
Es oficial: la Corte Suprema de EE.UU. limitó el uso policial de datos de ubicación, pero dejó una zona gris para inmigrantes
El máximo tribunal consideró que obtener información geolocalizada de un celular es un registro constitucional; el fallo no resolvió si la orden del caso fue razonable
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La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la policía realiza un registro sujeto a la Cuarta Enmienda cuando obtiene de una empresa datos precisos de ubicación de un celular. El fallo, dictado el 29 de junio de 2026 en el caso Chatrie v. United States, reapareció en la agenda migratoria por un análisis publicado el 7 de octubre sobre su alcance y zonas grises para las comunidades de extranjeros.
El uso policial de datos y el alcance del fallo de la Corte Suprema
Según explicaron los investigadores Steven Hubbard y Hannah Boyke del Consejo Estadounidense de Inmigración, una búsqueda por geocercado o geofence invierte el método tradicional: las autoridades parten de un lugar y un horario, revisan qué dispositivos estuvieron allí y luego procuran identificar a sus usuarios.

El expediente surgió por un robo cometido en 2019 en Virginia. La policía obtuvo una orden dirigida a Google para recibir datos de teléfonos ubicados en un radio de 150 metros alrededor de la entidad financiera. El proceso comenzó con cuentas anonimizadas y terminó con la entrega de datos identificatorios de tres personas, entre ellas Okello Chatrie.
La Corte sostuvo que “una persona tiene una expectativa razonable de privacidad en la información sobre la ubicación de su teléfono celular”, en una traducción del inglés. El criterio se aplica aunque los datos estén en poder de una empresa y aunque cubran un período breve: la mayoría destacó que esa información puede revelar vínculos familiares, políticos, profesionales o religiosos.
Qué decidió la Corte Suprema y qué quedó abierto
El fallo fijó una protección constitucional, pero no resolvió todas las preguntas que rodean estas búsquedas:
• Sí decidió: obtener de Google el historial de ubicación de Chatrie fue un registro bajo la Cuarta Enmienda
• No decidió: si la orden concreta fue razonable, suficientemente específica y basada en causa probable
• Próximo paso judicial: el caso volvió a la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito para analizar esas cuestiones
• Zona gris: el fallo no definió si una agencia puede comprar información semejante a un corredor comercial de datos

Para las personas migrantes, la consecuencia práctica es doble. La decisión refuerza la privacidad de los datos geolocalizados que el gobierno solicita directamente a una empresa tecnológica. Sin embargo, el análisis del Consejo advirtió que una clínica jurídica, un tribunal, un refugio, un lugar de trabajo o un sitio de culto pueden transformarse en puntos sensibles si otras bases permiten reconstruir movimientos.
El Consejo señaló, sobre la base de registros obtenidos por organizaciones civiles, que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y otras áreas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) compraron acceso a grandes volúmenes de datos de ubicación recolectados por aplicaciones móviles. Chatrie no resolvió si esas compras requieren una orden judicial.
Además, la sentencia indica que Google modificó en julio de 2025 el almacenamiento del Historial de ubicaciones para conservarlo en los dispositivos de los usuarios, por lo que la compañía ya no puede responder del mismo modo a las órdenes de geocercado tradicionales. La doctrina del fallo, de todos modos, puede influir en otras formas de vigilancia digital que lleguen a los tribunales.
La noticia en pocas líneas
• ¿Qué cambió? La Corte Suprema reconoció que obtener datos precisos de ubicación de un celular constituye un registro constitucional
• ¿A quién alcanza? La regla protege a las personas cuyos datos son solicitados directamente a una empresa tecnológica por las autoridades
• ¿Qué falta resolver? El Cuarto Circuito debe decidir si la orden del caso fue razonable y cumplió los requisitos de especificidad y causa probable
• ¿Cuál es la zona gris migratoria? El fallo no determinó si el ICE, la CBP u otras agencias pueden comprar datos semejantes sin orden judicial
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.



