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La "doctrina Botín", la tabla a la que se aferra Cristina
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MADRID (DPA).- Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI de España, se sentó ayer en el banquillo de los acusados en el arranque de un juicio histórico por corrupción contra un miembro de la corona española. Cuando el proceso se retome en febrero podría, sin embargo, ya no estar allí.
La defensa de la infanta y el fiscal esgrimieron ante el tribunal la denominada "doctrina Botín", solicitando que sea exonerada de un juicio en el que comparte banquillo con otras 17 personas, entre ellas su marido.
Iñaki Urdangarin es el principal acusado en el caso Nóos, una trama de corrupción en la que usó presuntamente su condición de yerno del rey Juan Carlos para lograr contratos inflados de gobiernos regionales y otras administraciones para su empresa de eventos deportivos, el Instituto Nóos.
Luego desvió y ocultó las ganancias al fisco a través de cuentas y empresas. Una de ellas es Aizoon, en la que comparte titularidad al 50% con su mujer.
La acusación popular, que ejerce la organización Manos Limpias, solicita ocho años de cárcel para ella como cooperadora de dos delitos fiscales. El fiscal, Pedro Horrach, cree que la infanta fue utilizada por su marido y carece de culpa en los delitos cometidos por éste.
Según la "doctrina Botín", nadie puede ser juzgado por un delito de ese tipo sin ser acusado por la fiscalía o la abogacía del Estado. Es la última tabla de salvación posible ante un juicio para la infanta.
"Ninguna persona se ha sentado en el banquillo" en la misma situación, aseguró ayer el fiscal Horrach. Juzgar a la infanta "es quebrantar la igualdad y discriminarla de forma injustificada".
Las tres magistradas del tribunal de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares deben decidir antes del 9 de febrero, cuando se retoman las sesiones con el inicio de las declaraciones de los acusados, si prosiguen el proceso contra ella o la eximen.
El nombre de la "doctrina Botín" se lo dio involuntariamente a este principio jurídico el poderoso banquero Emilio Botín, presidente del Banco Santander hasta su muerte en 2014.
El Tribunal Supremo de España avaló en 2007 una decisión previa de la Audiencia Nacional, que estableció que Botín y otros directivos del banco no podían ser juzgados por delitos contra la Hacienda pública sólo por la acusación popular.
Era necesario que los acusara la abogacía del Estado representante de la Agencia Tributaria, la afectada por el delito, como en el caso de Urdangarin- o la fiscalía.
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, que investigó durante casi cinco años el entramado corrupto en torno de Urdangarin rechazó, sin embargo, la invocación de la "doctrina Botín" por un matiz: en el caso del banquero, ni la abogacía del Estado ni la fiscalía apreciaban indicios de delitos fiscales. En este caso, sí, aunque los atribuyen sólo al marido de la infanta.
El procesamiento de la infanta abrió en su día una brecha entre el juez Castro y el fiscal Horrach, que hasta ese momento caminaron juntos en la investigación de la trama corrupta.
La exoneración de la infanta causaría irritación en la sociedad española, muy sensible a los casos de corrupción tras los escándalos de los últimos años que afectaron a empresarios y a los grandes partidos políticos de España.
"Creemos que sería un verdadero escándalo que doña Cristina no tuviera que sentarse en el banquillo", consideró ayer el diario El Mundo.
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