¿Un inmigrante indocumentado puede ser detenido por ICE sin orden de deportación? La respuesta del zar de la frontera

“No está bien violar las leyes de este país”, declaró Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera” de la Administración Trump. Este exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que actualmente está a cargo de las políticas migratorias y de seguridad fronteriza, envió un contundente a los extranjeros ilegales: “Cualquier persona que se encuentre en Estados Unidos sin documentos está en riesgo de ser detenida, incluso si no tiene una orden de deportación”.

La postura es parte de una política migratoria más estricta implementada por el gobierno de Donald Trump, quien desde la campaña prometió medidas sin precedentes para frenar la migración ilegal. Con una cifra estimada de 11 millones de inmigrantes indocumentados en EE.UU., las autoridades buscan intensificar los operativos y deportaciones, con un enfoque prioritario en quienes representan “una amenaza para la seguridad pública o nacional”.

Una de las estrategias de ICE incluye redadas en las llamadas “ciudades santuario”, sitios que se niegan a cooperar con las autoridades migratorias federales. En este sentido, Homan advirtió en una entrevista con ABC News que estas ciudades se convertirán en escenario de “arrestos colaterales”. En otras palabras, si ICE detiene a un individuo con orden de deportación, cualquier otra persona presente en el lugar y sin documentos también será arrestada.

“Nos han obligado a salir a las comunidades”, explicó Homan, en referencia a la falta de colaboración de las autoridades locales. Esto implica que agentes federales realicen operativos en espacios como viviendas, centros de trabajo y áreas públicas, lo que genera tensión y temor entre las comunidades inmigrantes.

Por primera vez, aviones militares transportaron inmigrantes para ser deportados, lo que representa un precedente en la aplicación de las políticas migratorias en Estados Unidos. Además, el ICE recibió autorización para realizar operativos en “zonas sensibles” como escuelas e iglesias, áreas que antes permanecían fuera de su alcance.

Esta decisión provocó críticas de líderes religiosos y defensores de derechos humanos, quienes afirman que estas acciones aumentan el miedo y la incertidumbre en las comunidades afectadas. “Los delincuentes ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser detenidos”, advirtió Homan.

En este punto, destacó que ninguna otra agencia policial opera bajo restricciones similares y defendió la capacidad de los agentes del ICE para actuar con criterio. Sin embargo, activistas señalaron que estas medidas debilitan la confianza entre las comunidades inmigrantes y las instituciones, lo que afecta la cooperación en temas de seguridad pública.

Aunque el gobierno asegura que sus acciones están dirigidas a proteger la seguridad nacional, las consecuencias alcanzan a familias y comunidades completas. De acuerdo con organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, muchas de las personas arrestadas no tienen antecedentes penales graves.

Homan admitió que deportar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados es inviable con los recursos actuales. “Haremos lo que podamos con el dinero que tenemos”, señaló. Para avanzar en este objetivo, la administración Trump pidió más fondos al Congreso y lo justificó como una inversión en seguridad nacional.