De la República del Tongo a un Estado eficiente y profesional

El costo del burocratismo descontrolado excede en mucho su peso presupuestario (en la Argentina lo sabemos bien). La pérdida de sentido público de la burocracia es un factor de degradación democrática y de constitución de poderes casi mafiosos. Además de la pérdida de calidad en decisiones de alta relevancia pública.

La enorme mayoría de los ciudadanos tiene claro que las decisiones públicas no pueden ser un mero ejercicio de la voluntad política. Pensemos en temas que no forman la agenda de las conversaciones cotidianas y que deberían resolverse desde el poder público, con asistencia de una burocracia competente. Por ejemplo, la velocidad máxima en una ruta, el calado autorizado en una vía navegable, la edad a partir de la cual se puede acceder a cierto contenido audiovisual, las normas de acceso a un determinado nivel educativo, el nivel máximo permitido de azúcar en un producto comestible, etcétera.

Es claro que se necesita una burocracia competente y es evidente que generarla no es sencillo, ni automático, ni barato. Por lo demás, una burocracia débil también se traduce en controles débiles a las decisiones políticas.

Entender la dimensión invalidante de un Estado corroído (como es el Estado argentino) es relevante en el desafío político futuro. Necesitamos otro Estado.

Todas y cada una de las decisiones burocráticas (aun las nimias), que son miles, tienen consecuencias, acarrean costos, favorecen actividades económicas o las entorpecen, ayudan a crear hábitos, etc. Una buena burocracia pública, subordinada a la legitimidad democrática, brindando soporte a las decisiones complejas, garantizando la neutralidad en la implementación de las políticas, es condición de posibilidad de una gestión consistente.

La Argentina de los 50M debe constituir un Estado profesional, competente, jerarquizado y asumible económicamente (en concreto, muy austero).

Sin una buena burocracia pública, las sociedades –obviamente– no desaparecen, pero no tendrán restricciones en su búsqueda de ventajas oportunistas. Una parte de la cultura predatoria que anidó en el país obedece a la capacidad de algunos actores de convivir entrando y saliendo de la legalidad o aprovechando los huecos dejados por un burocratismo carente de profesionalidad.

Recurrentemente este tema se presenta a la sociedad como una tensión entre privatizadores y estatizadores. Con muy pocas acotaciones sobre la calidad del Estado.

El Estado argentino, con todo, es muy diverso en la calidad de sus prestaciones. Hay subsistemas públicos que han sido una referencia técnica reconocida (el INTA, por ejemplo), que conviven con otros cuyo desempeño es inequívocamente pobre. Por eso mismo resultaría ocioso entrar en una casuística.

De todos los males del Estado argentino hay uno particularmente nocivo y muy poco señalado: la cooptación de las oficinas públicas por parte de los agentes organizados corporativamente en cada área de interés público.

Es sutil, pero muy profunda, la diferencia entre un Estado que apela al conocimiento técnico y un Estado que se subordina a un colectivo (se trate de las empresas farmacéuticas en la política de salud, la opinión de los artistas o productores en la oferta cultural, los centros de investigación en la política científica, las empresas constructoras en el área de infraestructura o los pedagogos en la política educativa, etc.).

La cooptación corporativa del Estado es la peor (y menos evidente) de las “privatizaciones”. Es en definitiva la “privatización” de las decisiones públicas que, en vez de ser asumidas a partir de un análisis de oportunidad, relevancia y sentido, se construye a partir de atender (siempre) en primer lugar los intereses de los actores organizados, frente a los intereses difusos de ciudadanos que deberían ser cuidados por el sector público.

Son innumerables los programas públicos que parecen construidos para dar empleo a técnicos, sostener interlocutores o “comprar” legitimidad. En verdad, no es que parezca, es que se han diseñado con esos objetivos explícitos o implícitos.

Una parte de la degradación de la política se explica en la renuncia a construir una autonomía inteligente del sector público. Un sector público dependiente de la legitimidad generada por cooptación se degrada del mismo modo que un sector público que gestiona sobre la base de imposiciones.

