Asilo de menores no acompañados: demandan al Uscis por entrevistas con menos de 24 horas de aviso
La acción judicial señala que los cambios dificultan la preparación de los casos, limitan la presentación de pruebas y ponen en riesgo el derecho a solicitar protección
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Seis entidades sin fines de lucro que representan a menores migrantes presentaron una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por las modificaciones introducidas en los procedimientos de asilo. La acción judicial fue presentada el 15 de octubre ante el Tribunal de Distrito de Maryland y busca frenar las medidas que, según los demandantes, aceleran las deportaciones sin garantizar una defensa adecuada.
El Uscis modificó los plazos para las entrevistas de asilo
El reclamo presentado en el caso The Door v. Edlow apuntó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), entre otras autoridades federales.

Las organizaciones sostuvieron que las nuevas disposiciones reducen el tiempo disponible para preparar las entrevistas, restringen los aplazamientos y acortan los plazos judiciales para resolver los expedientes.
Uno de los principales cuestionamientos se refirió a las citaciones para entrevistas de asilo afirmativo que pueden llegar con menos de 24 horas de anticipación.
De acuerdo con la presentación judicial, esta modalidad reemplazó la práctica anterior de comunicar las fechas con al menos 21 días de margen, lo que dificulta coordinar la asistencia legal y reunir documentación para cada caso.
La demanda también cuestionó un cambio aplicado el 21 de agosto, cuando el Uscis sustituyó el criterio de “buena causa” por el de “circunstancias excepcionales” para evaluar las solicitudes de reprogramación.
Según las organizaciones, esta modificación limita las posibilidades de cambiar una cita incluso cuando los abogados tienen compromisos simultáneos en diferentes oficinas.
Los representantes legales afirmaron que la agencia rechazó pedidos de aplazamiento motivados por conflictos de agenda.
El nuevo estándar exige acreditar situaciones específicas para justificar el cambio de fecha, lo que, según los demandantes, impide responder de manera adecuada a citaciones recibidas con poca anticipación.

Los demandantes también cuestionaron el requisito de presentar las pruebas al menos 14 días antes de la entrevista, aunque la normativa permite excepciones a discreción de las autoridades.
La medida afecta, entre otros documentos, a informes médicos, declaraciones y elementos que pueden respaldar una solicitud de asilo.
Entrevistas virtuales y deportaciones: el plazo del 31 de enero de 2027
La presentación judicial cuestionó además la realización de entrevistas virtuales a menores que permanecen bajo custodia migratoria. Según los demandantes, algunas de estas comparecencias se programaron sin suficiente aviso a los representantes legales y las autoridades instruyeron acelerar las decisiones posteriores.
“El gobierno está desmantelando políticas y garantías legales de larga data para acelerar las deportaciones de niños inmigrantes”, aseguró Laura Nally, directora del Programa Infantil del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, en un comunicado.
“Estas protecciones existen porque el Congreso reconoció que los menores no acompañados no pueden representarse a sí mismos de manera efectiva ante los tribunales de inmigración”, agregó.
Las organizaciones también impugnaron una directiva de la EOIR que establece el 31 de enero de 2027 como fecha límite para concluir los procedimientos de deportación de menores no acompañados detenidos.
De acuerdo con el reclamo, el calendario restringe las posibilidades de solicitar aplazamientos y preparar la defensa antes de las audiencias.
La demanda describió el efecto conjunto de estas disposiciones como un sistema de resolución acelerada de casos migratorios.
El grupo de organizaciones advirtió que los niños pueden quedar expuestos a decisiones sobre su permanencia en EE.UU. sin contar con tiempo suficiente para explicar los riesgos que enfrentarían si regresaran a sus países de origen.
“El gobierno está priorizando la deportación acelerada de niños por encima de todo lo demás, incluyendo el debido proceso y la protección infantil”, dijo Roxana Avila-Cimpeanu, subdirectora del Proyecto de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Florence.
Qué exige la demanda contra el Uscis para proteger a menores no acompañados
Las entidades pidieron al tribunal que deje sin efecto las políticas del Uscis relacionadas con los avisos de entrevistas y el requisito de circunstancias excepcionales.
También solicitaron anular la directiva de la EOIR que fija el plazo del 31 de enero de 2027 para finalizar los casos de menores detenidos.
Entre las medidas reclamadas figuran:
- Restablecer las notificaciones con al menos 21 días de anticipación
- Recuperar la posibilidad de solicitar una primera reprogramación
- Volver a utilizar el estándar de buena causa para evaluar los aplazamientos posteriores
- Además, solicitaron medidas cautelares mientras se resuelve el litigio, así como el pago de los gastos judiciales y los honorarios legales correspondientes.
“Ha quedado claro que la administración actual está llevando a cabo un esfuerzo coordinado y multifacético para atacar a los menores no acompañados y a sus familias”, dijo Jessica Richardson, abogada directora del Proyecto de Menores Detenidos de The Door. “Simplemente pedimos que se restablezcan la credibilidad, la humanidad y el sentido común”, señaló.
El tribunal deberá evaluar los argumentos presentados y determinar si las políticas impugnadas se ajustan a la legislación federal y a las garantías constitucionales. Hasta que exista una resolución judicial, los pedidos de las organizaciones constituyen alegaciones que deberán ser examinadas durante el proceso.



