La nueva ley firmada por Ron DeSantis que declara “países extranjeros de preocupación”: incluye dos naciones latinas

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una nueva legislación que impone restricciones severas a empresas, entidades y personas vinculadas a ciertas naciones consideradas por el estado como amenazas estratégicas. La normativa, que entra en vigor el 1° de julio de 2025, apunta específicamente a limitar la influencia extranjera en sectores sensibles como la investigación genética, los contratos públicos y las licencias sanitarias. Entre los países señalados se encuentran dos de América Latina: Cuba y Venezuela.

La legislación, identificada como CS/CS/SB 768 y titulada Foreign Countries of Concern, prohíbe la utilización de ciertos programas informáticos en laboratorios, impide contratos estatales con empresas conectadas a países considerados hostiles, y exige mayor transparencia sobre inversiones y relaciones comerciales con estas naciones.

La medida se suma a una serie de iniciativas previas impulsadas por DeSantis con el objetivo de cortar lazos con potencias extranjeras consideradas adversarias por su gobierno.

Según el texto legal, los países identificados como “extranjeros de preocupación” son:

• China
• Rusia
• Irán
• Corea del Norte
• Cuba
• Venezuela
• Siria

La ley menciona que cualquier laboratorio regulado por el Departamento de Salud de Florida no podrá utilizar software operativo o de investigación genética desarrollado en alguno de estos países, por empresas estatales o compañías con sede en dichos territorios.

Una de las disposiciones más destacadas del texto legal afecta directamente a los laboratorios que realizan análisis o secuenciación genética en el estado. La nueva normativa prohíbe el uso de todo software vinculado, directa o indirectamente, a los países mencionados como peligrosos.

Según detalla la legislación:

• Ningún laboratorio autorizado por la Florida podrá usar programas informáticos operativos ni de investigación genética desarrollados en países de preocupación.
• La prohibición alcanza también a los programas creados por empresas de esos países o por compañías estatales bajo su jurisdicción.
• La norma busca evitar que tecnologías sensibles sean controladas por gobiernos que, según las autoridades floridanas, representan riesgos de seguridad nacional o cibernética.

Otra sección de la ley impacta en las licencias estatales, especialmente en el ámbito sanitario. Los titulares de licencias, como hospitales o clínicas, deberán asegurarse de no tener vínculos financieros ni comerciales con entidades relacionadas con los países de preocupación.

La legislación indica lo siguiente:

• Las entidades licenciadas deberán garantizar que ninguna persona o empresa que posea un interés de control, directa o indirectamente, mantenga relaciones comerciales con un país de preocupación.
• Se define “relación comercial” como cualquier forma de transacción económica: compra, venta, desarrollo, operación de equipos o servicios, propiedad de bienes muebles o inmuebles, entre otros.
• Si una entidad licenciada no puede obtener garantías de terceros que poseen intereses indirectos, no perderá su licencia ni enfrentará sanciones, a menos que tenga conocimiento fehaciente de que estos socios estén violando la ley.

El texto también incorpora definiciones específicas como “interés indirecto”, que incluye la posesión de menos del 5% de acciones en una empresa con vínculos con la licenciada, o la tenencia de acciones en compañías cotizadas que posean control o influencia en la organización.

Una modificación adicional incorporada a la ley impone restricciones a los contratos entre entidades gubernamentales y empresas con vínculos con los países listados. A partir del 15 de octubre de 2025, ninguna entidad estatal podrá iniciar ni renovar contratos con compañías conectadas, de manera directa o a través de subsidiarias, con gobiernos extranjeros de preocupación.

Las restricciones abarcan:

• Prohibición de contratar a empresas con participación gubernamental de países como China o Rusia.
• Aplicación de la prohibición también a empresas con casas matrices o filiales controladas por estos gobiernos, sin importar si estas participan directamente en el contrato.
• Impedimento de firmar acuerdos con empresas cuya sede principal esté ubicada en alguno de los países incluidos en la lista.

Estas restricciones se enfocan en contratos para la provisión de bienes y servicios, especialmente tecnología como computadoras, impresoras o dispositivos de videoconferencia interoperables. El objetivo, según el texto legislativo, es evitar posibles infiltraciones o vulnerabilidades que afecten los sistemas del gobierno de Florida.

Como parte de una enmienda al proyecto, se estableció un marco para el registro de agentes y organizaciones con respaldo extranjero. Esta disposición se basa en el contenido de un proyecto anterior (SB 766) que no prosperó en su trámite, pero fue incorporado dentro de esta ley.

A partir de su entrada en vigencia:

• Toda persona que actúe como agente de un país extranjero de preocupación deberá inscribirse en la División de Elecciones del Departamento de Estado de Florida.
• La obligación de registro alcanza también a organizaciones políticas financiadas por estos gobiernos.
• Los registros deberán actualizarse cada 90 días, e incluirán datos sobre identidad, fuentes de financiación, afiliaciones, transacciones económicas y actividades políticas.
• La Comisión Electoral de Florida tendrá autoridad para hacer cumplir esta disposición mediante sanciones económicas.