Una por una, las ciudades de Miami-Dade alineadas con las políticas migratorias de Trump y las que faltan

Durante los últimos meses, distintas ciudades del condado de Miami-Dade, en Florida, han formalizado su participación en el programa 287(g). Se trata de una iniciativa federal que autoriza a fuerzas policiales estatales y locales a colaborar directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en tareas relacionadas con control migratorio. Estos acuerdos fueron promovidos activamente por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, como parte de la estrategia de la actual administración, encabezada por el presidente Donald Trump.

Qué implica el programa 287(g) de ICE en Florida y Miami-Dade

El programa 287(g) fue creado como una enmienda a la Ley de Inmigración y Nacionalidad y permite que agentes del orden público, estatales y locales, reciban capacitación del ICE para desempeñar funciones migratorias específicas.

Existen tres modalidades de implementación:

• Modelo de Control en Cárceles (JEM, por sus siglas en inglés): se centra en la identificación de personas en situación migratoria irregular que se encuentran bajo custodia de autoridades locales o estatales por delitos cometidos.
• Programa de Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto (WSO, por sus siglas en inglés): permite que oficiales estatales y locales sean capacitados y autorizados por ICE para emitir órdenes administrativas contra personas detenidas en sus cárceles
• Modelo de Grupo de Trabajo (TFM, por sus siglas en inglés): permite a los agentes del orden realizar actividades de identificación y arresto de inmigrantes indocumentados en la comunidad.

En la práctica, esto habilita a los oficiales locales a realizar arrestos, retenciones, interrogatorios y recopilación de evidencia en casos relacionados con inmigración. Todo debe hacerse bajo la supervisión directa de la agencia federal.

En Miami-Dade, los acuerdos firmados recientemente responden principalmente al modelo TFM, que otorga a la policía local facultades para intervenir activamente en la comunidad en la identificación de personas en situación migratoria irregular.

Las ciudades de Miami-Dade que ya colaboran con ICE

Hasta abril de 2025, al menos seis municipios del condado de Miami-Dade firmaron acuerdos formales para integrarse al programa 287(g) bajo el modelo TFM:

• Hialeah
• Sweetwater
• Coral Gables
• West Miami
• Sunny Isles Beach
• Miami Springs

Cada una de estas jurisdicciones autoriza a su departamento de policía local a colaborar con agentes federales en procedimientos de identificación y detención de personas sin estatus migratorio regular.

Además de las ciudades mencionadas, el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de Miami-Dade firmó el 26 de febrero de 2025 un acuerdo con ICE para operar bajo el modelo WSO. Esta modalidad otorga facultades más limitadas, enfocadas en emitir órdenes de arresto administrativas dentro de centros de detención.

Ese mismo día, la Oficina del Sheriff del condado también selló su colaboración con ICE, pero a través del modelo TFM, con funciones más amplias de patrullaje e intervención comunitaria.

Doral y Miami podrían sumarse al programa 287(g)

Dos ciudades adicionales se encuentran en proceso de análisis para sumarse a las colaboraciones con los agentes federales. Por un lado, Doral, con una numerosa población inmigrante, especialmente venezolana, aprobó en 16 de abril una resolución que autoriza al gobierno municipal a iniciar negociaciones con ICE para incorporarse al programa 287 (g).

Por el otro lado, Miami, la ciudad más grande del condado, debatirá en los próximos días una propuesta similar. De aprobarse, su Departamento de Policía podría interrogar, detener y colaborar con ICE en operativos rutinarios contra inmigración irregular.

Aunque la ley estatal exige que las agencias con cárceles del condado participen del programa 287(g), no existe la misma obligación para las policías municipales. Sin embargo, el gobernador DeSantis ha reiterado públicamente que espera que todas las autoridades locales cooperen con las políticas federales.

En su argumento, DeSantis sostiene que estas medidas refuerzan la seguridad pública al facilitar la detención y expulsión de personas sin estatus migratorio que hayan cometido delitos.

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