Son residentes de Texas y montaron una red de fraude migratorio y falsas visas: el Uscis los expuso
Dos hombres de oriundos Pakistán están acusados de participar en un esquema de estafa por medio del cual engañaron a cientos de personas
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LA NACION
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) colaboró en una investigación federal que derivó en la acusación de dos residentes de Texas por su presunta implicación en un esquema de estafa migratoria. Abdul Hadi Murshid y Muhammad Salman Nasir, ambos de origen pakistaní, fueron acusados junto a dos empresas por cargos que incluyen fraude de visas, conspiración para engañar al gobierno, lavado de dinero y violaciones a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés).
Dos residentes de Texas acusados de liderar un esquema de fraude migratorio a gran escala
La acusación formal establece que Murshid, de 39 años, Nasir, de 35, junto con el bufete D. Robert Jones PLLC y Reliable Ventures, Inc., participaron en un esquema fraudulento para beneficiarse económicamente y ayudar a terceros a obtener de manera ilegal la entrada y el estatus migratorio en EE.UU. Según se alega, los imputados presentaron o gestionaron solicitudes de visa falsas para personas no ciudadanas, así como trámites fraudulentos para modificar el estatus migratorio de dichos solicitantes para facilitar su ingreso y permanencia indebida en el país norteamericano.
A su vez, Murshid enfrenta cargos por haber adquirido la ciudadanía estadounidense de manera fraudulenta, mientras que Nasir fue acusado de intentar obtenerla mediante métodos ilegales.
Chad E. Meacham, fiscal federal interino para el Distrito Norte de Texas, aseguró: “A estos acusados se les imputan cargos por emplear medidas exhaustivas para ocultar un esquema masivo de fraude migratorio de varios años, mediante el cual obtuvieron importantes beneficios personales. Presentar cargos penales para disuadir y castigar este flagrante desprecio por el proceso migratorio legal es una prioridad absoluta de esta Fiscalía”.
Cuál es la acusación formal de los implicados y qué pena enfrentan
Según la acusación formal, los implicados habrían manipulado los programas de visas EB-2, EB-3 y H-1B. El documento judicial sostiene que publicaron anuncios clasificados en un diario local para promocionar puestos de trabajo ficticios, con el fin de aparentar el cumplimiento de los requisitos del Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), que exige ofrecer las vacantes primero a ciudadanos estadounidenses.
Tras obtener de forma fraudulenta la certificación del DOL, presentaron solicitudes ante el Uscis para obtener visas de inmigrante, junto con trámites para que los solicitantes accedieran a la residencia permanente legal. Para dar apariencia de legalidad a los empleos inexistentes, los acusados habrían recibido pagos de los solicitantes de visa y luego les habrían reembolsado una parte del dinero bajo la apariencia de pagos de salarios.
R. Joseph Rothrock, agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Dallas, afirmó: “Los acusados presuntamente dirigieron una organización criminal internacional durante años que socavó repetidamente las leyes de inmigración de nuestro país. Estas leyes son necesarias para proteger la seguridad nacional y salvaguardar el proceso de inmigración legal. El FBI y nuestros aliados en las fuerzas del orden exigirán responsabilidades a cualquier persona que abuse de su posición de confianza para obtener beneficios personales”.
En caso de ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión federal. Asimismo, Murshid podría ser objeto de un proceso de desnaturalización, lo que implicaría la revocación de su ciudadanía estadounidense.
La investigación fue llevada a cabo por el FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo. La causa está a cargo de la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Texas.
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