Un juicio histórico sentó en el banquillo a la hermana del rey

PALMA DE MALLORCA, España.- Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, se convirtió ayer en el primer miembro de la casa real española en sentarse en el banquillo, acusada de haber ayudado a su marido, Iñaki Urdangarin, a evadir dinero conseguido ilícitamente.

La sesión inicial del juicio por corrupción, que se celebra en Palma de Mallorca en medio de una alta expectativa mediática y social, podría sin embargo ser la última para ella: la defensa y el fiscal pidieron sacarla del histórico proceso.

De hecho, el tribunal admitió un informe de Hacienda que exonera a la infanta de delito fiscal en el caso, una medida que favorece la estrategia de la defensa de Cristina para que ésta no se siente más en el banquillo de los acusados.

Nunca un familiar del rey había tenido que responder ante la justicia. El llamado caso Nóos hizo tambalear los cimientos de la monarquía y contribuyó decisivamente a la abdicación del rey Juan Carlos I en su hijo Felipe hace año y medio.

En el banquillo se sientan 18 personas. Cuñado del rey Felipe VI, Iñaki Urdangarin es el centro de un entramado que consiguió presuntamente suculentos contratos de administraciones públicas aprovechándose de su condición de yerno del anterior monarca.

El caso toma el nombre de la organización vinculada al mundo del deporte que dirigía Urdangarin, el Instituto Nóos. Habría desviado más de 6 millones de euros de dinero público a través de un entramado empresarial. El fiscal pide 19 años y medio para él.

Su mujer está inculpada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales de su marido por la acusación popular, que pide ocho años de cárcel para ella. Es copropietaria junto a Urdangarin de Aizoon, una de las empresas a través de las cuales se ocultó dinero al fisco.

La infanta Cristina, de 50 años, y su marido, de 47, llegaron juntos en un automóvil al lugar del juicio una hora antes de su inicio y se sentaron con semblante serio y demacrados en la tercera y última fila del banquillo, separados entre sí por tres acusados.

Durante las 13 horas que duró la vista apenas se miraron. En la pared de enfrente, como en toda sala institucional, colgaba un retrato de Felipe de Borbón. Al convertirse en rey, Felipe VI levantó un muro de contención frente a ellos: sacó a la infanta de la familia real, le retiró el pasaporte diplomático y le quitó el ducado de Palma que le había otorgado su padre con motivo de su boda, en 1997 (ver aparte).

Para la hermana del rey podría ser la primera y la última sesión ante el tribunal de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares que integran tres magistradas. Tal y como anunciaron, su defensa y el fiscal pidieron su exoneración del juicio porque sólo la inculpa la acusación popular, que ejerce la organización Manos Limpias.

Recurrieron para ello a la "doctrina Botín", un precepto jurídico al que el banquero Emilio Botín dio involuntariamente nombre cuando un caso lo afectaba (ver aparte). El Tribunal Supremo fijó que nadie puede ser juzgado por delitos fiscales si no lo acusan la fiscalía ni la abogacía del Estado.

Hacerlo sería una "discriminación no justificada", dijo el fiscal, Pablo Horrach, que en su día se enfrentó por ello al juez instructor del caso, José Castro, con quien hasta ese momento había caminado de la mano en la investigación de la trama de corrupción.

El abogado de la infanta, Jesús María Silva, aportó al tribunal diez sentencias que desarrollan la doctrina.

"Solicitamos la nulidad del auto de apertura de juicio oral en lo relativo a Cristina de Borbón", dijo el letrado. Desde el banquillo lo escuchaba la infanta, que aguantó la sesión seria y erguida, tratando de no crispar el rostro.

La abogada de Manos Limpias defendió que dejarla fuera del proceso "perjudicaría a la justicia española, dejaría perjudicada a la corona y la propia infanta quedaría estigmatizada socialmente".

Junto a la hermana y el yerno del rey están acusados el ex socio de Urdangarin Diego Torres y su mujer, así como políticos y ex altos cargos públicos, entre ellos el ex jefe del gobierno de las Islas Baleares Jaume Matas, ministro de Medio Ambiente con José María Aznar. Ninguno tomó ayer la palabra en una sesión dedicada a cuestiones previas como la aplicación de la "doctrina Botín" a la infanta.

El tribunal desestimó la petición de la defensa de Torres para que se llamara a declarar como testigo a Juan Carlos I y al rey Felipe.

El proceso, que previsiblemente durará hasta junio, se retomará el 9 de febrero, un mes en el que ya declararán los acusados. Antes de esa fecha, el tribunal debe decidir si sigue juzgando a la infanta. Ante su magnitud, con 18 acusados, numerosos abogados y unos 600 periodistas acreditados, la Audiencia Provincial de las Islas Baleares trasladó el proceso a una escuela de administración pública en una zona de las afueras de la ciudad de Palma.

La vista oral de ayer es la culminación de una investigación resumida en medio centenar de tomos y 76.000 fojas, que comenzó el 20 de julio de 2010, y en el que está previsto que declaren más de 350 testigos.

• En medio de un nuevo impulso del desafío secesionista catalán, el rey Felipe VI no recibió en el Palacio de la Zarzuela a la presidenta del Parlamento de Cataluña, la independentista Carme Forcadell, para tomar nota oficialmente del nombre del nuevo presidente de la región española.
• La casa real remitió ayer un mensaje a la Legislatura catalana en el que instaba a comunicar "por escrito" en vez de personalmente la investidura del presidente elegido anteayer, el secesionista Carles Puigdemont.
• El sucesor de Artur Mas al frente de la Generalitat, tras ser investido el domingo, se comprometió a guiar a Cataluña hacia la ruptura con España, que desde el 20 de diciembre tiene un gobierno en funciones después de que los resultados de las elecciones generales no determinaron un ganador que pudiera formar gobierno.

Agencias AFP, DPA, EFE y Reuters

LA NACION

• La infanta Cristina, a juicio

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