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Redadas del ICE sin orden judicial: 22 fiscales generales desafían al DHS por arrestos de inmigrantes
La coalición sostiene que las autoridades migratorias deben cumplir dos requisitos legales antes de privar de la libertad a una persona
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LA NACION
El 19 de octubre, una coalición de 22 fiscales generales de Estados Unidos presentó ante un tribunal federal de apelaciones un escrito para cuestionar las prácticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) relacionadas con los arrestos de inmigrantes sin orden judicial. La iniciativa busca respaldar un litigio que cuestiona los procedimientos de detención utilizados por las autoridades federales.
¿Qué reclaman los 22 fiscales generales por las redadas del ICE sin orden judicial?
De acuerdo con un comunicado oficial de la Fiscalía General de Illinois, el fiscal general Kwame Raoul encabezó la presentación de un escrito amicus curiae ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia.
El documento respalda la demanda Escobar-Molina contra DHS, que cuestiona la política y las prácticas de detenciones civiles por motivos migratorios sin una orden judicial en Washington D. C.
La coalición sostiene que la legislación federal establece dos condiciones que los agentes de inmigración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) deben cumplir para detener a una persona sin una orden judicial:
- Contar con una causa probable para creer que el individuo se encuentra ilegalmente en Estados Unidos.
- Tener motivos fundados para considerar que esa persona podría escapar antes de que las autoridades obtengan la autorización correspondiente.
Kwame Raoul cuestionó las políticas migratorias de la administración Trump
El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, criticó las actuaciones de las autoridades federales y afirmó que sus métodos afectan la relación entre las comunidades inmigrantes y las instituciones.
“La administración Trump continúa infundiendo miedo y desconfianza entre las comunidades inmigrantes de Illinois y de todo el país con tácticas innecesariamente crueles e ilegales”, declaró Raoul.
El funcionario también manifestó que mantendrá su posición junto con los demás integrantes de la coalición para defender los derechos de los extranjeros. “Seguiré junto a mis colegas y apoyaré los derechos de todos los inmigrantes mientras luchamos contra las acciones inmorales del gobierno federal que perturban nuestras comunidades”, sostuvo.
Cómo afectan las detenciones migratorias a las comunidades de EE.UU.
En la presentación judicial, los fiscales generales describieron las consecuencias que atribuyen a los procedimientos de control migratorio cuestionados. El escrito identifica diferentes ámbitos que, según los funcionarios, resultaron perjudicados:
- Educación: las operaciones provocaron que algunos estudiantes dejaran de asistir a clases.
- Trabajo agrícola: las actuaciones de las autoridades interrumpieron actividades del sector.
- Salud pública: el temor a los operativos desalentó a personas que necesitaban atención médica.
- Economía familiar: las medidas comprometieron la estabilidad financiera de los hogares.
- Seguridad comunitaria: los procedimientos debilitaron los vínculos entre la población inmigrante y las fuerzas policiales locales.
El antecedente judicial del caso Escobar-Molina contra el DHS
La controversia ya había registrado una resolución previa en diciembre de 2025, cuando el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió parcialmente una solicitud de medida cautelar preliminar.
La decisión se produjo durante el desarrollo del proceso que examina las detenciones civiles por razones migratorias efectuadas sin órdenes judiciales. La nueva intervención de los fiscales generales se presentó ante una instancia de apelaciones mediante un escrito destinado a respaldar los argumentos contra las prácticas del organismo federal.
¿Qué estados participan en la acción contra el DHS?
Además de Illinois, otros 21 estados y jurisdicciones se sumaron al documento presentado ante la justicia federal. Los fiscales generales participantes representan a:
- Arizona
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Distrito de Columbia
- Hawái
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Nevada
- Nueva Jersey
- Nuevo México
- Nueva York
- Oregon
- Rhode Island
- Vermont
- Virginia
- Washington
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