Penas más duras para inmigrantes indocumentados en Florida: cómo se comparan con las sanciones para estadounidenses

El gobernador Ron DeSantis endureció las penas para los inmigrantes indocumentados en Florida y estableció castigos más severos que para los ciudadanos estadounidenses por los mismos delitos. Las nuevas reformas aumentaron las sentencias y las multas exclusivamente para los extranjeros que no tienen documentos, lo que provocó una fuerte reacción de organizaciones de derechos civiles y expertos legales. La legislación podría enfrentar impugnaciones en los tribunales por violar el principio de igualdad ante la ley.

La nueva legislación en Florida impone sentencias más severas para los inmigrantes indocumentados en comparación con los ciudadanos estadounidenses. Un ejemplo es el robo menor, que para estadounidenses conlleva hasta un año de cárcel y una multa de 1000 dólares, mientras que, tras los cambios, un extranjero ilegal enfrenta cinco años de prisión y una sanción económica de US$5000.

Las penas más drásticas también incluyen la pena de muerte automática para inmigrantes indocumentados condenados por delitos capitales, como asesinato en primer grado y violación infantil. También hay crímenes que si resultan en la muerte de la víctima puede conllevar la máxima sanción: robo a mano armada, secuestro, incendio provocado y tráfico de drogas.

En todos estos casos, la pena de muerte se torna obligatoria en caso de que se trate de un extranjero ilegal. En caso de que el acusado sea un ciudadano estadounidense, esa máxima sanción es una opción que podría considerar la Justicia, pero no una imposición.

Las reformas también elevan las sanciones para inmigrantes indocumentados que reincidan en delitos estatales, sin importar la gravedad de la infracción o si se trata de faltas menores.

En 2023, Florida ya había endurecido las penas para quienes fueran deportados y regresaran a EE.UU. de manera ilegal. Sin embargo, ahora cualquier falta, por insignificante que parezca, puede derivar en una condena de cárcel prolongada e incluso en su deportación inmediata.

El senador republicano Randy Fine, coautor de la legislación, reconoció que la norma enfrentará impugnaciones legales por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos y grupos de inmigrantes, pero confía en que la Corte Suprema reconsidere su postura sobre las nuevas penas, según señala ABC News.

El gobernador DeSantis justificó el endurecimiento de las políticas contra inmigrantes ilegales en redes sociales y aseguró que hará de Florida un estado “más seguro y protegido”. En la misma línea, el representante republicano Lawrence McClure advirtió: “No vengan al estado de Florida ilegalmente. Esa es la premisa”.

Sin embargo, esta legislación podría enfrentar problemas legales. Kara Gross, directora legislativa de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en Florida, afirmó, según consignó Associated Press, que la ley es inconstitucional y violaría la garantía de igualdad ante la ley establecida en EE.UU.

Por su parte, el profesor de derecho César Cuauhtémoc García Hernández, de la Universidad Estatal de Ohio, también cuestionó la medida y señaló que entra en conflicto con el fallo de la Corte Suprema de 1976 que prohibió la pena de muerte obligatoria en Carolina del Norte.

Thomas Kennedy, integrante de la Coalición de Inmigrantes de Florida, alertó en CBS News sobre el impacto que la nueva ley podría tener en la comunidad migrante. “Muchas personas sin documentos deben conducir a diario para ir a sus trabajos. Con esta legislación, quienes sean detenidos por manejar sin licencia podrían terminar enfrentando cargos graves en cualquier parte del estado”, explicó.

Por su parte, la abogada de inmigración Elizabeth Ricci consideró que la normativa es inconstitucional y será objeto de demandas judiciales. “Se está imponiendo un trato diferenciado a las personas según su nacionalidad en lo que respecta a las sanciones por ciertos delitos. Es muy probable que esta ley sea impugnada rápidamente en los tribunales y, una vez más, represente un gasto considerable para los contribuyentes de Florida”, sostuvo.

Además, advirtió que en algunos casos, los fiscales locales tendrán que determinar si un acusado es indocumentado, una tarea que, a su juicio, no debería recaer en ellos.