Corrupción: la ceguera de los organismos de control

Lo que sigue es el mensaje que el autor dio en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires el 7 de octubre ante un grupo de líderes de ONGs dedicadas al mejoramiento de la Justicia

Buenos días. Antes de cualquier agradecimiento, una pregunta. Una pregunta que esta sala merece que se haga en voz alta. ¿Por qué prestigiosos abogados, la gran mayoría dedicados a los temas institucionales y a la defensa de nuestros derechos, dejan una mañana el estudio, los expedientes y las audiencias para venir a escuchar a un periodista? No a un jurista ni a un funcionario, a un periodista.

La respuesta amable sería decir que vinieron a escuchar una buena historia. Y es una buena historia: un chofer, unos cuadernos escolares, una caja, un diario, un fiscal, un juez. Tiene el misterio, el secreto, las especulaciones, la intriga y una sedimentación de teorías conspirativas. Tiene todo. Pero esta historia ya ha sido contada en un diario. No hace falta madrugar para eso.

La respuesta incómoda es otra. Ustedes no vinieron a escuchar a un periodista. Vinieron a escuchar qué les pasó a las instituciones que ustedes defienden, estudian y por las que trabajan desde hace años.

Porque en el caso Cuadernos el orden de las cosas se dio vuelta. En un país que funciona, la corrupción la detecta un organismo de control, la investiga un fiscal, la juzga un tribunal y, en el camino, el periodismo la cuenta. Acá fue exactamente al revés. Primero hubo un chofer que anotaba. Después, un diario que leía y un grupo de periodistas que decide por la cautela. Y recién al final, la Justicia.

Y cuando el que cuenta llega antes que el que controla, a mí modo de ver la pregunta deja de ser sobre el periodista. Pasa a ser sobre el sistema.

De eso se trata esta mañana. No de un homenaje, que desde ya se los agradezco profundamente, sino de un diagnóstico. Veinte minutos para pensar qué falló, qué funcionó y qué hace falta para que la próxima vez no dependa de la memoria de un chofer ni de la obstinación de una redacción.

Vale la pena detenerse en un dato que, de tan conocido, ya no nos logra escandalizar. Durante años, según lo anotado en esos cuadernos, circularon bolsos con dinero por las calles de Buenos Aires. Un auto oficial, un chofer, un funcionario, direcciones de empresas, departamentos, oficinas públicas. Unos los entregaban; otros los recolectaban. Todo cerca de nuestra vida. En edificios conocidos, por las avenidas que recorremos a diario. Personas que quizá ustedes conozcan, o conocían entonces, iban y venían con dinero de todos que terminaba en los bolsillos sin conciencia de la corrupción. Eran los mismos que pedían seguridad jurídica por la mañana y bajaban a los sótanos a la tarde a entregar kilos de plata. Era logística. No un episodio: una rutina.

Ahora bien, ¿qué había alrededor de esa rutina? Había una Auditoría General de la Nación. Una Sindicatura General. Una Oficina Anticorrupción y una AFIP y un Banco Central. Una Unidad de Información Financiera. Fiscalías especializadas. Bancos oficiales y otros tantos privados con normas de compliance estrictas. Había empresas cotizantes con directorios en funciones y directores independientes; había auditores externos, big four y comités de ética. Un Congreso con comisiones de control. Había, en suma, toda la arquitectura que ustedes estudian, enseñan y defienden.

Y sin embargo, nadie vio nada. ¿Nadie vio nada? O, para ser más precisos, nadie que tuviera la obligación de ver lo hizo constar en un expediente, en un informe, en un papel.

No se trata de acusar a nadie en esta sala ni fuera de ella. Ya ni siquiera vale la pena ese camino que, tarde y lento, recorre ahora la Justicia. Se trata de una pregunta de diseño institucional, que es la que les corresponde a ustedes: ¿qué tiene de malo un sistema de control que necesitó a un chofer con un cuaderno escolar y una birome para enterarse de lo que pasaba en el corazón de la obra pública, Ni más ni menos que en el centro mismo del poder?

Hay varias respuestas posibles, y ninguna es cómoda.

La primera es la captura del regulador. Muchos de los organismos de control dependen, en sus nombramientos o en su presupuesto, de los mismos a quienes deben controlar. Un control que le pide permiso al controlado no es control: es un trámite.

