El veto de Eric Adams a una ley que podía beneficiar a trabajadores de origen latino en las calles de Nueva York

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, vetó una ley que buscaba eliminar las sanciones penales contra los vendedores callejeros sin licencia, una medida que podría haber beneficiado de forma directa a miles de trabajadores, muchos de ellos inmigrantes latinos. Su decisión generó una crítica respuesta por parte del Concejo Municipal, que aprobó la norma con una mayoría abrumadora y ahora tiene la facultad de anular el veto.

La administración Eric Adams vetó oficialmente el Proyecto de Ley Introductorio 47-B, que tenía como objetivo suprimir las penas de tipo penal —en particular las sanciones por delitos menores— impuestas a los vendedores ambulantes sin permiso, tanto de alimentos como de productos generales.

En su carta formal enviada el 30 de julio de 2025 al secretario del Concejo, el alcalde argumentó que la medida privaría a la ciudad de una herramienta clave para hacer cumplir las regulaciones que rigen la actividad de los vendedores callejeros en la Gran Manzana.

De acuerdo con Adams, eliminar estas sanciones implicaría perder “un instrumento importante de cumplimiento” para abordar las infracciones vinculadas a la venta ambulante. En consecuencia, expresó de forma tajante su rechazo: “Veto y desapruebo el Introductorio 47-B”.

El texto impulsado por el Concejo Municipal, y que ahora permanece en suspenso por la decisión del alcalde, surgió a partir de las recomendaciones de la Junta Asesora de Vendedores Callejeros de la ciudad.

Este grupo de trabajo, creado en 2021, reúne a líderes del sector empresarial, defensores de los inmigrantes, referentes del ámbito inmobiliario y representantes del comercio informal. Su misión fue proponer reformas que hagan más equitativo y justo el sistema de permisos y sanciones.

Entre los cambios propuestos se incluía la eliminación de la calificación de delito menor por vender sin licencia, para reemplazarla por infracciones civiles con multas económicas. Estas eran las sanciones que el proyecto eliminaba:

• Penas de hasta tres meses de prisión para vendedores ambulantes sin permiso.
• Multas de entre 150 y 1000 dólares.
• Acusaciones penales que, aunque menores, quedaban registradas y podían afectar seriamente la situación migratoria y laboral de los implicados.

En lugar de estas penas, la ley proponía un esquema escalonado de multas y sanciones civiles, entre las que se incluían penalidades diarias por reincidencia, pero sin involucrar al sistema penal.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto vetado por Adams es su impacto directo sobre las comunidades latinas y negras de Nueva York. Según datos del Concejo, la Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) emitió en 2023 más de 1200 citaciones penales a vendedores ambulantes, una cifra tres veces mayor a la de 2022 y seis veces más alta que en 2019.

Casi el 80% de esas sanciones recayeron sobre personas negras o latinas, a pesar de que estos grupos representan solo el 50% de la población de la ciudad.

El simple hecho de acumular antecedentes penales, incluso por delitos menores, puede tener consecuencias duraderas:

• Obstaculiza el acceso a la educación superior y becas.
• Dificulta la obtención de empleo formal.
• Cierra puertas al acceso a una vivienda digna.
• Afecta la elegibilidad para regularizar el estatus migratorio o evitar la deportación.

El veto del alcalde Adams no tardó en generar una fuerte reacción. A través de un comunicado emitido el 31 de julio, una vocera del Concejo Municipal, Julia Agos, criticó la decisión y adelantó que el órgano deliberativo analizará los pasos a seguir para revertir el veto.

“El proyecto Int. 47-B implementa una recomendación de la Junta Asesora de Vendedores Callejeros, un organismo conformado por sectores clave de la ciudad. La ley no elimina las multas ni las infracciones civiles, solo suprime las penas excesivas que bloquean el acceso a oportunidades para los neoyorquinos”, expresó Agos en nombre del cuerpo legislativo.

Además, la portavoz señaló que el proyecto había sido negociado “de buena fe” con funcionarios de la alcaldía y calificó el veto como un acto de desprecio hacia ese proceso.

“El veto de Adams es otro ejemplo de un alcalde que pone sus intereses políticos por encima de las personas y de políticas sensatas que nos mantienen seguros y con acceso a oportunidades”, se quejó.

Con la decisión del alcalde oficializada, el futuro del Proyecto 47-B dependerá de los próximos movimientos del Concejo Municipal. Si los legisladores deciden convocar una nueva votación, y si se mantienen los 40 votos que originalmente apoyaron la medida, el veto podría ser revertido y la ley entraría en vigor.