Aliado de Maduro se declara culpable de lavado de dinero en juicio en EE.UU.
MIAMI (AP) — Un estrecho aliado del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro se declaró culpable el martes de un único cargo de lavado de dinero vinculado a una presunta conspiración de sobornos para obtener lucrativos contratos gubernamentales en el país sudamericano.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Alex Saab aceptó cooperar en las investigaciones federales en curso y entregar 195 millones de dólares en ganancias ilícitas provenientes del esquema de corrupción.
Saab, de 54 años, fue deportado en mayo por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Estados Unidos, que ha tenido en la mira al empresario nacido en Colombia desde hace más de una década.
El delito de lavado de dinero conlleva una pena máxima de 20 años, pero los fiscales aceptaron recomendar una condena en el extremo inferior del rango recomendado y solicitar reducciones adicionales si su cooperación, incluso contra cuatro coacusados no identificados, resulta valiosa.
Saab fue acusado durante el primer gobierno de Trump en 2019 y luego fue arrestado durante una escala para reabastecimiento de combustible en Cabo Verde, en lo que el gobierno venezolano describió como una misión humanitaria a Irán.
En el tribunal el martes, Saab le dijo a la jueza Kathleen Williams que toma a diario el antidepresivo Zoloft y otros medicamentos para lo que describió como “trastorno de estrés postraumático” tras su arresto en 2020.
El presidente Joe Biden indultó a Saab en 2023 a cambio de la liberación de varios estadounidenses encarcelados en Venezuela. El acuerdo, parte de un esfuerzo fallido de la Casa Blanca de Biden para convencer a Maduro a que celebre elecciones justas, fue duramente criticado por republicanos y funcionarios policiales quienes de inmediato comenzaron a investigar a Saab por otros presuntos delitos no cubiertos por el indulto.
Funcionarios de Estados Unidos han descrito a Saab como el “recaudador” de Maduro y podrían pedirle que actúe como testigo de carácter contra el expresidente, quien espera juicio por cargos de narcotráfico en Manhattan tras ser capturado en un operativo estadounidense en enero.
La nueva acusación en Estados Unidos contra Saab y Maduro se produce mientras el gobierno de Trump reestructura las relaciones con Venezuela, centrando su atención en aprovechar las vastas reservas petroleras del país sudamericano. Este mes, Trump anunció una alianza con el empresario venezolano Alejandro Betancourt, mediante la cual el gobierno de Estados Unidos obtendrá una participación y acceso a envíos de crudo a precio de costo procedentes de yacimientos con potencial para producir 65.000 millones de barriles.
Saab era poco conocido incluso en Venezuela hasta después de su primer arresto en 2020, cuando el gobierno de Maduro invirtió enormes recursos para movilizar apoyo público a favor de su liberación.
Rodríguez, que entonces se desempeñaba como vicepresidenta, ayudó a impulsar una campaña internacional en la que se refirió a Saab como un diplomático inocente que había sido “secuestrado” por Estados Unidos.
Pero tras la captura de Maduro, Rodríguez tomó distancia de Saab, lo destituyó de su gabinete y le retiró su papel como principal conducto para las empresas extranjeras que buscaban invertir en Venezuela.
Saab amasó una fortuna mediante contratos con el gobierno venezolano, pero se volvió aún más valioso para Maduro a medida que las sanciones de Estados Unidos obligaron a Venezuela a realizar gran parte de sus ventas de petróleo y su comercio exterior fuera de las instituciones financieras occidentales.
La nueva acusación sostiene que Saab y otros establecieron una red de empresas para sobornar a funcionarios venezolanos que controlaban contratos para el llamado programa CLAP, una iniciativa lanzada por Maduro para proporcionar productos básicos —arroz, harina de maíz, aceite de cocina— a los venezolanos pobres en un momento de hiperinflación y depreciación de la moneda.
Como parte de la presunta conspiración, Saab ayudó a crear empresas ficticias, falsificar registros de envío y desviar fondos de contratos gubernamentales para importar alimentos desde Colombia y México. Los conspiradores también accedieron a miles de millones de dólares provenientes de ventas de petróleo de la empresa estatal PDVSA, según la denuncia penal. _________________________________
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
