Ley SB264: esta es la razón por la que algunos migrantes en Florida podrían tener que pagar 1000 dólares diarios
La nueva legislación busca proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses y garantizar que las tierras agrícolas no sean adquiridas por entidades extranjeras que preocupan al gobierno
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Entre las nuevas leyes que entraron en vigor este 2024 en Florida, Estados Unidos, una de las disposiciones más controvertidas es la SB264, que establece fuertes multas de hasta 1000 dólares diarios para algunas personas originarias de “países extranjeros de preocupación”, que no hubieran cumplido con un nuevo registro de casas y departamentos a más tardar el pasado 31 de enero.
La polémica ley SB264 de Florida establece que cualquier propiedad agrícola o bienes raíces situados a menos de 16 kilómetros (10 millas) de instalaciones militares o de infraestructura crítica deberá estar registrada ante las autoridades. A su vez, impone varias regulaciones a las personas de países latinoamericanos como Cuba y Venezuela, pero también están incluidos aquellos propietarios que tengan pasaportes de China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Siria.

Aunque la ley no se dirige directamente a los inmigrantes, sí establece el concepto de “director extranjero” (foreign principal) para referirse a una persona o entidad “que tiene un control significativo en el gobierno”, y de acuerdo a algunos expertos, las restricciones de la legislación aprobada en julio de 2023 podrían aplicarse indistintamente a cualquier migrante de dichas naciones, lo que ha generado alarma entre defensores de derechos civiles que analizan la posibilidad de tomar acciones legales al considerar inconstitucionales algunas de las disposiciones.
Cuando el gobernador Ron DeSantis firmó la ley SB264, se mostró orgulloso y la describió como “la legislación más sólida del país para luchar contra la influencia maligna extranjera”. Además, explicó que proteger a los floridanos y la infraestructura del estado de agentes como el Partido Comunista Chino y otros adversarios extranjeros es importante para la seguridad de la entidad.
Si bien la intención declarada es proteger la seguridad nacional y los intereses estratégicos, algunas voces críticas alegan que la ley tiene tintes discriminatorios, dado que también se abre la posibilidad de que ciertas propiedades puedan ser confiscadas por el estado bajo el criterio poco claro de una relación “de interés” o “de preocupación”.
No obstante, existen algunas excepciones para ciudadanos de los países mencionados, según explicó Sheila Rodríguez, abogada de inmigración, en entrevista con Univision, como en el caso de que la compra de propiedades tenga como único fin la vivienda, que sus dueños tengan estatus válido y estén lejos e instalaciones consideradas críticas. Sin embargo, serán obligados a firmar una declaración jurada explicando que no están sujetos a esta ley.

La pena por no seguir la ley SB264
En la sección 692.203 de la legislación se indica que las personas de ciertos países de interés pueden adquirir propiedades ubicadas dentro de los 16 kilómetros de una instalación militar o instalación de infraestructura crítica, solo bajo circunstancias limitadas y deben registrarla. Mientras que otra sección limita la capacidad de las personas y empresas de China o afiliadas al Partido Comunista Chino, de adquirir bienes inmuebles en Florida y exige el registro de todos.
Textualmente, la SB264 establece: “Un director extranjero debe registrar una propiedad inmobiliaria antes del 1° de julio de 2023, antes del 31 de diciembre de 2023. El registro se considerará tardío después del 31 de enero de 2024. Un director extranjero que posea o adquiera bienes inmuebles a partir del 1 de julio de 2023, deberá registrar los bienes inmuebles en un plazo de 30 días después de que la propiedad sea poseída o adquirida”.
En caso de no cumplir con este registro en las fechas mencionadas, los propietarios serán sujetos a una multa civil de 1000 dólares por cada día de retraso, además que el gobierno de Florida “podría embargar las tierras agrícolas no registradas por el saldo impagado de las sanciones impuestas”.
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