lo golpeó en el rostro mientras lo insultaba y lo llamaba apátrida. Lo esposaron a una columna durante cinco horas mientras lo golpeaban en la cabeza y en las manos con una botella de agua helada.
A otro activista, Iván Virgüez, de 65 años, lo colgaron de una tubería metálica suspendida a 60 centímetros del suelo en un patio bajo el sol durante dos horas y después lo mantuvieron durante 26 horas esposado y sin poder usar el baño. A los policías no les gustaron sus críticas al gobierno en Facebook.
"En Venezuela la impunidad es un escándalo, la Justicia es un apéndice del Ejecutivo, que queda en evidencia con estos casos, donde se ve que el coronavirus no es más que un pretexto para avanzar sin vergüenza con un Estado policial que busca controlar a la población", señaló Taraciuk.
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