Trump prometió un cierre de frontera y deportaciones: ¿Qué medida están tomando los defensores de inmigrantes?

La promesa de Donald Trump de implementar políticas migratorias más estrictas durante su próximo mandato genera una gran preocupación entre los inmigrantes y aquellos que defienden sus derechos. En particular, la amenaza de deportaciones masivas y un mayor control de la frontera entre Estados Unidos y México motiva a grupos y abogados a tomar acciones preventivas.

Ante este panorama, y frente a las declaraciones del presidente electo durante la campaña en torno a la expulsión de millones de extranjeros, diversos grupos, desde abogados hasta organizaciones de la sociedad civil, están desarrollando estrategias para contrarrestar las políticas de mano dura que podrían implementarse desde el inicio del mandato del republicano.

Uno de los enfoques principales tiene que ver con la prevención de deportaciones masivas, especialmente aquellas que podrían afectar a familias enteras. Además, se están tomando medidas a nivel legal, social y político para proteger a quienes podrían ser blancos de estas medidas; además de movilizaciones comunitarias en distintas ciudades, según informó CNN.

Uno de los esfuerzos más importantes en la defensa de los posibles afectados es la preparación legal. Organizaciones como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés) ya comenzaron a recolectar fondos y a reunir equipos de abogados con el fin de enfrentar lo que consideran “políticas viciosas, malévolas, crueles y despiadadas” de la administración entrante.

Juan Proaño, director ejecutivo de esta entidad, dijo en conversación con CNN que las deportaciones masivas “perjudicarán a los millones de personas que están en la mira de Donald Trump, a las familias y comunidades de las que forman parte, y a todas las personas de nuestro país”.

Por su parte, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) también se prepara para impugnar cualquier acción legal que se considere excesiva. Uno de sus abogados, Lee Gelernt, mencionó que la institución se venía organizando “para un segundo mandato de Trump durante casi un año, con un enfoque en las políticas más draconianas posibles, incluida la amenaza de utilizar al ejército para la deportación, lo cual es absolutamente ilegal”.

En lugares como Nueva York y Los Ángeles, las comunidades religiosas comenzaron a movilizarse para proteger a los inmigrantes que podrían verse afectados por estas políticas. En la Gran Manzana, las iglesias, mezquitas y sinagogas organizan redes de apoyo para recibir a los damnificados y brindarles asistencia en caso de que se enfrenten a amenazas de deportación.

Chloe Breyer, directora ejecutiva del Centro Interreligioso de Nueva York, destacó que hasta ahora, y durante los últimos dos años y medio, estos grupos de ayuda se movilizaron “en una especie de situación de emergencia”, donde el desafío tenía que ver con la alimentación y el alojamiento de estas personas, pero que ahora el foco estará puesto directamente en el peligro de deportación.

Por otro lado, en algunas ciudades, como Los Ángeles, las autoridades locales manifestaron su compromiso con las políticas de protección a estos individuos. La alcaldesa demócrata de Los Ángeles, Karen Bass, subrayó: “La comunidad inmigrante es el corazón de nuestra ciudad y frente a las amenazas y el miedo, Los Ángeles se mantendrá unida. Nadie debería vivir con miedo debido a su estatus migratorio”.

Además, las escuelas públicas de la ciudad, a través del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, se comprometieron a no colaborar con las autoridades federales de migración, en busca de promover un ambiente de mayor seguridad para los estudiantes provenientes de otros países.