Macron busca calmar a los "chalecos amarillos" con un referéndum

PARÍS.- El sensible repliegue de la protesta de los "chalecos amarillos" en Francia , visible el sábado pasado durante la última jornada de movilización, fue eclipsado desde entonces por el espectacular lanzamiento de una reivindicación denominada Referéndum de Iniciativa Ciudadana (RIC). Dispuesto a lanzar un gran debate nacional sobre las exigencias del movimiento, el gobierno evalúa la posibilidad de implementarlo.

"El referéndum puede ser un buen instrumento en una democracia, pero no sobre cualquier cuestión ni en cualquier condición", advirtió ayer el primer ministro, Edouard Philippe.

Para el jefe del gobierno francés, "es un buen tema para el debate" que el Ejecutivo organizará en todo el país. "Como el del voto en blanco", añadió, y reconoció que el gobierno cometió "errores" por no haber escuchado lo suficiente a los franceses.

La propuesta del RIC fue leída el sábado en las escalinatas de la Ópera de París por Priscillia Ludosky y Maxime Nicolle (a) Fly Rider, voceros del sector más intransigente del movimiento.

En ese documento proponen que la concertación nacional que debe abrirse en las próximas semanas contemple introducir en la Constitución la posibilidad de adoptar una nueva forma directa de consulta si el proyecto es respaldado por 700.000 firmas. Esa idea está "destinada a instaurar una verdadera democracia", según explicaron sus promotores.

El sistema permitiría aprobar o derogar una ley, revocar de su cargo a un dirigente político (alcalde, diputado o presidente de la república) y reformar la Constitución.

El RIC constituye una versión modernizada de la exigencia de "darle la palabra al pueblo" lanzada en 1789 por los diputados más radicales de la Revolución Francesa en la Plaza del Jeu de Paume, contigua a la actual Plaza de la Concordia.

Desde la reforma constitucional de 2008, en Francia existe un referéndum de iniciativa parlamentaria. Para poner en marcha el procedimiento, es necesario reunir el apoyo de 185 diputados o senadores más 4,7 millones de electores, lo que explica por qué hasta el momento nunca fue utilizado.

El presidente Emmanuel Macron no es hostil a la adopción de algún método de "expresión directa", según aseguró en el discurso que pronunció en julio de 2017 ante las dos cámaras del Congreso. ¿Eso significa que el poder estaría dispuesto a aceptar el RIC?

El Palacio del Elíseo indicó anteayer que "no excluye ninguna hipótesis". Pero seguramente, en caso de aceptarlo, el gobierno buscará modificar su campo de acción para limitarlo a cuestiones esenciales.

El lanzamiento del proyecto del RIC tomó por sorpresa a una parte de los "chalecos amarillos". El sector más moderado del movimiento no fue consultado por sus promotores, Ludosky y Fly Rider. Los voceros de la denominada corriente "dialoguista" consideran el RIC una propuesta que no refleja la opinión de toda la base.

Esa discusión profundizó aún más las divisiones que surgieron entre los "duros" y los "blandos" en cuanto al contenido ideológico y al futuro estratégico del movimiento. Las divisiones y rivalidades internas fueron un factor de desmovilización.

El proyecto del RIC parece insinuar que una fracción de los "chalecos amarillos" se siente tentada por imprimir al movimiento una orientación más política. Pero esa alternativa, según los analistas, requiere aceptar la idea de una estructuración.

Se sabe, en cambio, que algunos de los voceros más mediáticos de los "chalecos amarillos" fueron tentados por dirigentes de diversos partidos para que acepten presentarse como candidatos en las elecciones para el Parlamento Europeo, en mayo próximo.

Ese atractivo se incrementó con el resultado de un reciente sondeo del instituto Ipsos que indica que una lista del movimiento en las próximas europeas podría obtener el 12% de los votos.

A la espera de una definición sobre el futuro del movimiento, ayer el gobierno hizo público el fuerte impacto fiscal que tendrán las medidas anunciadas para aplacar las protestas.

Según Philippe, esas concesiones superan los 10.000 millones de euros y elevarán el déficit público al 3,2% del PBI. Muy por encima del 2,8% previsto.