Es oficial: qué dice la ley aprobada en Florida que pone en alerta a miles de venezolanos que viven en Doral

Doral, en el condado de Miami-Dade, avanzó este miércoles 16 de abril con una medida que podría cambiar la relación entre su fuerza policial y sus residentes inmigrantes. Esta ciudad del sur de Florida, donde más del 70% de la población es inmigrante, con una fuerte presencia de venezolanos, la aprobación de una polémica resolución abre la puerta a una colaboración formal con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) enciende las alarmas.

Qué dice la resolución aprobada por el Consejo de Doral: acuerdo con el ICE

La Resolución No. 25, sancionada el 16 de abril de 2025 por el alcalde y el Concejo de la Ciudad de Doral, autoriza formalmente al gobierno local a firmar un memorando de entendimiento con el ICE, que depende del Departamento de Seguridad Nacional. Esta acción se inscribe en el marco del programa federal 287(g), el cual permite delegar funciones migratorias a fuerzas de seguridad locales.

Según se establece en el documento oficial, la medida encuentra sustento legal en la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996, que permite este tipo de convenios entre el ICE y gobiernos locales.

Además, se menciona como antecedente directo la promulgación por parte del gobernador Ron DeSantis de dos leyes estatales, los proyectos 2-C y 4-C del Senado de Florida, firmadas el 13 de febrero de este año. Estas normativas endurecieron la política estatal sobre inmigración ilegal y crearon un Consejo de Cumplimiento Migratorio dentro del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés).

Entre las funciones del nuevo consejo se incluyen:

• Solicitar al ICE estrategias y programas de capacitación para fuerzas locales.
• Asesorar al Consejo estatal sobre el trabajo de las agencias policiales en materia migratoria.
• Proponer recursos financieros para apoyar a las policías locales.
• Mejorar los canales de intercambio de información.
• Sugerir estrategias para aumentar la cantidad de camas de detención disponibles para ICE.

Con estos antecedentes, la resolución de Doral habilita al gerente municipal a avanzar en la firma de un acuerdo con el ICE para que la Policía local colabore en operativos relacionados con inmigración, siempre bajo el marco de la ley estatal y con el aval del abogado de la ciudad.

Cómo impacta la nueva ley de Doral en los inmigrantes venezolanos

A pesar de que el texto legal habilita la cooperación, aún no se firmó el memorando de entendimiento con el ICE. Sin embargo, el simple hecho de aprobar la resolución representa un paso significativo hacia una alianza más estrecha con las autoridades migratorias federales.

El alcalde de Doral, Christi Fraga, de filiación republicana y con conexiones con la administración Trump, reconoció que la decisión resultó “moralmente” compleja. “Fuimos los primeros en alzar la voz por los residentes que han venido a contribuir positivamente con esta comunidad”, declaró según lo citado por The Miami Herald, y agregó: “Nuestro Departamento de Policía está para servir a cada habitante de esta ciudad”.

Aunque la resolución no obliga aún a la Policía a actuar en operativos de inmigración, deja asentado el camino para que en el futuro puedan hacerlo. Durante la sesión del Concejo, Fraga subrayó que la medida solo brinda dirección a la oficina legal para explorar el acuerdo, sin que eso implique una firma inmediata del memorando.

Por su parte, el jefe de la Policía de Doral, Edwin López, remarcó que su fuerza no recibió órdenes de colaborar en tareas migratorias. “Nuestro foco principal durante las interacciones con el público no es averiguar el estatus migratorio de las personas. Nuestra misión es proteger a todos los miembros de esta comunidad, sin importar su procedencia”, afirmó.

La respuesta de los funcionarios de Doral por el acuerdo con el ICE

A pesar de que la ley estatal obliga a las cárceles del condado a integrarse al programa 287(g), no existe una exigencia clara que inste a los municipios a hacer lo mismo. Sin embargo, la presión política desde Tallahassee generó un clima de tensión en ciudades como Doral, según explicaron desde el medio citado.

El concejal Rafael Pineyro, nacido en Venezuela, expresó su preocupación sobre el potencial uso discriminatorio de esta política: “No se debe señalar a alguien por su aspecto. No estamos otorgando un cheque en blanco al estado. Vamos a garantizar que esto se aplique correctamente”.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes advirtieron que esta política podría derivar en controles ilegales basados en el perfil racial de las personas. Según The Miami Herald, Doral se suma así a otras ciudades de Miami-Dade, como Coral Gables, Hialeah, West Miami y Miami Springs, que ya establecieron vínculos con el ICE.

En paralelo, el municipio solicitó al gobierno estatal más de 2,7 millones de dólares para fortalecer su fuerza policial. Entre los fondos pedidos se destacan:

• US$1,5 millones para una unidad móvil.
• US$500 mil por horas extra relacionadas con la visita del presidente al resort Trump National Doral.
• US$700 mil para la adquisición de drones.

Con una comunidad marcadamente inmigrante, la aprobación de esta resolución en Doral representa un giro político que preocupa a miles de vecinos. El camino hacia la firma del acuerdo con el ICE recién comienza, pero ya ha dejado al descubierto tensiones profundas sobre el papel de los gobiernos locales en la política migratoria.

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