Los jóvenes cubanos que participaron en las manifestaciones enfrentan condenas de hasta casi 20 años de cárcel

LA HABANA.- Los juicios a los detenidos por las inéditas manifestaciones del 11 de julio de 2021 continúan esta semana en Cuba, con por lo menos nueve menores de 20 años que enfrentan condenas de entre 15 y 18 años de prisión, según una agrupación local que lleva un registro de casos.

Las manifestaciones fueron las más grandes en Cuba en décadas, una avalancha de ira avivada por mensajes y videos en las redes sociales, que ha florecido en los últimos años. Los grupos de derechos humanos dicen que el gobierno ahora está llevando a cabo juicios masivos y buscando penas severas en un esfuerzo por disuadir más disturbios.

”Yo me siento demasiado mal, esto está muy feo”, dijo a las agencia AFP vía telefónica Emilio Román, afuera de un tribunal capitalino, donde este lunes eran juzgados dos de sus hijos de 25 y 17 años.

De acuerdo con el grupo 11J de Facebook, que ha realizado un seguimiento de los casos, esta semana serán juzgadas 17 personas en el Tribunal del Municipio de 10 de Octubre, en La Habana, y otras 28 en dos juicios sumarios, en la vecina provincia de Mayabeque.

Los hijos de Román están acusados de sedición, atentado y propagación del Covid-19. La fiscalía pide 20 años de cárcel para Yosney Emilio Román, de 25 años, mientras que para su hermano Emiyoslán, de 17, solicita 15 años.

Joseph González, profesor de historia cubana en la Universidad Estatal de los Apalaches, señaló que el país ni siquiera experimentó este tipo de manifestaciones durante el “Período Especial” de la década de 1990, cuando la economía se marchitó tras la desaparición de la Unión Soviética, su benefactora.

“Esto es diferente porque todos tienen un teléfono celular”, dijo a The Washington Post. “Así que esta es una ocasión muy inusual en la historia de Cuba, y el gobierno lo sabe y quiere cerrarlo”.

Las autoridades cubanas han reconocido la legitimidad de algunas de las preocupaciones de los manifestantes. La economía se vio afectada por la pandemia de coronavirus y la disminución de la ayuda del aliado socialista Venezuela; el producto interno bruto cayó un 11% en 2020. Pero las autoridades culparon de las manifestaciones a los “contrarrevolucionarios” respaldados por Washington que, según dijeron, se estaban aprovechando de una crisis causada por las sanciones económicas de Estados Unidos.

El Tribunal Supremo Popular realizó el lunes una ceremonia para analizar los “resultados e insatisfacciones” en 2021 del poder judicial, publicó la prensa local.

Su presidente, Rubén Remigio Ferro, dijo que la justicia se desempeñó en “circunstancias” muy “complejas”, y que los órganos judiciales juzgaron a los que “cometieron hechos vandálicos, agresiones violentas contra autoridades y funcionarios, y otros graves actos delictivos”, así como a quienes incumplieron las medidas contra el covid-19.

También dijo que las “debilidades” del poder judicial restan “credibilidad a la actividad judicial, y generan quejas e insatisfacciones justificadas en la población”.

Por su parte, la activista Carolina Barrero y dos disidentes más fueron detenidos cuando “se estaban manifestando pacíficamente” en las afueras del máximo tribunal “exigiendo la inmediata liberación de los presos políticos en Cuba”, informó en Twitter el grupo de reflexión política Archipiélago.

El viernes pasado la activista Saily González y familiares de Andy García, preso en la central ciudad de Santa Clara, también fueron detenidos por unas horas cuando se dirigían a su juicio.

La autoridad judicial no ha informado la cantidad de personas arrestadas y procesadas por las manifestaciones que estallaron el 11 de julio al grito de “Tenemos hambre” y “Libertad”, que dejaron un muerto y decenas de heridos.

Según la ONG de derechos humanos Cubalex, 1355 fueron detenidos, de los cuales 719 aún siguen en prisión.

”Instamos a la comunidad internacional unirse a nosotros condenando la represión generalizada de las legítimas aspiraciones del pueblo” cubano, dijo el viernes en Twitter, Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos Occidentales de Estados Unidos.

Agencia AFP