Una demanda busca frenar dos políticas del Uscis que endurecen el trámite de la green card en EE.UU.

Una coalición de sindicatos, organizaciones y solicitantes de residencia permanente presentó el 5 de octubre de 2026 una demanda federal que busca frenar dos políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). El caso fue iniciado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Massachusetts y cuestiona cambios que afectan el ajuste de estatus, el trámite para obtener la green card sin salir del país.

• La causa, American Association of University Professors et al. v. U.S. Department of Homeland Security et al., expediente 1:26-cv-14527, impugna un memorando del 21 de mayo y una alerta de política del 5 de agosto.
• Los demandantes sostienen que ambas medidas exceden la autoridad legal de las agencias y fueron aplicadas sin los procedimientos requeridos.

Por ahora, las políticas siguen vigentes. La demanda pide una medida cautelar preliminar para suspenderlas durante el litigio y una orden definitiva que las deje sin efecto, pero el tribunal todavía no resolvió esos pedidos, según el escrito judicial y el análisis publicado por Fragomen.

• El primer cambio es el memorando PM-602-0199, fechado el 21 de mayo de 2026. El Uscis describe el ajuste de estatus como una forma de alivio “extraordinaria” y ordena evaluar en cada caso si corresponde ejercer discreción favorable.
• La demanda afirma que el memorando permite considerar negativamente que una persona pida la residencia dentro de Estados Unidos en vez de recurrir al trámite consular en el exterior.
• El segundo cambio es la alerta PA-2026-05, vigente desde el 5 de agosto.

El Uscis indicó que sus oficiales pueden negar solicitudes sin emitir antes una Solicitud de Evidencia o una Notificación de Intención de Denegar cuando falte evidencia inicial obligatoria o el expediente no demuestre elegibilidad.

La agencia también informó que la guía se aplica a casos pendientes y a solicitudes presentadas desde esa fecha, salvo excepciones.

• Una orden preliminar podría suspender temporalmente las dos políticas mientras avanza el caso. Eso no equivaldría a una decisión final sobre su legalidad.
• Si la cautelar es rechazada, el Uscis podría continuar aplicándolas durante el litigio.

La consecuencia práctica inmediata es que quienes tengan un Formulario I-485 pendiente no deben asumir que las reglas fueron modificadas por la sola presentación de la demanda.

El expediente judicial describe riesgos de separación familiar, pérdida de empleo y demoras, pero esas son alegaciones de los demandantes que todavía deberán ser evaluadas por el tribunal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.