El vergonzante ajuste populista
El ajuste que ejecuta Sergio Massa con el aval de Cristina Kirchner empezó con una doble peculiaridad vergonzante: la simulación y el uso de eufemismos. Esos viejos recursos chocan y pierden efecto contra la brutal crisis que arrastra y acumula la Argentina.
A pesar de sus esfuerzos por diferenciarse del kirchnerismo, Sergio Massa no puede ocultar que hizo propios algunos de sus usos y costumbres”
Los discursos se reconvierten en farsas y ponen en duda la eficacia de los anuncios de las primeras medidas de recorte del gasto público. La realidad obliga y derrumba el relato: se acabaron los dólares.
La enrevesada presentación de los aumentos tarifarios, como la puesta en escena para justificarlos, sonó como una burla a la inteligencia y a la comprensión de los ciudadanos. Fue, además, una manera acelerada de entender cómo el nuevo primerísimo ministro entiende su relación con los argentinos y el respeto que les tiene.
A pesar de sus esfuerzos por diferenciarse del kirchnerismo, Sergio Massa no puede ocultar que hizo propios algunos de sus usos y costumbres. La creación de un otro, enemigo y malo, por ejemplo.
Un engendro imposible de comprender a simple vista oculta la verdadera dimensión del tarifazo al que el oficialismo está obligado. El intrincado sistema de segmentación según múltiples variantes es un intento de ocultar lo que los clientes de las empresas de electricidad, gas y agua tienen el derecho de conocer. Y habilita todo tipo de trampas para evitar pagar las tarifas según su verdadero costo.
La versión massista del cristinismo se regodea con una antigua confusión de amplias franjas de la población: hacer creer que es lo mismo pagar servicios que impuestos. Si en los países que usan el sentido común como principio de su administración la electricidad, el agua y el gas se pagan según su costo de producción y distribución, entre nosotros se insiste en reafirmar como criterio que esos precios deben regirse según los ingresos o el domicilio del cliente.
En el resto del mundo son los impuestos nacionales y provinciales y las tasas municipales las que se pagan de acuerdo con los bienes que se poseen, con la compraventa de mercaderías, los ingresos corrientes y las rentas de las personas o empresas.
El criterio imperante en la gran mayoría de los países del mundo es que quien más tiene más impuestos debe pagar”
La obvia diferencia entre servicios e impuestos se borró desde que el kirchnerismo gobierna la Argentina, al extremo de que salir de esa maraña de subsidios indiscriminados implica un riesgo cierto de alterar índices tan relevantes como la inflación, ya descalabrados por otros factores. Sobrevuela el fantasma del Rodrigazo, aquel violento sacudón inflacionario de mediados de 1975, durante el mandato de María Estela Martínez de Perón.
El criterio imperante en la gran mayoría de los países del mundo es que quien más tiene más impuestos debe pagar. Pero en la Argentina es aplicado ahora como revancha ideológica en el caso de los servicios, luego de dos décadas en las que la Argentina derrochó subsidios a la electricidad y el gas sin distinción de clases sociales.
La nueva primera dama, y a la vez presidenta de la empresa que con los fondos de todos los argentinos reparte agua a porteños y bonaerenses, enarboló en público una maniobra persecutoria que luego la maquinaria propagandística del oficialismo amplificó, violación de secretos fiscales mediante perpetrados dentro del Estado.
Además de definir los aumentos tarifarios como una “redistribución de los subsidios”, Malena Galmarini llegó al ridículo de mostrar fotos de edificios que tienen subsidios que ahora les serán eliminados. Al mismo tiempo, el periodismo militante difundía listas con los consumos subsidiados de personas conocidas.
Marcar personas o grupos sociales desde el poder es una práctica común a períodos oscuros de la historia, desde tiempos bíblicos hasta más recientes.
Es todavía más vil la maniobra si al momento de consumarse todo el país sabe que esos beneficios fueron establecidos como política de gobierno en un irresponsable y generalizado revoleo de fondos que hoy terminaron por agotarse.
El uso del remanido prejuicio clasista es peligroso. Y también un engaño de poca monta. Todos saben que quien regaló la luz y el gas en forma indiscriminada fue el Estado por decisión del kirchnerismo.
El comienzo de la etapa massista registra un atropello a la inteligencia, pero también a la comprensión.
Aunque resignada por la evidencia de que ya no quedan fondos, Cristina Kirchner tiene miedo de aumentar las tarifas porque supone que eso implicará perder aceptación en su clientela electoral. Pasa por alto la cada vez más extendida convicción social de que del pozo en el que está el país solo podrá salirse con un esfuerzo colectivo que empiece por medidas de austeridad.
Hasta el más desinformado de los argentinos sabe que no son los aumentos tarifarios, sino la creciente inflación lo que hunde en la pobreza a cada vez más personas. Fue por la inflación y el desinterés en frenarla con medios eficaces lo que produjo una fuerte derrota oficialista en las elecciones de medio término del año pasado.
En un creciente estado de dispersión de la alianza gobernante, la CGT marchó el miércoles para reclamar precisamente un freno a las alzas de precios. Fue una marcha histórica. Es la primera vez que la central obrera protesta para apoyar al Gobierno que provoca la inflación, pero contra las empresas, a las que acusa de generarla.
¿Será que las empresas argentinas tienen una perversidad y capacidad de daño que no activan las compañías que operan en Bolivia, Paraguay o Brasil, donde los índices de precios son mínimos? Otra vez, un insulto a la inteligencia más elemental.
Los piqueteros de la izquierda dogmática que el kirchnerismo alimentó para apedrear al macrismo se burlaron ese mismo día y en las mismas calles de la movida sindical.
Se trató de un llamativo retrato de la mutación que la crisis está terminando de producir en el manejo de las protestas sociales. Unos y otros, piqueteros y sindicalistas, solo mueven gente a partir de organizaciones rentadas que emulan sin suerte una extinguida voluntad de movilización por voluntad propia.
Ocurren cosas extrañas que parecen normales. Durante la negociación con Massa para acordar un dólar atractivo para que liquiden sus granos, los gremios del campo le pidieron al ministro que renuncie a su aspiración presidencial.
La Mesa de Enlace pretendió ignorar así que el único y excluyente motivo por el cual el jefe del Frente Renovador insistió en ser ministro de Economía es para ser candidato presidencial del Frente de Todos. Si el pedido fue improcedente, más llamativo es que Massa se haya comprometido a no ser candidato en 2023.
En el pedido subyace la idea de que un presidenciable no puede hacer lo necesario, sino apenas lo más atractivo para ganar votos. En la promesa de dudoso cumplimiento de Massa aparece la desesperación del Gobierno por conseguir dólares. De ser verdad, habría ocurrido un inesperado veto político del sector al que el mismísimo kirchnerismo declaró su principal enemigo.
Todo es irreal. Salvo la velocidad de la crisis y su impiadosa voracidad.