La segunda es la fragmentación. Cada organismo mira una porción del ciclo. Uno ve la licitación, otro ve el pago, otro ve la transferencia. Nadie ve el circuito completo. Y la corrupción organizada vive exactamente ahí, en el espacio entre una ventanilla y la siguiente. Ese es el lugar en el que anida.

La tercera, la más incómoda de todas a mi modo de ver, es la naturalización. En el mundo de la obra pública argentina, el retorno era un secreto a voces. Lo sabían empresarios, funcionarios, gremialistas, operadores, abogados y también la ciudadanía. Cuando todos saben y nadie habla, el silencio deja de ser una omisión individual y se convierte en una institución más. Que opera con la necesidad de que nadie rompa la cofradía.

Por eso el caso Cuadernos no es solo la historia de lo que alguien hizo. Es, sobre todo, la radiografía de todo lo que muchos dejaron de hacer. Es la crónica del silencio de décadas, de la normalización y de la pérdida de la capacidad de asombro.

Acá está, probablemente, lo que más le interesa a una sala de abogados. Porque entre el periodismo y el derecho hay una frontera que suele confundirse.

El periodismo trabaja con hechos verificados. El derecho, con hechos probados. Se parecen, pero no son lo mismo. Un hecho verificado alcanza para publicar. Un hecho probado es el que resiste a una defensa, a un perito, a un tribunal y al paso del tiempo. El caso Cuadernos fue, en buena medida, la historia de cómo un material periodístico se pensó desde el primer día para cruzar esa frontera.

Cuando los cuadernos llegaron a la redacción, la tentación obvia era la tapa. Cualquier periodista conoce esa adrenalina: el material es explosivo, la competencia existe, el reloj corre. Publicar rápido habría sido una gran primicia y, muy probablemente, el origen de una causa muerta. Los nombres hubieran tenido tiempo de ordenar sus papeles, sus celulares y sus versiones. La vara de escrúpulos en ese territorio estaba baja y el dinero disponible para armar escenarios era bastante.

La decisión fue la contraria: no apurarse. Y en lugar de correr, leer. Leer de verdad.

Eso significó transcribir, línea por línea, la letra de un chofer que no escribía para la posteridad sino para sí mismo. Fechas, horarios, direcciones, patentes, nombres, montos. Y después, cruzar cada una de esas anotaciones con algo que pudiera verificarse desde afuera. Si el cuaderno decía que tal día el auto estuvo en tal dirección, ¿era esa la dirección de esa empresa? Si mencionaba a un funcionario en un lugar, ¿qué decía su agenda pública ese día? Si anotaba un viaje, ¿coincidía con un acto oficial, con un feriado, con un partido, con un hecho que cualquiera pudiera chequear en los diarios de la época?

La clave de los cuadernos nunca fue lo que decían sobre la plata. Fue lo que decían sobre todo lo demás. Un mentiroso puede inventar un monto. Lo que no puede inventar es la coincidencia de cientos de detalles irrelevantes con la realidad comprobable. La credibilidad de un documento así está en lo aburrido, no en lo escandaloso.

Y después vino la segunda decisión, la que más debates generó: llevar el material a la Justicia antes de publicarlo. Para algunos colegas eso fue una herejía; el periodista no es auxiliar de la Justicia, se dijo. Es cierto. Pero tampoco es un coleccionista de secretos. Cuando lo que se tiene entre manos no es una opinión sino la posible evidencia de delitos en curso, el dilema cambia de naturaleza. La pregunta ya no es cómo contarlo mejor, sino cómo evitar que contarlo destruya la posibilidad de que alguien responda por ello.

El resultado fue que el 1° de agosto de 2018, cuando LA NACION publicó la investigación, ya había detenciones y allanamientos en marcha. La nota no anticipó la causa: la acompañó. Esa secuencia, que pocas veces se da en la Argentina, es la que explica buena parte de lo que vino después, incluida la decisión de empresarios y exfuncionarios de declarar como arrepentidos. La sorpresa y el silencio hicieron imposible preparar el terreno.

Hay una lección ahí para ambos oficios. Para el periodismo: la primicia no siempre es el objetivo. Para el derecho: la prueba no siempre nace en un expediente. A veces nace en una caja, en manos de alguien que no sabe lo que tiene, y el trabajo es no arruinarla en el camino.

Desde aquel agosto de 2018 pasó mucho. Pasó un juez que ya no está. Pasaron recusaciones, planteos de nulidad, cambios de gobierno, cambios de humor social. Pasaron siete años hasta que el juicio oral empezó a sustanciarse ante el Tribunal Oral Federal N° 7.

