Perú: la fiscalía amplía la investigación contra el presidente Pedro Castillo por organización criminal
El mandatario es acusado de tráfico de influencias y colusión agravada, entre otros cargos; ya fue notificado y deberá presentarse para una declaración indagatoria
LA NACION
La fiscalía de Perú dio a conocer este domingo su decisión de ampliar una investigación al presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada.
”El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la investigación preliminar contra el presidente, Pedro Castillo, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada”, comunicó el Ministerio Público peruano, en Twitter.
Y continuó: “Sin perjuicio de otros delitos que se puedan advertir en el curso de las investigaciones. La investigación, inicialmente abierta contra el exministro Juan Silva y seis congresistas, fue ampliada luego de un análisis técnico jurídico, ante la seriedad y gravedad de las imputaciones”.
Además, el organismo señaló que Castillo fue notificado y que “tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa, y el respeto al artículo 117° de la Constitución Política”.
“El presidente de la República fue notificado de la presente disposición, y se ha ordenado su declaración indagatoria, en adición a las demás diligencias ya dispuestas anteriormente, las que permitirán el debido y necesario esclarecimiento de los hechos”, agregaron.
Con esta determinación, Castillo ahora será incluido en el caso del consorcio “Puente Tarata III”, en el que se investiga si un exministro de Transportes, seis congresistas, un exsecretario general de la presidencia y dos sobrinos del presidente peruano conforman una supuesta red criminal encabezada por el propio mandatario.
La empresaria lobista Karelim López fue quien acusó tanto al presidente como a su entorno más cercano, incluidos varios sobrinos, de haber sido parte de una red criminal con el objetivo de adjudicar ilegalmente contratos y obras en el Estado.
En ese sentido, López contribuye en la investigación con la fiscalía bajo el paraguas jurídico de una “colaboración eficaz”. En el caso de comprobarse sus acusaciones, podría obtener una menor pena en caso de que sea condenada por la justicia, ya que su empresa ganó una licitación de un contrato por alrededor de 57,6 millones de dólares.
El escándalo salió a la luz cuando se dieron a conocer detalles de algunas gestiones de López con Castillo para que el consorcio conocido como “Puente Tarata III” ganase un concurso público para construir un puente en la región San Martín. Castillo, sin embargo, niega estas acusaciones.
De acuerdo con la legislación peruana, no es posible investigar a un presidente mientras esté en el poder. El mandato de Castillo recién finaliza en julio de 2026.
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