Una mancha de aceite que se expande por América Latina

Hugo Alconada Mon
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22 de marzo de 2019  

Lava Jato es una mancha de aceite. Viscosa e imparable, avanza sobre el entramado político, empresario, sindical y social de Brasil, pero también de una decena de países de África y América Latina. Entre ellos, la Argentina, con derivaciones que todavía oscilan entre las especulaciones y las sorpresas.

La investigación comenzó en Brasil, en marzo de 2014, mientras la Policía Federal de ese país investigaba a un puñado de cambistas ilegales -conocidos en la jerga de ese país como "doleiros"-, liderados por Alberto Youssef, veterano de otras tropelías financieras delictivas.

Cinco años después, el Lava Jato encarna un punto de inflexión en las investigaciones sobre corrupción en el hemisferio. Entre otros motivos, porque llevó a prisión a dos expresidentes (Luiz Inacio Lula da Silva, condenado; Michel Temer, detenido) y a algunos de los máximos empresarios del continente, como Marcelo Odebrecht.

Lula, Temer y Odebrecht, sin embargo, apenas encarnan los rostros más visibles de una investigación criminal que ya alcanzó condenas contra gobernadores, senadores, diputados, lobistas y empresarios por 2242 años y 5 días, según datos oficiales del Ministerio Público Fiscal.

No solo eso. Los investigadores también lograron recuperar 13.000 millones de reales (algo más de 3400 millones de dólares al tipo de cambio actual), entre decomisos, multas y acuerdos de colaboración individuales y de leniências empresarias.

Eso no es todo. La petrolera estatal brasileña Petrobras reembolsó 2500 millones de reales (unos 650 millones de dólares) que empresas, políticos y sus propios ejecutivos infieles habían saqueado de sus arcas.

Y, por si fuera poco, los organismos administrativos -equivalentes al Tribunal de Cuentas, la Contaduría y a la Sindicatura General en la Argentina- avanzaron contra 63 personas, 18 empresas y tres partidos políticos para imponerles la "improbidad administrativa".

Es decir, que no podrán competir por cargos públicos, en el caso de las personas, ni licitaciones federales, si de empresas se tratan, durante varios años, además de reclamarles otros 18.300 millones de reales, lo que equivale a poco más de 4815 millones de dólares.

A esos avances dentro de Brasil se suman las ramificaciones internacionales de la mancha de aceite. Así, Odebrecht y otras empresas debieron admitir en Estados Unidos, donde cotizan en bolsa, y otros países que pagaron sobornos a presidentes, ministros, funcionarios y líderes opositores de todo el continente, así como que participaron en carteles para ganar contratos en perjuicio de las arcas públicas.

Solo Odebrecht admitió que pagó "propinas" en la Argentina, México, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Panamá, Guatemala y República Dominicana, ya fuera por cuenta propia o en alianza con "socios locales".

Así ocurrió, por ejemplo, en la Argentina, según confesaron exejecutivos de Odebrecht ante la Justicia brasileña. Detallaron que para ganar negocios en la Argentina aceptaron las reglas delictivas comunicadas por el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Enrique Wagner, y por el colaborador de Ángelo Calcaterra en la constructora Iecsa, Javier Sánchez Caballero.

Los "delatores" de Odebrecht también relataron que esos acuerdos delictivos sufrieron un cimbronazo tras la muerte del expresidente Néstor Kirchner, en octubre de 2010. Pero que todo se reencauzó cuando, según ellos, apareció en escena Jorge "Corcho" Rodríguez como el nuevo intermediario entre ellos y el equipo del ministro de Planificación Federal Julio de Vido.

¿Eso es todo? No. Porque las evidencias que acumuló Brasil sobre las coimas de Odebrecht en la Argentina continúan en ese país, disponibles desde el 1° de junio de 2017, a la espera de que la Justicia argentina resuelva las trabas burocráticas y las solicite.

Mientras tanto, la mancha viscosa del Lava Jato ya provocó renuncias, arrestos, procesamientos y hasta condenas de exfuncionarios -expresidentes incluidos- en varios países del hemisferio, con la excepción notable de Venezuela.

En la Argentina, en tanto, la Justicia avanza y ya dictó algunos procesamientos sobre tres proyectos en los que participó Odebrecht: la extensión de las redes troncales de gasoductos, la construcción de una planta potabilizadora de agua en Paraná de las Palmas y el proyecto para soterrar el tren Sarmiento.

Pero mucho más queda por desentrañar. Entre otros motivos, porque otras ramificaciones aún se investigan en Brasil, pero no en la Argentina -por ejemplo, cómo y por qué fue el vínculo entre el actual jefe de la inteligencia argentina, Gustavo Arribas, y el "doleiro" condenado en Brasil Leonardo Meirelles-. Y porque el Lava Jato excede por mucho a Odebrecht. Otras varias empresas condenadas en Brasil operaron en la Argentina y sus eventuales tropelías continúan en las sombras.

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