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El pasado 9 de julio, Catalina Giraldo murió mediante eutanasia en Colombia luego de una prolongada batalla judicial y médica para acceder al suicidio asistido. La psicóloga, de 30 años, padecía desde hacía años trastornos psiquiátricos graves y sostenía que su sufrimiento era incompatible con una vida digna.
A los 20 años le diagnosticaron trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado. Durante casi una década atravesó decenas de tratamientos, entre ellos más de 40 esquemas farmacológicos, tres ciclos de terapia electroconvulsiva, tratamiento con ketamina y nueve hospitalizaciones psiquiátricas por intento de suicidio.
Su caso se hizo público cuando solicitó formalmente acceder a la Asistencia Médica al Suicidio (o suicidio asistido), una práctica despenalizada en Colombia desde 2022. A diferencia de la eutanasia, en esta práctica es el propio paciente quien administra la medicación proporcionada por un profesional de la salud, mientras que en la eutanasia es el médico quien aplica directamente el procedimiento.
Si bien el procedimiento no está penado por la ley, la falta de reglamentación impidió que Giraldo pudiera acceder a esta alternativa. La joven finalmente optó por solicitar la eutanasia, procedimiento que sí cuenta con protocolos establecidos en el sistema de salud colombiano.
Horas antes de morir, la mujer concedió una entrevista al medio local Noticias Caracol y habló sobre su decisión. “Me siento muy tranquila. Hace muchos años no sentía esta tranquilidad”, reflexionó y sumó: “Quita un peso inmenso saber que tu sufrimiento no va a prolongarse indefinidamente en el tiempo sino que más bien puedes pararlo, puedes detenerlo, puedes decir que es suficiente”.
El caso —así como lo fue el de Noelia Castillo, la joven española de 25 años que accedió a la eutanasia a finales de marzo por dolencias físicas— puso en el centro del debate la posibilidad de acceder a estos procedimientos cuando el sufrimiento es exclusivamente psíquico.
Tanto la eutanasia como el suicidio asistido están despenalizados en Colombia para los casos en que la persona padezca una “enfermedad grave e incurable que le produce un sufrimiento físico o psicológico que no es compatible con su idea de una vida digna”. A pesar de lo que establece la normativa, a Giraldo le negaron varias veces el acceso a la muerte digna debido a que la ley no precisó el alcance respecto de los trastornos de la salud mental.
El caso de la psicóloga fue el primero en plantear la solicitud de suicidio asistido de manera formal. Si bien libró junto a su abogado, Lucas Correa Montoya, una batalla legal para ser la primera colombiana en acceder a la asistencia médica al suicidio, el tiempo pasó y el beneficio no le fue otorgado. Ahí fue cuando decidió optar por la vía de la eutanasia.
“Llegar a esa decisión no fue fácil”, contó durante la entrevista horas antes del procedimiento. “Me negaba a solicitar nuevamente la eutanasia porque sentía que estaba traicionando esta lucha, que no estaba siendo fiel a mis principios. No siento que me esté rindiendo; siento que estoy entregando un poco ahora la responsabilidad a otros”, afirmó.
“El punto de quiebre fue la última hospitalización que tuve porque el riesgo de suicidio era muy alto”, recordó y explicó: “Me vi en una cama de hospital por un número de veces que ya olvidé. No podía caminar; estaba muy restringida porque estaba en un área de supervisión. Entonces me dije a mí misma que no podía volver a estar en ese lugar”, contó. Fue allí cuando solicitó un segundo comité para acceder a la eutanasia.
Colombia es uno de los países del mundo que más avanzó en reconocer el derecho a la muerte digna y crear mecanismos para que sus ciudadanos puedan acceder. En 2024, 352 personas accedieron a la eutanasia y el número crece año tras año.
La ausencia de reglamentación en cuanto a salud mental en el suicidio asistido tiene que ser resuelta por el Congreso de la República ―que debe expedir una ley para regularlo― y por el Ministerio de Salud colombiano ―que tiene que reglamentarlo―. Hasta el momento, ninguno de los dos tomó cartas en el asunto.
Sin embargo, Giraldo dejó un último mensaje para que la Corte Constitucional cambie la normativa en un futuro: “Esta lucha no termina conmigo. Yo voy a fallecer en las próximas horas, pero no fallece conmigo este proceso. Hay personas que lo necesitan de manera urgente y prioritaria; hay personas que sufren y que se suicidan todos los días”.
