La Corte Suprema mantiene bloqueada una vía para pausar deportaciones y complica a inmigrantes que esperan la green card

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una solicitud de emergencia para restablecer la facultad de los jueces de inmigración de pausar temporalmente los procesos de deportación. Esta medida mantiene firme el bloqueo al mecanismo conocido como “cierre administrativo”, una herramienta que permitía a los magistrados congelar estos expedientes mientras los inmigrantes gestionaban vías legales de permanencia.

El martes 27 de octubre de 2026, el Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó restablecer la autoridad de los jueces de inmigración para posponer temporalmente los casos de deportación. Al rechazar la solicitud de emergencia, la Corte dejó vigente el acuerdo entre la administración del presidente Donald Trump y el estado de Texas que prohíbe de forma permanente esta práctica en todo el país norteamericano, mientras continúa el litigio.

El mecanismo de cierre administrativo fue utilizado durante décadas por los tribunales de inmigración para gestionar cientos de miles de casos en agendas sobrecargadas, según informó Reuters.

La vía permitía pausar temporalmente los expedientes de deportación cuando el migrante tenía un trámite legal paralelo pendiente, como la solicitud de una green card, una petición de visa o la apelación de una condena penal.

En 2024, el gobierno de Joe Biden formalizó y codificó este procedimiento mediante una regla federal para asegurar un manejo eficiente de los casos y garantizar un trato equitativo.

Sin embargo, los sectores críticos de la medida, encabezados por Texas y la administración Trump, argumentaron que este recurso funcionaba en la práctica como una amnistía que permitía a personas sin estatus legal permanecer de manera indeterminada en EE.UU.

La decisión afecta directamente a los inmigrantes que se encuentran en el proceso de tramitación de la residencia permanente. Al no poder pausarse los expedientes temporalmente, los procesos de deportación continúan su curso sin esperar a que las agencias correspondientes resuelvan la solicitud, por lo que expone a las personas a ser expulsadas antes de que finalicen sus trámites.

El bloqueo de la normativa se gestó cuando el estado de Texas presentó una demanda federal para frenar la regla aprobada en la era Biden. El 22 de junio, el mismo día en que se presentó la demanda, la administración Trump y las autoridades texanas presentaron un acuerdo conjunto que solicitaba declarar ilegal la medida.

El acuerdo fue aprobado por el juez federal de distrito Reed O’Connor en Wichita Falls, Texas. La Corte Suprema no hizo lugar al reclamo para revisarlo, por lo que en la práctica ratificó la medida.

Previamente, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito también se había negado a suspender el acuerdo mientras se resolvían los recursos de apelación.

Las ciudades de Baltimore, en Maryland; Columbus, en Ohio; y New Haven, en Connecticut, junto con el grupo legal Centro Legal de la Raza, habían solicitado sumarse al caso para defender la normativa. Con este fin, presentaron un recurso de urgencia ante la Corte Suprema luego de que un juez les negara la posibilidad de intervenir.

De acuerdo con Associated Press, los demandantes acusaron a Texas y al gobierno federal de actuar en connivencia para bloquear la norma sin pasar por el proceso público de consulta reglamentaria.

Tras la decisión del martes, los litigantes y los abogados que los representan, pertenecientes al grupo jurídico liberal Democracy Forward, manifestaron su decepción a través de un comunicado.

“La eliminación de estas protecciones expone a las personas vulnerables a un mayor riesgo de deportación y socava la seguridad pública en comunidades de todo el país”, afirmaron. En ese sentido, cuestionaron la aplicación de la política.