El limbo migratorio que enfrentan los ciudadanos expulsados a Panamá desde Estados Unidos

Una ola de deportaciones desde Estados Unidos dejó a cientos de migrantes en un estado de incertidumbre. Expulsados sin explicaciones claras, muchos llegaron a Panamá con la esperanza de ser escuchados por las autoridades estadounidenses. Sin embargo, encontraron condiciones precarias y falta de respuestas.

Ambo, una migrante de Camerún, relató a CNN que abandonó su país por problemas políticos. Temía ser condenada a muerte o pasar el resto de su vida en prisión. Cruzó la selva del Darién y Centroamérica hasta llegar a la frontera con México el 23 de enero.

Al entregarse a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), creyó que podría solicitar asilo. Tras 19 días en custodia, fue trasladada en un autobús junto a otros extranjeros. Pensaron que irían a un campamento para reunirse con agentes migratorios.

Sin embargo, para su sorpresa el viaje terminó en un avión con destino a Panamá. “Estábamos tan felices pensando que nos iban a trasladar a un campamento donde nos encontraríamos con un agente de inmigración. La gente empezó a llorar”, recordó.

El gobierno panameño los ubicó en un hotel en Ciudad de Panamá bajo estricta vigilancia. No tenían teléfonos ni acceso al exterior. Frank Ábrego, ministro de Seguridad de Panamá, justificó la medida al señalar que necesitaban “verificar eficazmente quiénes son estas personas que llegan a su país”.

Ambo confiaba en que funcionarios de Estados Unidos intervendrían para escuchar sus historias. Con el paso de los días, esa esperanza se desmoronó. “De alguna manera estábamos felices de que tal vez la inmigración de los Estados Unidos vendría a Panamá a escuchar nuestras historias. No fue así”, declaró notoriamente emocionada en CNN.

Entre los deportados también hay migrantes de Irán, Afganistán, Rusia y China. Muchos no pueden regresar a sus países de origen por temor a represalias. Una mujer etíope declaró que dejó su país por problemas políticos y teme por su vida si regresa. “No tengo familia. Ya murieron”, sostuvo.

Otro migrante afgano aseguró a Elizabeth González, de CNN en Español, que los talibanes lo asesinarían si volviera a su país. En el refugio improvisado en Panamá, enfrentan dificultades para comunicarse y sobrevivir.

Días después, los migrantes fueron subidos nuevamente a autobuses. Aunque esperaban un nuevo hotel, pero terminaron en un albergue en la selva de Darién, a 160 kilómetros de la Ciudad de Panamá. “Nos van a matar. Traernos a este lugar, un bosque. ¿Qué nos va a pasar?”, razonó Ambo, con temor por su seguridad.

Artemis Ghasemzadeh, profesora de inglés de Irán, fue expulsada el día de su cumpleaños. Había cambiado de religión y temía la pena de muerte en su país. En la ventana de un hotel para migrantes, escribió “Ayúdanos” antes de ser llevada, junto a más de 100 extranjeros, a las instalaciones en la selva conocidas como el albergue de San Vicente.

Ghasemzadeh describió la situación en el albergue de San Vicente. “La comida era asquerosa y los baños estaban sucios, sin privacidad, sin puerta”, afirmó. Otro migrante mostró marcas en su piel y aseguró que el de los sanitarios tenía agua sucia le causó urticaria.

Por su parte, el presidente panameño, José Raúl Mulino, negó las denuncias sobre violaciones a los derechos de los migrantes. Sin embargo, los abogados de estos migrantes argumentan que sus garantías fueron vulnerados en cada paso del proceso.

“Nuestro reclamo es que Estados Unidos violó el derecho a solicitar asilo y, por extensión, al recibirlos, el Gobierno panameño hizo lo mismo”, declaró Silvia Serna Román, litigante regional para México y Centroamérica del Consejo Global de Litigios Estratégicos.