Donald Trump tiene mucho para perder en su guerra con Twitter

NUEVA YORK.- El presidente Trump, que construyó su carrera política con el incendiario poder de fuego de su cuenta de Twitter, ahora está furioso porque la empresa del pajarito pretende chequear sus mensajes, y ha decidido declararle la guerra. Pero el castigo que el mandatario planea contra Twitter podría hacer que todas las redes sociales restrinjan aún más a los usuarios que son precisamente como Trump.

El decreto presidencial que Trump firmó anteayer busca despojar a empresas como Twitter, Google y Facebook de su "responsabilidad limitada" por el contenido de sus sitios, o sea que podrían ser objeto de demandas judiciales si permiten posteos falsos o difamatorios. Sin ese escudo de protección que limita su responsabilidad por los contenidos publicados en las plataformas, las empresas tendrían que implementar una política de monitoreo y control mucho más agresiva sobre los mensajes que llegan al límite, precisamente, como los del presidente norteamericano.

Por supuesto que el objetivo de Trump no es ese, sino tener la libertad de postear lo que se le ocurra sin que las empresas emitan juicio alguno sobre sus menajes, como hizo Twitter esta semana cuando empezó a agregarle el aviso de "verificar datos" a algunos de los posteos de Trump con falsedades sobre un fraude electoral. Furioso por ese acto de "censura", según sus palabras -aunque sus mensajes no fueron eliminados-, Trump ahora blande su decreto presidencial como una maza para obligar a las empresas a dar marcha atrás. Lo peor es que tal vez ni siquiera surta efecto. Muchos juristas ya adelantaron que Trump se atribuye el poder de hacer algo que no puede hacer, con una reinterpretación del artículo 230 de la ley de decencia en las comunicaciones, la norma aprobada por el Congreso en 1996 que sentó las bases de los medios digitales. Los expertos legales predicen que el decreto de Trump será desafiado en los tribunales y seguramente derogado.

Pero lo más desconcertante del decreto de Trump es que dinamita los cimientos mismos de la ley que le permitió a él mismo publicar impunemente una carrada de mensajes incendiarios y amenazantes con distorsión de los hechos que ahora las empresas de medios digitales se sentirán obligadas a borrar, si el decreto de Trump les impone las mismas responsabilidades legales que tienen los editores tradicionales y que los "distribuidores" no tienen.

"Lo más irónico es que tal vez nadie se haya aprovechado tanto del artículo 230 como Donald Trump", dice Kate Ruane, consejera legislativa de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que salió a oponerse de inmediato al decreto presidencial.

Trump siempre ha posteado mensajes falsos y denigratorios a sus 80 millones de seguidores en Twitter, desentendiéndose de toda queja sobre la veracidad de sus afirmaciones. Trump y sus aliados argumentan que las redes sociales han demostrado tener un tendencioso sesgo anticonservador y deben ser controladas. Y señalan que si bien se trata de empresas privadas y no gubernamentales, se han convertido, de hecho, en esa "plaza pública" que vislumbraron los padres fundadores cuando redactaron la primera enmienda, y que por lo tanto no deberían ponerse de un lado ni del otro.

El decreto firmado por Trump establece que los proveedores online que intervengan en algunos tuits más allá de ciertos límites "deberían perder la protección de responsabilidad limitada" que les brinda la ley "y quedar expuestos a las responsabilidades del caso, como cualquier editorial y publicación tradicional que no es una proveedora online".

El decreto le solicita a la Comisión Federal de Comunicaciones la redacción de una normativa a esos efectos, y le ordena a la Comisión Federal de Comercio que considera acciones administrativas contra los proveedores que "restrinjan la libertad de expresión de una manera que contradice las manifestaciones públicas de dichas entidades sobre dichas prácticas".

Eric Goldman, profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de Santa Clara y director del Instituto de Leyes de Alta Tecnología dice que el decreto "no tiene la menor chance en los tribunales", pero que podría causar algún daño hasta que las presentaciones lleguen a la Justicia. "El artículo 230 es un festín para la polémica, y este decreto le echa nafta al fuego".

Si bien los tribunales norteamericanos suelen ponerse del lado de las empresas de internet, el Congreso es otra historia. Tanto demócratas como republicanos tienen entre ceja y ceja la protección de la que gozan las redes sociales, aunque por motivos deferentes. Los republicanos acusan a las empresas de censurar a las voces conservadoras, violando así el espíritu de la ley que consagra a internet como un foro de diversidad para el debate político. Los demócratas, por su lado, argumentan que las empresas no hacen lo suficiente para retirar de las redes los contenidos problemáticos o para aplicar una política más efectiva contra el ciberacoso.

Traducción de Jaime Arrambide