Trump insiste en cambiarle el nombre a Nuevo México, pero hasta los republicanos toman distancia de la iniciativa

Donald Trump volvió a reclamar el lunes 19 de octubre que Nuevo México cambie su nombre por Nueva América. En una publicación en Truth Social, el presidente de Estados Unidos sostuvo que la modificación elevaría el valor de las viviendas y los ingresos, sin presentar pruebas. Sin embargo, carece de facultades para imponerla unilateralmente: la denominación está establecida en la Constitución estatal y su reemplazo exigiría una reforma local, además de una probable intervención del Congreso.

El principal obstáculo jurídico aparece en el artículo I de la Constitución de Nuevo México: “El nombre de este estado es Nuevo México”. Esa disposición sitúa a las instituciones estatales y a sus votantes en el centro de cualquier procedimiento para modificarlo.

De acuerdo con la Legislatura local, una enmienda constitucional requiere el respaldo de la mayoría de todos los miembros elegidos de cada cámara. Después debe someterse al electorado para su aprobación; la regla general exige una mayoría de los votos emitidos sobre la propuesta.

El papel del Congreso federal requiere una precisión: The Washington Post señala que el cambio probablemente demandaría actuaciones tanto del estado como del Capitolio.

La diferencia con otros cambios geográficos impulsados por Trump resulta relevante. Según el mismo diario, el Ejecutivo puede intervenir en denominaciones de accidentes geográficos, pero esa autoridad no le permite rebautizar unilateralmente un estado. También podría instruir a agencias federales para utilizar otra denominación, algo distinto de modificar su nombre constitucional.

“Nuevo México debería cambiar inmediatamente su nombre por Nueva América”, escribió Trump en Truth Social. El presidente había planteado la idea en septiembre, dentro de su campaña para modificar denominaciones estadounidenses que comparten nombres con otros países.

En su mensaje del lunes, también afirmó que el reemplazo aportaría prestigio y beneficios económicos. A esas promesas sumó acusaciones sobre supuestas elecciones fraudulentas en el estado, sin acompañarlas de pruebas, según analizó El País.

La propuesta encontró resistencia incluso entre republicanos. Según KOB, Gregg Hull, candidato del partido a gobernador, reiteró que Nuevo México no necesita otro nombre. The Washington Post informó que Greg Cunningham, candidato republicano a la Cámara de Representantes, también se distanció de la iniciativa durante un debate.

La denominación tiene antecedentes anteriores a la fundación de Estados Unidos. La Oficina de Asuntos Indígenas del gobierno federal sitúa su uso en el siglo XVI, cuando se aplicaba al territorio al norte y al oeste del río Grande.

Esa trayectoria tiene una dimensión concreta para la población hispanohablante. La Biblioteca del Congreso señala que los descendientes de españoles establecidos en la región desde 1598 todavía representan una parte importante de sus habitantes, lo que vincula la discusión con una historia de asentamiento de varios siglos.

Además, la propia regulación de las reformas reconoce la presencia del español: el artículo XIX exige informar en inglés y español sobre el contenido y propósito de las enmiendas aprobadas por la Legislatura.

Para avanzar, cualquier iniciativa de cambio de nombre tendría que atravesar las instancias estatales y obtener respaldo electoral; un decreto, por sí solo, deja intacto el nombre constitucional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.