Por qué podría llegar un cierre del gobierno de Estados Unidos y qué significa

Desde hace varios meses, Estados Unidos se debate entre un cierre del gobierno federal. Se creía que esto ocurriría el pasado 30 de septiembre, luego de que en el Congreso no se llegara a un acuerdo entre demócratas y republicanos para establecer cuál sería el presupuesto para el nuevo año fiscal. Sin embargo, cuando faltaba poco para esta fecha, se aprobó un proyecto de ley de gastos que lo evitó. Ahora, la nueva fecha para llegar a un consenso es el próximo viernes 17 de noviembre.

Un cierre del gobierno federal implicaría la afectación de muchos servicios gubernamentales, le aplicaría más presión a los empleados federales y agitaría la política entre republicanos y conservadores en el Congreso. Esto ocurre cuando el órgano legislativo no logra aprobar un plan de financiamiento que luego sea promulgado por el presidente.

Los legisladores deben aprobar 12 proyectos de gastos para financiar agencias de todo el gobierno, pero el proceso lleva mucho tiempo. Con frecuencia se aprueban extensiones temporales, conocidas como resoluciones continuas (Continuing Resolution, CR, por sus siglas en inglés) para permitir que el gobierno se mantenga en funcionamiento, según consignó AP.

Si bien es cierto que el año fiscal en Estados Unidos finaliza el 30 de septiembre y en esa fecha se llegó a un acuerdo (que luego fue firmado y promulgado por el presidente Joe Biden), lo que ocurrió en esa misma fecha fue la aprobación de una medida provisional de financiación para evitar el cierre. Ahora, el gobierno debe llegar a un verdadero acuerdo antes de este viernes.

En ese orden, si bien algunas entidades estarían exentas, por ejemplo, el cobro de cheques del Seguro Social, las agencias federales suspenderían todas sus funciones consideradas no esenciales, por lo que cerca de dos millones de empleados del propio gobierno federal, así como dos millones de militares y reservistas en servicio activo, no cobrarían a fin de mes.

En caso de cierre, no cesarían las actividades consideradas necesarias para mantener la seguridad pública y la seguridad nacional. En años anteriores, pese a la falta de acuerdo en el Congreso, la protección de fronteras, la aplicación de la ley federal y el control de tráfico aéreo continuaron.

Esto no implica que no se produzcan retrasos en los aeropuertos, debido a la escasez de trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y de controladores de tráfico aéreo. Asimismo, cerraría más de una veintena de museos en todo el país y lo mismo podría ocurrir con los tribunales de inmigración, lo que agravaría la acumulación de casos.

Los trabajos de reconstrucción de vías a lo largo y ancho de Estados Unidos también podrían detenerse, y una situación similar registrarían las labores de mantenimiento de los trenes, el metro y algunos autobuses. En lo que se refiere a programas estudiantiles, los Head Start, que atienden a más de 10.000 niños desfavorecidos, perderían inmediatamente fondos federales.

Una vez que el paro termina, los empleados federales que estaban obligados a trabajar y los que fueron suspendidos recibirían su pago de forma retroactiva.

Para que el cierre no ocurra, el Congreso debe financiar al gobierno, por lo que la Cámara de Representantes y el Senado tienen que financiar al estado nacional y luego el presidente Biden debe promulgar el texto para convertirlo en ley.