Y en el medio pasó algo más corrosivo que cualquier nulidad: el relato. Se dijo que los cuadernos no existían, después que eran fotocopias, después que habían sido quemados, después que eran una construcción de servicios de inteligencia, después que todo era lawfare. Cada una de esas versiones tuvo su momento y su público. Ninguna logró explicar por qué tantos de los que aparecían anotados eligieron reconocer los hechos ante un juez.

El periodista que cuenta una historia así queda, inevitablemente, en el centro de la escena. Con lo que eso implica: ataques, operaciones, la sospecha permanente sobre las intenciones, la pregunta de “a quién le sirve”. Es parte del oficio y no corresponde quejarse. Pero sí vale una aclaración para esta sala: el costo personal de investigar es, también, un dato institucional. Cuanto más caro es contar, menos se cuenta.

Y está el tiempo. La demora no es un detalle procesal; es un mensaje. Cuando una causa de esta magnitud tarda siete años en llegar a juicio, la sociedad aprende algo, y no es nada bueno. Aprende que el sistema tiene paciencia con los poderosos y prisa con los demás.

Pero conviene decirlo con claridad: que la Justicia tarde no vuelve falso lo que está anotado. Los hechos no prescriben en la memoria colectiva aunque a veces lo hagan en los códigos. Y el juicio está en curso, lo cual obliga a una prudencia que este periodista va a respetar: la culpabilidad de cada acusado la decide el tribunal, no un diario ni una conferencia.

Sería cómodo pensar que el caso Cuadernos cerró una etapa. Que los bolsos fueron el síntoma de una época y que esa época terminó. Sería cómodo y sería ingenuo.

La corrupción no desaparece: se adapta. Los bolsos eran una tecnología rudimentaria, de la era del efectivo y del auto oficial. La próxima no va a venir en un cuaderno Gloria. Va a venir en el pliego de una licitación escrito a medida. En una concesión renegociada en silencio. En una privatización donde el precio se fija antes que las reglas. En una compra directa justificada por una emergencia que nunca termina. En una sociedad en otra jurisdicción con un beneficiario final sobre el que nadie pregunta.

Es decir, va a venir en documentos. En expedientes. En contratos, en adendas, en resoluciones publicadas en el Boletín Oficial un viernes a la noche. Va a venir en el idioma de ustedes.

Por eso esta mañana tiene sentido. El periodismo puede encontrar el hilo, puede leer un balance, puede seguir un flujo de fondos, puede detectar que una empresa ganó demasiadas veces. Pero convertir eso en responsabilidad requiere otra cosa: requiere abogados que sepan leer un pliego con pericia, que presenten la denuncia, que se constituyan como querellantes, que litiguen el acceso a la información pública, que defiendan a quien se anima a hablar. Requiere organizaciones como las que hoy convocan.

Y requiere, sobre todo, que nadie en esta sala espere al próximo chofer. Porque puede no haber próximo chofer. Puede no haber próximos cuadernos. Puede haber solamente papeles públicos, a la vista de todos, que nadie tuvo ganas de leer.

Volvamos, entonces, a la pregunta del principio. ¿Por qué prestigiosos abogados vienen una mañana a escuchar a un periodista?

Quizás la respuesta más honesta sea esta: porque el caso Cuadernos les recuerda algo que ustedes ya saben pero que el país olvida con facilidad. Que las instituciones no son edificios ni organigramas. Son personas que, en un momento determinado, deciden hacer lo que les corresponde. Un chofer que anota. Un periodista que no se apura y una organización periodística que no corre tras la primicia. Un fiscal que avanza, un juez que acusa. Un empresario que, por la razón que sea, decide contar. Un tribunal que, aunque tarde, finalmente llega.

Cuando cada uno hace su parte, aun con demoras, aun con errores, el sistema funciona. Cuando cada uno espera que lo haga otro, aparecen los bolsos.

Por eso el reconocimiento de esta mañana se agradece de verdad, pero no debería ser para un periodista. Es para un oficio que, cuando las instituciones se distraen, tiene la obligación de no distraerse. Y es, también, una invitación para ustedes: que la próxima gran causa de corrupción de la Argentina no empiece en la redacción de un diario. Que empiece en un expediente. Que empiece acá.

Muchas gracias.

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