Qué pasará con la ciudadanía por nacimiento en EE.UU. tras el bloqueo de una jueza a la orden de Trump

Una jueza federal de Maryland bloqueó de manera indefinida la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. El fallo, emitido este miércoles, paralizó nuevamente la implementación de la medida que pretendía redefinir el alcance del derecho garantizado por la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos.

La jueza Deborah L. Boardman, del Distrito de Maryland, declaró que la orden ejecutiva de Trump “contradice el lenguaje claro de la Enmienda 14, así como 125 años de precedentes vinculantes de la Corte Suprema”, según reportó NBC News. El decreto del republicano estaba programado para entrar en vigencia desde el 19 de febrero.

El fallo corresponde a una demanda presentada hace dos semanas por el Proyecto de Defensa para Solicitantes de Asilo (ASAP, por sus siglas en inglés), la organización Comunidad de Apoyo Solidario para América Latina (CASA) y el Instituto de Defensa Constitucional y Protección de la Facultad de Derecho de Georgetown, en representación de cinco mujeres embarazadas.

Según la magistrada, la ciudadanía por nacimiento es un derecho fundamental que no puede ser restringido por una orden ejecutiva. “Ningún tribunal en el país ha respaldado nunca la interpretación del presidente. Este no será el primero”, señaló durante la audiencia en Greenbelt.

El fallo se suma a una orden previa emitida en Seattle por el juez John C. Coughenour, que también detuvo temporalmente la implementación de esta medida. Ambas decisiones se basan en la cláusula de ciudadanía de la Enmienda 14: “Toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción, será ciudadana de Estados Unidos y del estado en el que resida”.

La orden ejecutiva, firmada por Trump el 20 de enero, pretendía limitar la ciudadanía por nacimiento a hijos de al menos un ciudadano estadounidense o residente permanente legal. Esto incluía excluir a niños nacidos de padres con visas temporales, como las de trabajo o estudio, y a hijos de inmigrantes indocumentados.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, defendió la medida al afirmar que “los hijos de inmigrantes ilegales no están sujetos a las leyes de esta jurisdicción”. Sin embargo, organizaciones como CASA y ASAP, que representaron a los demandantes, argumentaron que la orden creaba incertidumbre y temor entre miles de familias.

De acuerdo al análisis de Andrés Echevarría, abogado especializado en derecho migratorio, en conversación con LA NACION, “lo que dice Trump es que hay un abuso de este precepto constitucional que desvirtuó el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense, y que los ciudadanos que están naciendo son fruto de una infracción de sus padres”.

George Escobar, jefe de programas de CASA, calificó la decisión como una victoria significativa para las comunidades inmigrantes. “Las mujeres embarazadas que asumieron este desafío legal ahora pueden respirar aliviadas, sabiendo que sus hijos serán reconocidos como ciudadanos estadounidenses”, afirmó a NBC News.

Por su parte, Swapna Reddy, codirectora ejecutiva de ASAP, destacó que la orden ejecutiva generaba caos para familias que temían por el futuro de sus hijos. “Hoy, la Corte tomó la decisión correcta al bloquear temporalmente esta medida”, expresó.

Trinidad, una de las demandantes y solicitante de asilo, compartió su alivio tras el fallo. “Todo lo que quería era centrarme en el bienestar de mi bebé, pero vivía preocupada de que se le negara un derecho garantizado bajo la Constitución”, señaló.

A pesar del fallo, el Departamento de Justicia tiene la opción de apelar la decisión ante la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito. Sin embargo, de acuerdo a Associated Press, durante la audiencia, el abogado gubernamental respondió que no tenía la autoridad para tomar una posición inmediata.

Además de los casos liderados por CASA y ASAP, aproximadamente dos docenas de estados presentaron demandas similares contra la orden ejecutiva de Trump. Según comentó Echevarría a LA NACION, es posible que esta discusión finalice en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo al especialista, la Administración Trump tendrá que acudir a la Cámara de Apelaciones, donde otro juez va a fallar. “Ya sea para un lado o para el otro, después se apelará en la Corte Suprema. Va a llegar ahí y la Corte va a tener que decidir. Si la declara inconstitucional, se termina la discusión”, concluyó.