La Corte Suprema de EE.UU. revisará la política de fianzas y detenciones de inmigrantes en 2026

La Corte Suprema aceptó revisar el caso Rhoney v. Barbosa da Cunha, identificado con el número de expediente 26-104, que enfrenta al gobierno de Donald Trump con la defensa de un inmigrante brasileño detenido en 2025. Los magistrados deberán determinar si la ley exige la detención obligatoria de personas que viven en Estados Unidos sin haber sido admitidas formalmente o si pueden solicitar una audiencia de fianza.

En su lista de órdenes, publicada el 1° de octubre, la Corte Suprema señaló para el caso Rhoney v. Barbosa da Cunha que “se conceden las peticiones de certiorari”. Con esto, los magistrados requieren que el tribunal inferior de apelaciones le remita el expediente para su revisión judicial.

El litigio plantea la pregunta de si las personas que viven en el país norteamericano sin haber sido admitidas formalmente pueden permanecer detenidas sin acceso a una audiencia para solicitar su liberación bajo fianza.

La decisión podría establecer un criterio nacional sobre las condiciones de detención mientras se resuelven los procesos migratorios. El debate también involucra el alcance del debido proceso y la interpretación de las leyes federales que regulan la custodia de extranjeros.

De acuerdo con el litigio, la controversia se concentra en dos disposiciones de la legislación migratoria:

• La sección 8 U.S.C. § 1225(b)(2)(A) es interpretada por el gobierno federal como una obligación de mantener detenidas, sin posibilidad de fianza, a las personas que no fueron admitidas formalmente en EE.UU.
• La sección 8 U.S.C. § 1226(a) permite que los jueces de inmigración evalúen cada situación y determinen si corresponde conceder una audiencia de fianza.

Según los defensores de los inmigrantes, esta segunda norma debe aplicarse a quienes son detenidos en el interior del país norteamericano y no se encuentran en un proceso de admisión en la frontera.

“La ACLU ha impugnado la interpretación errónea que hizo la administración Trump de una ley de detención obligatoria que siempre se había aplicado únicamente a los inmigrantes que solicitaban admisión en la frontera”, dijo la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que representa a los demandantes, en un comunicado.

La política aplicada por Trump desde julio de 2025 elimina, para las personas comprendidas en esa interpretación, la posibilidad de solicitar una audiencia de fianza mientras enfrentan un procedimiento de deportación.

El caso involucra a Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, inmigrante brasileño que llegó a EE.UU. sin pasar por una inspección migratoria en 2004 o 2005, según se detalla en el litigio. Desde entonces, permaneció en el país norteamericano durante más de 20 años, donde vive con su esposa y sus dos hijos, ambos ciudadanos estadounidenses.

Barbosa da Cunha es propietario de una vivienda y dirige una empresa de construcción. En 2016 presentó una solicitud de asilo que continúa pendiente y cuenta con autorización de trabajo. Según dijeron sus abogados a Associated Press, nunca fue acusado ni condenado por un delito.

En septiembre de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo arrestaron durante una parada de tráfico en Norwood, Massachusetts. Un juez de inmigración consideró que debía permanecer detenido bajo la nueva interpretación del gobierno, por lo que su defensa recurrió a la Justicia para solicitar una audiencia de fianza.

La disputa avanzó por distintas instancias judiciales hasta llegar a la Corte Suprema. Según el historial del caso, el 28 de octubre de 2025, después de una revisión del expediente, un juez de inmigración ordenó la liberación de Barbosa da Cunha bajo fianza al concluir que no representaba un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad.

Posteriormente, el gobierno apeló la decisión y el 28 de abril de 2026, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó por unanimidad el fallo favorable al inmigrante. El tribunal sostuvo que la norma sobre detención obligatoria no debía extenderse de esa manera a personas que ya viven en el interior del país norteamericano y advirtió sobre posibles problemas constitucionales vinculados con el debido proceso.

La división judicial abarcó nueve circuitos federales. Los circuitos Primero, Segundo, Sexto, Séptimo, Noveno, Décimo y Undécimo, junto con más de 500 jueces de distrito, rechazaron la interpretación del gobierno.

En cambio, los Quinto y Octavo respaldaron la aplicación de la detención obligatoria, lo que generó criterios diferentes según la jurisdicción.

La administración Trump pretende que la Corte Suprema confirme que la sección 1225 permite mantener detenidos, sin audiencias de fianza, a los inmigrantes que no fueron admitidos formalmente, sin importar cuánto tiempo lleven en EE.UU. También sostiene que las sentencias contradictorias dificultan la aplicación uniforme de la legislación migratoria.

“El resultado es un mosaico inviable de medidas de aplicación de la ley de inmigración inconsistentes, donde los extranjeros presentes sin admisión están sujetos a detención obligatoria en algunos circuitos, pero tienen derecho a audiencias de fianza y a menudo son puestos en libertad en otros”, señalaron los abogados del gobierno federal, según lo retomado por Associated Press.

Según su postura, una resolución del máximo tribunal permitiría establecer una regla común para todo el país norteamericano.

Por su parte, la ACLU defiende la aplicación de la sección 1226(a). La organización sostiene que las personas detenidas en el interior del territorio deben tener la oportunidad de demostrar, mediante una evaluación individual, que pueden continuar sus procesos en libertad bajo fianza.

La Corte Suprema deberá resolver qué disposición legal regula estas detenciones y si el gobierno puede excluir de las audiencias de fianza a quienes llevan años establecidos en EE.UU. La aceptación del caso no implica que los magistrados hayan respaldado alguna de las dos interpretaciones.