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Una insólita extorsión podría salvar a la infanta Cristina
Los acusadores que la implicaron en los negociados de su marido ofrecieron levantar los cargos por tres millones de euros
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LA NACIONMartín Rodríguez Yebra
MADRID.- La libertad de Cristina de Borbón costaba tres millones de euros. Así se lo transmitió el mes pasado a los abogados de la infanta el sindicato Manos Limpias, que mantiene la única acusación contra ella en el juicio oral por el caso Nóos. Si pagaban, se retiraba la querella.
El intento de chantaje salió a la luz el último fin de semana, el jefe de Manos Limpias cayó preso y la hermana del rey Felipe VI quedó más cerca de ser absuelta: como a ella la fiscalía y la abogacía del Estado la consideran inocente, todo el peso de la causa en su contra se sostiene en una entidad sospechada ahora de ser una organización criminal para extorsionar a políticos y empresarios.
La noticia trastocó el juicio que desde enero se sustenta en Palma de Mallorca. La abogada Virginia López Negrete, que lleva la voz contra la infanta, se despegó de la causa contra sus clientes de Manos Limpias y ratificó que seguirá adelante con la acusación. Pero en ámbitos jurídicos ven difícil que la ofensiva pueda prosperar con lo que está saliendo a la luz. El sindicato tiene las cuentas bloqueadas y su actividad podría ser suspendida en el curso de la investigación.
Cristina de Borbón, de 50 años, está imputada por dos delitos fiscales como presunta colaboradora en la evasión y el lavado de dinero que, según se sospecha, ejecutó su esposo, Iñaki Urdangarin, a través de la falsa ONG Instituto Nóos. Manos Limpias pide ocho años de prisión para ella.
A Urdangarin sí lo acusan el fiscal y el representante del gobierno, por lo que este nuevo affaire no debería influir en su suerte. Soporta ocho cargos vinculados con un fraude con dinero público que podrían derivar en una condena de hasta 19 años de cárcel.
La voluntad delictiva de los acusadores quedó al descubierto en parte gracias a la denuncia de los abogados de la infanta, Miquel Roca y Pau Molins. Según consta en el expediente judicial, la maniobra la encabezaba Luis Pineda, director de una organización de consumidores llamada Ausbanc. Pineda trabajaba en tándem con Miguel Bernard, fundador de Manos Limpias, un supuesto sindicato de funcionarios que no tiene afiliados y cuya única actividad pública conocida consiste en presentar denuncias resonantes sobre presunta corrupción de personajes relevantes.
En marzo, Pineda llamó al Banco de Sabadell, de cuyo directorio es miembro Roca, para abrir una "negociación" que derivara en el retiro de la querella. El directivo del banco que actuó como intermediario le dijo a Pineda que Roca lo recibiría en Madrid al día siguiente. Pero al mismo tiempo se presentó a la policía para denunciar lo que estaba ocurriendo.
Roca manifestó en la causa que "no quería celebrar la entrevista con Pineda por razones deontológicas, pero que tenía cierta curiosidad por lo que podía proponerle". En la reunión, celebrada el 15 de marzo, el jefe de Ausbanc le comentó que habían tenido muchísimos gastos procesales, del orden de los tres millones de euros. El abogado declaró luego que allí dio por terminada la conversación, al interpretar que estaba pidiendo ese dinero a cambio de exculpar a la infanta.
A partir de entonces avanzó una amplia investigación contra Manos Limpias y Ausbanc, en la que surgieron indicios de que habían extorsionado a banqueros, empresarios y políticos para retirar demandas que los involucraban. Del contenido de escuchas telefónicas incluidas en el expediente surge que consiguieron dinero (un millón de euros) por lo menos en el caso de un directivo del banco Unicaja.
Entre las grabaciones hay una charla entre Pineda y Javier Castro, director de comunicación de Manos Limpias, en la que el primero dice que la abogada López Negrete "se ha pasado" en su interrogatorio a la infanta durante el juicio. "Habrá que hacer lo que deba hacerse, no lo que le guste a ella. Aparte, su momento de gloria ya lo ha tenido", dice. Les preocupaba que la posición dura de la querellante -que no es miembro de la organización, sino su representante en esta causa- complicara el acuerdo económico por debajo de la mesa con el que soñaban.
Pineda y Bernard fueron enviados a prisión sin fianza, acusados de los delitos de extorsión, organización criminal, fraude contra la hacienda pública y falsedad documental.
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