El ICE está en riesgo: la crisis operativa que podría paralizar las redadas contra inmigrantes en EE.UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se encuentra al borde de una crisis operativa. La agencia encargada de arrestar, detener y deportar a inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos superó su presupuesto asignado para el año fiscal, con poco más de seis meses aún por delante. Esta situación podría paralizar distintos operativos, así como también dejar sin respaldo legal el gasto público, a menos que el Congreso apruebe el proyecto de ley “One Big Beautiful Bill Act”, que le daría un alivio económico.

El futuro del ICE está estrechamente vinculado al “One Big Beautiful Bill Act” (Gran y Hermoso Proyecto de Ley, en español), el paquete legislativo promovido por Donald Trump. Este proyecto contempla una fuerte inyección de recursos para reforzar la seguridad fronteriza, elevar salarios en agencias migratorias y ampliar las capacidades de detención y deportación. Mientras el Senado retrasa su votación, la agencia ya opera en números rojos.

De acuerdo con cálculos de legisladores del Comité de Asignaciones retomados por Axios, la agencia gastó aproximadamente US$1000 millones de dólares más de lo autorizado. El aumento en operativos diarios, en consonancia con el nuevo objetivo de 3000 arrestos por jornada, sobrecargó los centros de detención y disparó los costos logísticos y administrativos. Actualmente, el sistema carcelario migratorio funciona por encima de su capacidad estimada de 41.000 camas y no se espera un descenso en el corto plazo.

Además, la necesidad de encontrar nuevas instalaciones dentro y fuera de EE.UU. para ampliar la red de detención representa una presión adicional sobre el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Según Axios, la agencia solicitó al Congreso al menos US$2000 millones adicionales para cubrir los gastos hasta septiembre.

La senadora Katie Britt, presidenta del subcomité del DHS en la Cámara Alta, indicó que el financiamiento adicional “está en proceso” y reconoció que la situación es crítica. Mientras tanto, la Oficina de Administración y Presupuesto fue señalada por falta de transparencia en la distribución de fondos.

Ante este escenario, la administración Trump insiste en la urgencia de aprobar el “One Big Beautiful Bill Act”, una ley que propone destinar US$75.000 millones al ICE en los próximos cinco años. El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Representantes, con apoyo exclusivo del bloque republicano, y actualmente se encuentra en revisión en el Senado.

La propuesta incluye múltiples medidas, desde recortes fiscales hasta cambios en el sistema de salud. Sin embargo, uno de sus pilares centrales es la ampliación del aparato migratorio. Esto incluye la contratación de 10.000 nuevos agentes del ICE, 3000 efectivos adicionales para la Patrulla Fronteriza y la construcción de nuevas barreras físicas en la frontera con México.

Para la Casa Blanca, este proyecto es la piedra angular de su estrategia migratoria. Según afirmó la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, el proyecto permitiría brindar los recursos necesarios. “El ‘Gran y Hermoso’ proyecto del presidente Trump es fundamental para garantizar que tengamos los fondos para proteger nuestra patria durante generaciones y cumplir con el mandato del pueblo estadounidense en materia de seguridad”, explicó.

En caso de que el Senado no apruebe el proyecto a tiempo, el gobierno podría declarar una emergencia nacional para redirigir fondos desde otras agencias hacia el ICE. Ya en 2020, durante su primer mandato, Trump utilizó esta vía para pasar más de US$3800 millones del Pentágono a la construcción del muro fronterizo, según un artículo de NPR.

Expertos legales advirtieron que este movimiento, aunque respaldado por leyes de emergencia nacional, podría abrir nuevas disputas sobre el uso discrecional del presupuesto federal. Chris Marisola, profesor de derecho en la Universidad de Houston, explicó al medio estadounidense que estas herramientas legales permiten al presidente acceder a facultades amplias, pero su uso reiterado podría debilitar el control presupuestario del Congreso.

Otra alternativa es que el ICE opere sin fondos, lo cual implicaría una posible violación de la Ley Antideficiencia. Esta legislación prohíbe a las agencias gastar dinero sin autorización legislativa y los funcionarios responsables podrían enfrentar consecuencias legales.