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ICE en California: el fiscal Rob Bonta cuestiona los arrestos sin orden judicial y exige evaluar el riesgo de fuga
El político advierte sobre las consecuencias de estos operativos en la seguridad pública, la educación, la salud y la economía
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LA NACION
El fiscal general de California, Rob Bonta, impulsó una nueva acción judicial contra las prácticas de arresto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). La iniciativa cuenta con el respaldo de autoridades de otros 20 estados y del Distrito de Columbia, que cuestionan las detenciones migratorias civiles realizadas sin orden judicial.
Nueva acción judicial contra el ICE
La coalición presentó un escrito de amicus curiae ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia, en el caso Escobar-Molina v. DHS.
Este tipo de documento permite que instituciones ajenas a las partes principales de un litigio aporten argumentos e información para respaldar una posición ante la justicia.
El planteo busca mantener una medida cautelar que exige al gobierno federal respetar las condiciones legales para efectuar arrestos migratorios sin orden judicial.
Según los fiscales, la práctica cuestionada no contempla de manera sistemática todos los requisitos previstos por la legislación federal y genera consecuencias que alcanzan a personas e instituciones que no participan directamente de los operativos.
“La administración Trump ha emprendido un programa de deportación masiva agresivo y militarista, sin ningún respeto por la humanidad ni la dignidad de las personas”, dijo Bonta en un comunicado.
“Los agentes federales de inmigración están arrestando a personas sin la debida determinación de causa probable, a menudo enmascarados, con chalecos antibalas y portando armas letales”, aseguró.
Qué exige la ley para que el ICE detenga a una persona sin orden judicial
La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece condiciones para que los agentes puedan realizar determinadas detenciones civiles sin contar previamente con una orden judicial.
De acuerdo con el argumento presentado por la coalición, deben existir motivos fundados para considerar que la persona permanece en EE.UU. sin autorización legal y que podría escapar antes de que sea posible obtener una orden.
Bonta y los demás fiscales sostuvieron que los agentes federales realizan arrestos sin evaluar de manera individual el riesgo de fuga.
La presentación consideró que esa omisión excede las facultades establecidas por el Congreso y plantea cuestionamientos relacionados con la Constitución, la Ley de Procedimiento Administrativo y las protecciones vinculadas con la actividad judicial.
“California no permanecerá impasible mientras esta administración siembra el miedo en nuestras comunidades inmigrantes”, señaló Bonta.
“Seguiremos luchando, defendiendo a nuestros vecinos y alzando la voz por los derechos y la dignidad de cada persona”, agregó.
El fiscal general californiano también cuestionó el uso de agentes enmascarados, ropa de civil, armas y vehículos sin identificación visible.
Según la coalición, estas modalidades pueden dificultar que la población reconozca a los funcionarios, provocar confusiones con delincuentes y facilitar que terceros se hagan pasar por integrantes del ICE.
Los operativos migratorios y sus efectos en los tribunales y la seguridad pública
Otra de las acciones impulsadas por Bonta apunta a las intervenciones del ICE dentro de los tribunales estatales de California y en sus inmediaciones.
El fiscal sostuvo al presentar una demanda que la presencia de agentes migratorios en esos espacios puede desalentar a víctimas de delitos, testigos y sobrevivientes de violencia doméstica a presentarse ante la justicia.
“Hemos visto cómo se han desestimado cargos penales graves y se han puesto en peligro casos enteros porque las víctimas y los testigos tienen demasiado miedo de acudir al juzgado a declarar”, aseguró el fiscal general. “Nuestro sistema de justicia no puede funcionar así. Me preocupa profundamente que, hoy, tengamos que acudir a los tribunales por centésima vez en menos de dos años para hacer cumplir la ley”, agregó.
En Los Ángeles, según los datos incluidos en el escrito de amicus curiae, las llamadas de emergencia al Departamento de Policía local disminuyeron un 28% después de los operativos del ICE.
La coalición vinculó este fenómeno con una menor disposición a recurrir a las instituciones.
Cómo afectan las detenciones del ICE a la educación, la salud y la economía
Los documentos judiciales describieron consecuencias en el ámbito educativo. Algunas familias evitan enviar a sus hijos a las escuelas o guarderías por temor a que ellos o sus familiares sean detenidos durante los traslados.
También se señaló un aumento de las necesidades de asistencia psicológica entre estudiantes afectados por la incertidumbre y el miedo a una separación familiar.
En materia sanitaria, los fiscales advirtieron que algunas personas postergan consultas médicas, cancelan turnos o evitan acudir a centros de atención.
La coalición sostuvo que estas conductas pueden dificultar la prevención y el tratamiento de enfermedades, además de afectar el funcionamiento de los servicios comunitarios.
El impacto económico también formó parte de la presentación. Los operativos pueden reducir la asistencia de trabajadores a sus empleos y disminuir la cantidad de clientes en los comercios.
Los sectores mencionados incluyen la agricultura, la construcción, los restaurantes y el cuidado infantil, actividades que dependen de la continuidad de sus plantillas laborales.
Qué estados respaldan la demanda contra el DHS y el ICE
La coalición está encabezada por California, Colorado y el Distrito de Columbia. Entre las jurisdicciones participantes también se encuentran:
- Arizona
- Connecticut
- Delaware
- Hawái
- Illinois
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Nevada
- Nueva Jersey
- Nuevo México
- Nueva York
- Oregón
- Rhode Island
- Vermont
- Virginia
- Washington
La presentación judicial busca que se mantengan las restricciones cautelares mientras avanza el litigio sobre las detenciones sin orden judicial.
Los fiscales sostuvieron que las autoridades migratorias deben cumplir los requisitos legales antes de privar de libertad a una persona.
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