La cooptación corporativa del Estado consolida los cánones del pensamiento establecido, amaña la capacidad de decisión de los funcionarios y renuncia a la idea de cambio.

Por lo demás, se extrapolan capacidades inexistentes, al colocar a investigadores a gestionar grandes unidades administrativas o en idéntico sentido a médicos a hacer compras y contrataciones; solo por poner dos ejemplos.

Recuerdo, hace mucho tiempo ya, que un ministro de un gobierno subnacional me pidió, en mi calidad de consultor, que “le diera una mano”. Resulta que se había designado en un área artística a un prestigioso referente de la materia y este señor (sin ningún antecedente en la burocracia estatal) desconfiaba de los expedientes que ponían a su firma. Así las cosas, en un par de meses, todo era un pandemónium de contratos sin ser renovados, proveedores ofuscados y el resto de las áreas administrativas poniendo el grito en el cielo.

Fui a verlo con la intención de ayudarlo a destrabar las cosas; traté de ganarme su confianza y, luego de varios cafés compartidos (y el desahogo angustiado de un ciudadano que quería hacer las cosas bien, que era un número uno en lo suyo, pero que sencillamente no conocía el Estado), las cosas se fueron poco a poco enderezando. Comenzó a firmar, pero sobre todo a entender los procesos.

Antes de dar por terminada mi misión volví a conversar con el ministro. La pregunta obvia era: “¿Por qué ponen a un señor mayor, consagrado, al borde del escándalo público a gestionar lo que no conoce?”. La respuesta (en ese entonces “no obvia”, para mí) fue: “Es el precio que pagamos para llevarnos bien con un colectivo que confía en él y que entiende que su presencia es una garantía para sus intereses”. Mayor cooptación del Estado imposible de conseguir.

El agotamiento de la captación corporativa es que un Estado gestionado de ese modo a la larga ni siquiera es eficaz para defender los intereses corporativos.

No es un ejercicio de valentía señalar que el Ministerio de Trabajo tiene una relación muy condicionada por el sindicalismo tradicional, el Ministerio de Acción Social por las organizaciones sociales, el Ministerio de Educación por el “statuquismo” pedagógico, y así sucesivamente, con mayor o menor intensidad.

La consolidación de actores y la falta de perspectiva política sobre la agenda corporativa son el caldo de cultivo de lo que he denominado “la República del Tongo”, una especie de carrusel de profesionales posicionados políticamente y vinculados entre sí, que constituyen el elenco estable de un Estado al que defienden, pero el que hace ya muchas décadas ha dejado de ser agente de cambio y se ha convertido en un impedimento para el desarrollo.

Poner sobre la mesa este tema abre la posibilidad de salir de la búsqueda de responsables y enfocarnos a las soluciones. El Estado requiere de agentes técnicos, saberes, continuidades. Lo que no necesita es una perspectiva de autoelogio y la ausencia de evaluaciones. Por ejemplo: ¿qué tienen para decir los técnicos del Ministerio de Acción Social de los resultados de las políticas implementadas? ¿Y los de educación? El silencio de los técnicos es el precio que pagamos (como sociedad) para que, en vez de añadir calidad y cuidado en las políticas, se mantengan congraciados con decisores políticos que en lugar de resolver problemas construyen consenso con el presupuesto público.

Los que creemos en los bienes públicos somos los que debemos denunciar y combatir la República del Tongo para dar lugar a un Estado profesional, jerarquizado, que pueda ejecutar con inteligencia y cuidando el presupuesto público, que no es otra cosa que una porción significativa del resultado del esfuerzo y el trabajo de los argentinos.

La construcción (tardía) de un Estado profesional es el anverso de su uso discrecional para construir una clientela. Oponerse al clientelismo político, y defender la equidad en la competencia política, requiere de dos acciones ineludibles: la construcción de un Estado profesional y una adecuada resolución del financiamiento de la actividad política. Ese es otro motivo por el cual la calidad de la democracia y la calidad de la burocracia no están escindidas.