El debate por los DNU refleja la degradación de la cultura republicana
Oficialistas y opositores de turno no dudan en mutar drásticamente sus posiciones según su cercanía o no del poder
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LA NACIONLaura Serra
Con el fino humor que lo caracterizaba, el recordado Raúl Baglini popularizó un teorema que retrata, con aguda precisión matemática, la conducta pendular de buena parte de la clase política argentina. “El grado de responsabilidad de las propuestas de un partido o dirigente político es directamente proporcional a sus posibilidades de acceder al poder”, reza, palabras más o palabras menos, el teorema que hizo célebre al legislador radical por su inalterable vigencia.
La validación de esta tesis llega, una vez más, con la discusión en torno del régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que resucitó el Congreso tras casi 20 años de statu quo. Un debate bizarro –por no decir cargado de hipocresía- que tiene al kirchnerismo, en su ropaje opositor, agitando las banderas republicanas que denostó cuando era oficialismo, y al gobierno libertario en defensa tenaz de una ley que pergeñó la mismísima “condenada” –como apoda a Cristina Kirchner- para que el Poder Ejecutivo pueda gestionar a puro decreto.
En medio de la grieta, aquellos partidos políticos que en otros tiempos enarbolaban los estandartes de la división de poderes y despotricaban contra el abuso de los DNU por parte los sucesivos gobiernos, en este debate sus voces ya no sonaron tan estentóreas. El grueso del radicalismo y del Pro que empatiza con el presidente Javier Milei salió en su defensa y cuestionó a la oposición por pretender despojar a un gobierno en minoría parlamentaria de una herramienta clave de gestión.
Resulta llamativo el argumento de estas fuerzas políticas. Son las mismas que conformaron el gobierno de Cambiemos, que también le tocó gestionar con minoría parlamentaria en ambas cámaras frente a una oposición dominada por el kirchnerismo. Pese a ello, el expresidente Mauricio Macri dictó solo 34 DNU durante sus dos primeros años de gestión; Milei, en el mismo lapso, más que lo duplicó.
El problema de fondo, en definitiva, todavía no está saldado: la ‘decretocracia’ como modus operandi para gestionar
¿Por qué la diferencia? Porque durante la primera etapa de la gestión de Cambiemos, sus principales lugartenientes parlamentarios se encargaron de ampliar la base de sustentación legislativa con alianzas con los gobernadores peronistas y de fuerzas provinciales para aprobar leyes. No le hizo falta recurrir a la política del decreto. Milei, está visto, no siguió sus pasos.
El problema de fondo, en definitiva, todavía no está saldado: la “decretocracia” como modus operandi para gestionar. La utilización excepcional de esta herramienta devino, a partir del gobierno de Carlos Menem, en una práctica habitual, lo que motivó que en 1994 los convencionales constituyentes intentaran fijar parámetros que acotaran su uso en la nueva Carta Magna. Sin embargo, el diseño institucional finalmente cristalizado en el artículo 99 inciso 3, por lo contradictorio y ambiguo, lejos de restringir el dictado de DNU, exacerbó la práctica, agravada por la demora del Congreso en sancionar la ley reglamentaria correspondiente.
Hasta la reinstauración democrática de 1983 se dictaron solo 15 DNU en toda la historia constitucional argentina. A partir del gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) la actividad legislativa presidencial fue creciente –dictó 10 DNU en sus seis años de mandato-, aunque fue durante el gobierno de Menem cuando alcanzó niveles exponenciales.
Durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner, la decretocracia dio otro salto exponencial
Las cifras hablan por sí solas. Desde julio 1989 hasta la puesta en marcha de la reforma constitucional, Menem firmó la friolera de 336 DNU. Durante su segundo mandato firmó 115 DNU. La oposición en el Congreso intentó, en vano, imponerle límites con distintos proyectos tendientes a reglamentar el artículo 99, inciso 3. Pero cuando Fernando De la Rúa llegó al poder en 1999, los roles se invirtieron. Contrario a lo que había pregonado durante el menemismo, el gobierno de la Alianza mantuvo la práctica de legislar por decreto –se dictaron 52 DNU en los dos años de gestión- mientras que en el Congreso el bloque oficialista buscaba evitar que el peronismo le impusiera límites. Otra vez, el teorema de Baglini.
Durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner, la decretocracia dio otro salto exponencial. En apenas un año y medio de gestión, Duhalde dictó 152 DNU, amparado en la crisis económica de 2001; paradojas de la política, fue Cristina Kirchner, por entonces diputada y opositora a su gobierno, quien procuró ponerle coto con un dictamen por demás restrictivo. Allí establecía que los DNU debían cumplir con el proceso de formación y sanción de las leyes, por lo que tanto la ratificación como la derogación de un DNU requería la aprobación expresa de ambas cámaras. Además, disponía que si el Congreso no se pronunciaba en un plazo determinado –el dictamen lo fijó en un máximo de 10 días-, el decreto perdía toda vigencia.
Apenas cinco años después, Cristina Kirchner, ya en su papel de primera dama y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dará un viraje copernicano en su postura original. Para entonces, el gobierno de su esposo había dictado 195 DNU, una cifra inédita. Merced a la mayoría que el oficialismo ostentaba en ambas cámaras, la senadora logrará lo que los antecesores de Néstor Kirchner no pudieron: una ley que incorpore formalmente al Congreso en el control de los DNU sin que ate de pies y manos al Poder Ejecutivo en el uso de esta herramienta.
Así, en 2006 se sanciona la ley 26.122, que reglamenta el tratamiento legislativo de los decretos. El hecho de que la norma no estipule un plazo temporal para que el Congreso se pronuncie sobre un DNU, así como el requisito expreso del rechazo de ambas cámaras para ser derogado constituyen el principal salvoconducto para que el Poder Ejecutivo continúe con la práctica de legislar por decreto sin demasiadas restricciones parlamentarias.
La oposición de Pro y de la UCR cuestionan hasta hoy esta norma. El senador radical Rodolfo Terragno rebatió los argumentos de la senadora Kirchner con los argumentos de la diputada Kirchner; esto es, puso en contraste ambos proyectos de ley, el que Cristina Kirchner había presentado en 2001 –que Terragno, con picardía política, hizo suyo- y el que impulsó en 2006.
Veinte años después, la ley 26.122 –que el gobierno de Milei hoy defiende- continúa en la picota. Sería simplista, sin embargo, agotar las críticas en el diseño de la norma. ¿No será que la raíz del problema es, en rigor, la mayor tolerancia política hacia liderazgos con rasgos decisionales cada vez más acentuados? Oficialistas y opositores de turno no han tenido prurito alguno en mutar drásticamente sus posiciones según su cercanía o no del poder. Empero, esta mirada de corto plazo de unos y otros evita abordar el problema de fondo: la degradación de la cultura republicana que este debate pone al desnudo.
Por Laura Serra
